Nueva exclusión de España del Consejo de la Organización Internacional del Trabajo

El Gobierno español, que desde hace años aspira a ocupar uno de los diez puestos no electivos en el Consejo de Administración de la OIT, deberá seguir esperando. La comisión de expertos ha hecho ya público su informe designando los diez Estados de mayor importancia industrial con derecho a escaño: Alemania Federal, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Unión Soviética.

La lista, que es alfabética y muy vaga en la explicación de los criterios seguidos para determinar la mayor importancia económica, añade que a continuación vendrían, también por orden alfabético, Canadá, España, México y Polonia. Una forma bastante sibilina de señalar qué países tienen derecho a ocupar un puesto permanente en el consejo sin establecer jerarquías ni decir el peso ni la importancia de los criterios y parámetros tenidos en cuenta a la hora de hacer la selección.La OIT, su club de accionistas mayoritarios y el equipo directivo de la organización tienen una forma muy peculiar de interpretar los reglamentos, pese a las advertencias, observaciones y requerimientos de algunos Estados miembros.

Una prueba que ilustra estos hechos podría ser la elección del próximo director general. El caso es revelador y ejemplar. Inicialmente, se presentaron tres candidatos: Alberto Martini Urdaneta (Venezuela), que ha denunciado públicamente "las afirmaciones gratuitas de la presidenta del consejo, la embajadora Aida González Martínez (México), acusándola de no respetar "la imparcialidad necesaria en el proceso de presentación de candidaturas". Por su parte, Albert Tevoedjre (Benin), aspirante también y rival de talla del actual director, Francis Blanchard (Francia), protesta porque "se está violando el reglamento de la OIT". Francis Blanchard, que tiene 65 años, solicita un nuevo mandato, y aunque teóricamente debería someterse al reglamento de personal, dada su avanzada edad, prefiere ignorarlo. Si se permite este desafío es porque todos los pronósticos le dan como vencedor y porque cuenta ya de antemano con la mayoría de los 56 votos del Consejo de Administración.

La única alternativa que le queda a Albert Tevoedjre es presentar recurso ante el Tribunal Administrativo del Personal de la OIT. Proceso que, según ha podido saber EL PAIS, se pondrá en marcha tras la elección.

Alberto Martini Urdaneta considera que en este caso no se está jugando limpio y diplomáticamente prefiere retirarse a tiempo, habiéndolo anunciado ya oficiosamente.

El clima es más bien tenso y crispado. Un nuevo director general de la OIT ante el Tribunal Administrativo de la organización es, por lo menos, insólito, y en esta prueba de fuego siempre se pierde por lo menos autoridad moral. Sin embargo, la OIT no se detiene en reparos, prefiere hacer la vista gorda e interpretar a su aire la constitución y los reglamentos.

Un argumento esgrimido con frecuencia por nuestro país, pero que nunca tuvo demasiado eco. Madrid ha exigido hasta la saciedad una posición congruente a la OIT, "o bien España es el décimo país de mayor importancia económica o no lo es. Si lo es, debe ocupar un puesto de miembro permanente en el Consejo de Administración. Si no lo es, nuestra contribución financiera a la organización debe ser reducida en consecuencia y, en todo caso, inferior a las cuotas de China, Brasil e India, que son miembros titulares y que pagan menos que España.

La argumentación española, aparentemente lógica, no ha logrado convencer a nadie. España sigue estando infrarrepresentada en los distintos estamentos de la organización. En la actualidad contamos con una quincena de funcionarios profesionales y aproximadamente una treintena de empleados en los servicios generales.

Después de haber perdido en junio de 1980 el escaño en el consejo, lo único que aparentemente vamos a conseguir es que nos aumenten la cuota. Hasta ahora nos correspondía el 1,69% de los presupuestos generales de la OIT (230 millones de dólares), una aportación de, aproximadamente, 750.000 pesetas diarias. La comisión de prorrateo nos asigna el 1,91 %, lo que supondrá un aumento del orden de los sesenta millones de pesetas. Las contrapartidas políticas, en cambio, son más bien escasas y nuestra embajada ante la OIT, lamentablemente, no ha hecho hasta ahora más que quemar pólvora en salvas.