La libertad docente en medicina

Una nueva promoción de médicos internos residentes se ha incorporado durante el mes de febrero a los centros hospitalarios para cursar los estudios de especialidad. Para cubrir las 1.800 plazas convocadas se presentaron a la prueba nacional 20.000 candidatos. Es evidente la desproporción entre el número de aspirantes y el cupo de la docencia hospitalaria. El manejo de estas dos solas cifras se presta a interpretaciones simplistas y a invocaciones demagógicas. El problema, sin embargo, es muy complejo, y también de extrema delicadeza, puesto que el fundamento de la enseñanza médica, en. general, y de la formación de posgraduados, en particular, reside en la precisión que tiene la sociedad de asegurar a sus enfermos una asistencia facultativa con garantía de calidad. El otro problema, el de la plétora médica, está subordinado a otro objetivo de superior jerarquía.La adecuación de1as estructuras sanitarias a la cambiante realidad de nuestros días reclama que se acepten una serie de criterios básicos, avalados por la experiencia. Con sujeción a éstos pueden y deben afrontarse las reformas indispensables, en las que la imaginación y el pragmatismo habrán de equilibrarse.

En lo que se refiere a la formación del médico, debe mantenerse el principio de su resolución en el ámbito académico, sin que sus objetivos se vean afectados por previsiones ulteriores de ocupación. A la función formativa sólo ha de preocuparle que los títulos de licenciatura y de especialidad, pocos o muchos, atestigüen una óptima capacidad para el ejercicio de la profesión médica en cualquiera de las especialidades, incluida la medicina familiar. Las facultades de Medicina deben admitir a los que verdaderamente estén capacitados, sin exceder tampoco del número que la estructura docente de cada una de ellas pueda absorber con eficacia. Esos mismos criterios han de presidir la formación de posgraduados en los hospitales docentes, a quienes desean ampliar y consolidar sus conocimientos mediante un programa de formación con responsabilidad progresiva.

Prueba nacional única

Con la prueba nacional única se perseguía consolidar el principio de igualdad de oportunidades. Los resultados son válidos en este aspecto. Pero el sistema ha evidenciado toda una serie de desviaciones, que anulan dicho saldo positivo, ya que se dan en él incoherencias y desfases.

De la prueba nacional única resulta una relación por orden de méritos. Los mejor situados tienen todas las ventajas a la hora de elegir centro hospitalario y especialidad. Resulta así que numerosos médicos internos residentes han de aceptar, por exclusión, una especialidad distinta de aquélla por la que se sintieron atraídos durante los estudios en la facultad.

Es frecuente, como consecuencia, que una vez dentro de los centros hospitalarios busquen trasladarse a la especialidad deseada o a la que consideren más próxima. Es lógico que los servicios de docencia de los hospitales procuren satisfacer tales aspiraciones, habida cuenta de la idoneidad del aspirante para una u otra rama, esencial para el buen ejercicio de la medicina. No siempre es posible, sin embargo, corregir estas desviaciones provocadas por el sistema de selección. Y, si se logra, suele ser con alteraciones inconvenientes de la estructura que se había previsto.

Función docente

La solución del problema debe buscarse mediante una fórmula en que se armonicen las garantías por las que el Estado debe velar, en nombre de la sociedad, y el perfeccionamiento de la funcionalidad docente. No parece que entrañe grandes dificultades conjugar ambos factores.

El supuesto previo a la calificación de los aspirantes reside en la cualíficáción de los centros hospitalarios docentes. Al Estado corresponde fijar los criterios y las condiciones que han de cumplir los centros hospitalarios, en sus grados mínimos, para que se les reconozca la docencia de posgraduados. Y una vez establecidos con el adecuado rigor, habrá de proceder a una clasificación cualitativa de los mismos, con el fin de que los licenciados en Medicina posean precisa conciencia de sus opciones en cuanto a una mejor formación especializada. Una exigente fiscalización reclasificatoria garantizaría posteriormente la idoneidad de la docencia impartida y, como consecuencia, el estímulo de la competitividad científica entre los centros hospitalarios.

Existen diversas opciones para armonizar lo que es atribución del Estado y lo que corresponde a los centros hospitalarios en orden a la selección de los aspirantes a médicos internos residentes. Valorada la experiencia anterior, convendría extraer las pertinentes enseñanzas y explorar, cuando menos, una fórmula práctica de aproximación a un sistema más práctico y eficiente. Podría comenzarse por reducir la prueba nacional de selección a una mera declaración de aptitud que no llevara consigo jerarquización de méritos. Serían luego los centros hospitalarios los que, de acuerdo con sus características, realizaran las pruebas específicas de acceso entre quienes, en posesión del certificado oficial de aptitud, concurrieran a las plazas convocadas. El calendario de estas pruebas específicas se fijaría de forma que los candidatos tuvieran opción en unos u otros centros.

Garantía del Estado

Resulta obvio que el Estado, en representación de la sociedad, debe asegurarse no sólo la cualificación del centro hospitalario para impartir docencia, sino también la idoneidad del médico interno residente para ejercer la especialidad.

Desde esta perspectiva parece inevitable, por principio, que una vez terminados los estudios de especialidad, el posgraduado se someta a la correspondiente prueba ante un tribunal en el que, naturalmente, debe estar representado el centro hospitalario. El título, junto con la calíficación obtenida y la cualificación científica del hospital habrían de contar posteriormente para la vida profesional, sobre todo en lo tocante a la resolución de los concursos-oposición.