Los comunistas y la derecha conservadora acosan a la Generalitat valenciana

Más allá de la documentada argumentación económica y laboral que respalda las diferentes posiciones recogidas en la Comisión de Seguimiento del Plan de Reconversión de la Siderurgia, en la que participan sindicatos, dirección de la empresa y Gobierno, y por la Comisión de Coordinación de este plan, con la concurrencia en esta mesa negociadora de los Gobiernos autonómicos, en las últimas semanas el conflicto ha sido caja de resonancia en Valencia de las distintas estrategias de los partidos en el ámbito social y del pulso entre autonomía y Gobierno de la nación.La reacción súbita de los trabajadores de AHM y de la comarca del Camp de Morvedre, donde se encuentra la factoría, se produjo al notificar el presidente de Altos Hornos del Mediterráneo y de Ensidesa, José María de Lucía, nombrado para estos puestos por el Gobierno socialista, el cierre del alto horno número 2. La orden no se cumplió porque la plantilla se opuso. Esta medida, unida a la rápida intervención de la Generafitat valenciana, paralizó lo que se consideraba el principio del fin de la acería de Sagunto. A partir de entonces, una vez conocidas con claridad las pretensiones del equipo ministerial responsable del futuro de AHM, empresa que fue nacionalizada en 1978, la zozobra se ha cernido sobre buen número de familias valencianas y sobre las instituciones autonómicas, entre la mayoría socialista que ofrece garantías en la solución definitiva de la amenaza y la oposición conservadora y comunista, crítica con lo que considera una defensa poco decidida de los intereses valencianos ante el Gobierno de la nacíón.

El acoso al Gobierno de Joan Lerma, que, por surgir de los resultados electorales de 1979, cuenta con consejeros centristas y comunistas, es evidente en esta tesitura para los dirigentes socialistas. Lerma, que además de presidente de la Generalitat desempeña las funciones de secretario general del PSPV-PSOE y portavoz de éste en la Ejecutiva Federal del PSOE, lo expresa en estos términos: "No se ataca al Gobierno de la nación y se reconduce todo el tema hacia la Generalitat, a pesar de que no es una competencia nuestra. El interés es claro. Las elecciones son autonómicas y municipales. Y atapar Al Gobierno de la nación no es rentable". Para responder a los que denuncian falta de contundencia del Gobierno valenciano ante los sectores políticos y económicos proclives a potenciar la acería del Norte y cerrar la siderurgia de Sagunto, los socialistas valencianos esgrimen como argumentos que la Generalitat no cuenta con capacidad de decisión en el plan de reconversión de la siderurgia ni con competencias transferidas para resolver el futuro de AHM.

Eduardo Montesinos, secretario de política sindical en la ejecutiva del PSPV-PSOE y director general de Trabajo, afirma que la politización del conflicto surge de, la estrategia marcada por el PCE: desmarcarse del Gobierno socialista en la aplicación de medidas sociales y resurgir los movimientos reivindicativos de base. "El Partido Comunista de España, conjuntamente con Comisiones Obreras, ha adoptado la estrategia de acoso al Gobierno socialista. Esto está claro en el conflicto de la siderurgia. Ponen encima de la mesa los problemas reales de este país, los agitan, y piden soluciones inmediatas a un Gobierno que lleva tres meses. En este carro se sube la derecha política y económica y la patronal de la CEOE" Para el dirigente socialista, los comunistas "quieren demostrar que no puede haber estabilidad social si no se cuenta con el PCE". En la movilización saguntina se detecta además, según Montesinos -que no fue agredido el día 28, pese a informaciones difundidas aquella jornada-, la incorporación de la extrema derecha y personas que participaron en la desestabilización autonómica en Valencia durante la negociación del estatuto.

Desde otra óptica política, sin embargo, se estima que el enfrentamiento político lo han generado los mismos socialistas, al intentar resolver por la vía urgente la reconversión de la siderurgia antes de las elecciones de mayo, para dar una medida más de Gobierno que gobierna. Metafóricamente, el liberal Joaquín Muñoz Peirats, diputado del Grupo Mixto de las Cortes valencianas, afirma que "no se entiende cómo los socialistas destapan esta caja de rayos antes de las elecciones. Y la han vuelto a cerrar hasta el 1 de julio, porque se han dado cuenta de que han provocado un conflicto que les supera". César Llorca, secretario de movimientos sociales en el comité central del PCPV-PCE, cree. que .es lógico que el PSOE esté preocupado de que perjudique el voto útil que le favoreció el 28-O. Pero el conflicto de la siderurgia y otros que surgirán en las próximas semanas es una consecuencia lógica de su interés por deshacer cualquier movimiento reivindicativo que se produzca en Sagunto o en la ribera del Júcar por las inundaciones".

Alianza Popular coincide con el PCPV-PCE y la organización comarcal socialista del Camp de Morvedre en la defensa abierta del mantenimiento de la factoría de AHM, con una plantilla de 4.500 puestos directos de trabajo y otros miles indirectos de industrias y talleres auxiliares, porque sobre su futuro "se han dado órdenes contradictorias y sin información previa se han pretendido aplicar" afirma su diputado, Manuel Giner Miralles. "¿Qué vamos a hacerle a esta coincidencia con el PCE? No tiene trascendencia, porque por encima de las ideologías está la defensa de los intereses valencianos y tenemos que ir codo a codo con quien sea defensor de estos intereses irrenunciables".

Pulso a la Generalitat

La sesión de las Cortes valencianas del 28 de febrero, que abordó por decisión de la propia presidencia de la Generalitat el futuro de la siderurgia de Sagunto, fue la caja de resonancia del debate político surgido por las pretensiones de desmantelamiento que ha manifestado la dirección de AHM. Joan Lerma tuvo que oír cómo un diputado del grupo centrista, Vicente Simó Sendra, presidente de la gestora de Unión Liberal de Pedro Schwartz, le acusaba de asumir el papel de delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en vez del de presidente la Generalitat. "Lerma, en el coflicto de la siderurgia", asegura Simó, "actúa de correa de transmisión de las pautas del Gobierno de Madrid y asume más la función de delegado del Gobierno que la de presidente de la Generalitat". La pretensión de los grupos centrista, comunista y mixto era que el Gobierno valenciano exigiera, como hizo en enero el Gobierno asturiano en una resolución a la Administración, el cumplimiento de los acuerdos siderúrgicos firmados por sindicatos, empresa y Gobierno de la nación en mayo de 1981, más favorables para el futuro de Sagunto que la actual alternativa del equipo ministerial de Carlos Solchaga.Esta opinión de firmeza también tiene eco en las organizaciones de UGT y PSPV-PSOE del Camp de Morvedre. Aunque no es habitual su comparecencia en estas discusiones, el escritor Joan Fuster ha escrito en el diario Noticias al Día sobre su decepción autonómica a raíz de los acontecimientos últimos. "No es necesario que Madrid nombre un delegado del Gobierno en la comunidad autónoma", afirmaba. "Más delegado que Lerma, ¿quién?".

Desde la óptica socialista, esta frustración autonómica es injustificada y refleja un juicio equivocado sobre el estado de las autonomías. "La Generalitat valenciana", afirma Segundo Bru, "ha dado pruebas suficientes de que defiende Sagunto. Creo que la gente no tiene claro qué son las autonomías y su objetivo político. Se da una visión equivocada de que es más autonómico el Gobierno que más se enfrenta al Gobierno central. Esta es una visión estrecha. El Estado somos todos".

El comunista Emerit Bono, diputado en las Cortes valencianas, agrega que "mientras los intereses vascos y asturianos se han impuesto en el tema siderúrgico en Madrid, los valencianos no se tienen en cuenta".

Tensión en el PSOE

La tensión ha repercutido en el seno del PSPV-PSOE, pues su organización comarcal del Camp de Morvedre, que tiene como secretario general a Manuel Girona, presidente de la Diputación de Valencia, ha participado en las movilízaciones populares realizadas en Sagunto -junto con AP, PCPV-PCE, CC OO, UGT y otras organizaciones- a favor del mantenimiento de las instalaciones de AHM, cumplimiento de los acuerdos de 1981 y salvaguardia de los puestos de trabajo. Esta posición es considerada inadecuada políticamente desde la ejecutiva del PSPV, porque tiende un puente con organizaciones que están acosando la gestión socialista.El presidente de la Diputación pregunta a los que no piensan de la misma forma en su partido: "¿Quién puede decir que los intereses del Estado no son precisamente los intereses de la siderurgia de Sagunto?