Las razones del Gobierno

LA EXPROPIACION de Rumasa va a ocupar, probablemente, el escenario de la vida pública española durante las próximas semanas y a suscitar apasionados debates entre los defensores y los detractores de la medida gubernamental. Sin restar en modo alguno importancia a la polémica, queremos poner en guardia, desde ahora, contra las funciones diversionistas que pudiera desempeñar la hipertrofia del asunto Rumasa. El nuevo Gobierno tiene que hacer frente a un amplio conjunto de problemas y desafíos procedentes de áreas muy diferentes, desde el relanzamiento de la actividad productiva y la contención del desempleo hasta la garantía de las libertades individuales y la consolidación de las instituciones democráticas. Las tentativas de abrasar al Gobierno socialista, respaldado por diez millones de votantes, mediante campañas exasperadas desatadas al comienzo de la legislatura, con la vista puesta en las elecciones municipales o en maniobras desestabilizadoras, olvidan que el mandato popular de los socialistas dura hasta 1986, que su programa ha sido proyectado para ser realizado en cuatro años y que los españoles emitirán su veredicto en los futuros comicios legislativos a la vista de la gestión global desarrollada por el equipo de Felipe González a lo largo de ese período.La medida nacionalizadora -parece conveniente empezar a llamar a las cosas por su nombre- del holding de Ruiz-Mateos puede despertar la simpatía de amplios sectores del electorado socialista y reconciliar a las bases más radicalizadas del PSOE con los responsables de la política gubernamental, criticados hasta ahora por lo que se denominaba la moderación de sus estrategias o por su política de nombramientos en las empresas públicas. Pero gestos de esta naturaleza poseen, además de un valor simbólico rentable a corto plazo, una carga de implicaciones objetivas cuyo análisis y previsión los gobernantes deben llevar a cabo. No está suficientemente claro que en este punto el Gobierno no se haya precipitado, al menos en los métodos. En alguna ocasión, Felipe González criticó irónicamente la pasión intervencionista de algunos sectores del PSOE con el argumento de que el desbridamiento de la lógica estatalizadora podría llevar a nacionalizar las mercerías. Desgraciadamente, la fuerza de las cosas ha tenido efectos parcialmente semejantes, ya que el Estado se ha visto inopinadamente convertido en empresario de una cadena de grandes almacenes, algunas bodegas de vino y unas famosas tiendas de artículos de lujo.

En la conferencia de Prensa de ayer, Miguel Boyer hizo un brillante papel y demostró seguridad, tablas y conocimientos. Sus respuestas tuvieron la contundencia que le suministraban las cifras, casi espeluznantes, de los activos fictícios, las pérdidas disfrazadas y las deudas fiscales del holding. Si los datos proporcionados por el ministro de Economía y Hacienda fueran exactos, las dudas que pudieran albergar los españoles no se referirán a la necesidad de una rápida intervención gubernamental en ese tinglado, sino que apuntarán tan sólo a la posible utilización de otros procedimientos alternativos para hacer frente al problema, a las tolerancias de pasados Gobiernos con esa situación, a las responsabilidades de los directivos de Rumasa y a los agravios comparativos respecto a otros casos. La polémica seguirá girando en torno a estas cuatro cuestiones. ¿Hubiera sido preferible la intervención de los bancos por el Fondo de Garantía de Depósitos a la expropiación del holding entero? ¿Cómo se explica que las autoridades monetarias y los responsables de la política económica de los sucesivos Gobiernos centristas permitieran que la degradación de Rumasa llegara hasta esos extremos? ¿Es imaginable la inexistencia de indicios de responsabilidad penal en la instrumentación de ese gigantesco globo con apariencia de sólido edificio? ¿Se han aplicado o no criterios más tolerantes, objetivamente discriminadores, para poner remedio a la crítica situación de otras empresas -Banca Catalana o Explosivos Río Tinto- y se ha tratado o no a Ruiz-Mateos con una distinta vara de medir?

Pero antes de tratar de dar respuesta a esos interrogantes parece necesario recordar que en una sociedad democrática nadie puede ser condenado sin ser previamente oído. Ruiz-Mateos tiene derecho a exponer su propia versión de las cosas y a tener la oportunidad de cotejar sus cifras con las expuestas por Miguel Boyer.

Más preocupante es la dimensión técnico-jurídica de la medida nacionalizadora, ya que el instrumento utilizado para proceder a la expropiación de Rumasa -un decreto-ley- resulta, a juicio de muchos, dificilmente conciliáble con el marco constitucional. En efecto, el artículo 86 de la Constitución excluye expresamente de las materias regulables por los decretos-ley "a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el título I", entre los que figuran el derecho de propiedad privada y la libertad de empresa. El propósito del Gobierno de tramitar el decreto-ley de expropiación de Rumasa como proyecto de ley por vía de urgencia indica que el propio Ejecutivo es consciente de las infracciones a los principios de legalidad y de seguridad jurídica implícitos en la medida. Hay que decir que los anteriores Gobiernos de UCD, en ocasiones con el respaldo parlamentario de Manuel Fraga, también incurrieron en el condenable método de echar mano de los decretos-ley para regular materias exceptuadas de ese tratamiento normativo de "extraordinaria y urgente necesidad" por el artículo 86 de la Constitución. Pero las torpezas de antaño no justifican las de ahora. La debilidad jurídica del procedimiento elegido para nacionalizar Rumasa no acaba aquí. El decreto-ley, al no encontrar perchas suficientes en la ley de Expropiación Forzosa y en la ley de Patrimonio del Estado, promulgadas ambas durante el anterior régimen, ha tenido que improvisar unas medidas que hubieran exigido mayor reflexión y más depurada técnica. Las Cortes Generales, además de tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia el decreto-ley de nacionalización de Rumasa, deben situar en su calendario de prioridades una nueva normativa general de expropiación forzosa y patrimonio estatal.