El asalto coincidió con la retirada de la Guardia Civil de las carreteras vascos

Ayer, 28 de febrero, era la fecha prevista para que la Guardia Civil de Tráfico se retirase de las carreteras del País Vasco, una vez transcurridos quince días desde la entrada en servicio de los 325 policías autónomos de la Agrupación de Tráfico, que asumirá dicha función en adelante. Los otros 278 agentes de la primera promoción de la ertzaina -policía vasca-, destinados a tareas de custodia y vigilancia de las sedes de las instituciones autonómicas, entraron en servicio el 26 de octubre pasado.

Los edificios custodiados desde entonces por la Ertzaina son nueve: las sedes de la presidencia del Gobierno autónomo, del Parlamento, del Gobierno vasco, de la delegación del Gobierno central en Bilbao, de las tres diputaciones forales, de la Academia de Policía de Arkaute y de la Hacienda foral de Vizcaya. En un acto celebrado en Arkaute con motivo de la entrada en servicio de ese primer contingente de 278 agentes, Luis María Retolaza, consejero vasco de Interior, definía la función de la Ertzaina con estas palabras: "Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad ciudadana. Respecto al terrorismo, jugará el mismo papel que cualquier otro cuerpo de policía existente en el País Vasco".Respecto a la posibilidad de que ETA pudiera contemplar entre sus objetivos el ataque a la Ertzaina, Retolaza declaraba: "Esa pregunta habría que dirigírsela a ETA. Yo no entro en juicio de valor sobre sus intenciones, pero sí puedo decir, una vez más, que cualquier actuación contra la policía autónoma constituiría un enfrentamiento muy grave contra la voluntad y el deseo de la mayoría de los vascos".

Problemas de última hora sobre la financiación del material necesario para su función retrasaron hasta el pasado día 14 la salida a las carreteras de los 325 agentes de la Asociación de Tráfico, inicialmente prevista para el mes de noviembre de 1982. Durante dos semanas, Ertzaina y Guardia Civil han realizado el servicio conjuntamente.

La segunda promoción de la policía autónoma, integrada por 609 hombres y 130 mujeres -resultado de la selección realizada entre unos 2.000 aspirantes, de los que 370 eran mujeres-, iniciará su formación en un curso que dará comienzo en Arkaute el próximo lunes, día 7 de marzo. Los presupuestos de la comunidad autónoma para 1983 contemplan una partida de 2.325 millones de pesetas destinadas a la formación y equipamiento de dicha promoción. Fuentes de la consejería de Interior manifestaron recientemente que estaban ultimando un plan de despliegue por todo el territorio de la comunidad, que, una vez aprobado por la Junta de Seguridad permitirá la asunción por este segundo contingente del conjunto de competencias atribuidas por el Estatuto vasco a la Ertzaina.

Competencias antiterroristas

El artículo 17 del Estatuto de Guernica atribuye a la Policía vasca plenas competencias en materia de orden público, sin más excepciones que "los servicios extra y supracomunitarios, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, postas y fronteras, aduanas, etc". La interpretación de dicho artículo dio origen, hace aproximadamente un año, a una agria polémica, que enfrentó al director de la Academia de Arkaute, Juan Porres, con el entonces presidente de la representación del Estado en la Junta de Seguridad, Fernando Jiménez, a la sazón gobernador civil de Alava y vicedelegado del Gobierno. Fernando Jiménez había negado, en unas declaraciones, que la policía autónoma tuviera competencia en materia antiterrorista, por considerar que era un tema que desbordaba el ámbito de la comunidad.El ministro Rosón, que se desplazó expresamente a Vitoria para aclarar la cuestión, reconocería poco después la existencia de tales candidaturas. Una vaga alusión a "necesidades del servicio" sirvió de momento para explicar la irregularidad. De hecho, dos de los oficiales cuyo expediente reclamaba el Gobierno vasco figuraban entre los cuatro mandos que designó Garaikoetxea poco después. El 30 de noviembre de dicho año aparecieron en el BOE los nombramientos de los comandantes Díaz Arcocha y De Pablo Loizaga, del capitán de Infantería García Oteiza y del comandante de Aviación Ignacio Urruticoechea.

Unas explosivas declaraciones de este último, reproducidas en el semanario Punto y hora, en las que se vertían juicios relativamente exculpatorios para ETA, provocaron una nueva crisis. Como resultado de la investigación sobre los antecedentes del citado oficial, se supo que en el expediente remitido al Gobierno vasco se habían obviado deliberadamente detalles como que Ignacio Urruticoechea había estado sometido a observación psiquiátrica por comportamientos de tipo psicótico, como pretender volar de Murcia a Canarias para hacer frente a un supuesto sabotaje en las Islas. El viceconsejero vasco de Interior calificó la citada manipulación del expediente como «una jugada ultra contra Oliart y el Gobierno vasco". El teniente coronel encargado de la sección de personal de la Academia de San Javier (Murcia), en la que estaba destinado Urruticoechea, fue cesado poco después por el Ministerio. Por su parte, Garaikoetxea cesó a Urruticoechea.

Nuevos conflictos, como el suscitado por los textos de geografía que se estudiaban en la Academia de Arkaute o el surgido a raíz de la adquisición por parte del Gobierno vasco de una partida de motocicletas alemanas -y no españolas- para la Asociación de Tráfico de la Policía autónoma, prolongaron el clima de desconfianza mutua hasta la reciente entrada en servicio del primer contingente de ésta. El último episodio fue la divulgación periodística de las fichas policiales de 43 alumnos de la Academia de Arkaute, el pasado 28 de diciembre.