El aborto continúa penalizado en Portugal, salvo casos de peligro para la vida de la madre

En Portugal, el año de 1982 fue el de la primera batalla (perdida) en favor de la despenalización del aborto. Los gabinetes de izquierda que gobernaron el país hasta 1978 no supieron -o no quisieron- encarar el problema de la interrupción voluntaria del embarazo, incluida en sus programas con la misma decisión que llevó a la legalización del divorcio. Portugal permanece en materia de aborto en la misma situación legal que se encontraba antes de la revolución de 1974.

La revisión del Código Penal, recientemente concluida, confirma el carácter criminal del aborto y mantiene penas de hasta dos años de prisión mayor para los autore, activos o pasivos, de este delito. Queda, sin embargo, a la conciencia de los tribunales la apreciación de eventuales situaciones de necesidad exculpantes, que autoriza a los jueces a absolver a quien practicó el aborto como único medio a su alcance para evitar un mal mayor.Se trata de un concepto bastante vago y subjetivo, fuertemente atacado por los extremistas adversarios de la legalización del aborlo, que ven en él una brecha abierta en el principio del derecho inviolable a la vida, por la que pueden escapar a la justicia el médico que practica el llamado aborto terapéutico o eugenésico o la mujer,quiere salvarse de la deshonra de ser madre soltera.

El debate parlamentario sobre la despenalización, suscitado por el Partido Comunista de Portugal, se saldó con una derrota política; pero afianzó entre los diputados que la defendieron -y sobre todo entre las diputadas- la convicción de que la victoria moral y social les pertenece, y que la ley, tarde o temprano, tendrá qúe adaptarse a la realidad.

La diputada comunista Zita Seabra, médica, que defendió en el Parlamento el proyecto de despenalización del PCP, se comprometió a volver a suscitar el debate en cada futura sesión legislativa, y es probable que el Parlamento que resulte de las próximas elecciones anticipadas permita ya la existencia de una mayoría favorable.

Para muchos, la victoria hubiese sido posible en 1982 de no ser por las presiones ejercidas por los democristianos sobre sus aliados socialdemócratas en el Gobierno, que obligaron al PSD a imponera su grupo parlamenta no una disciplina de voto violentamente contestada por algunos de sus miembros y, soportada por otros con grandes reticencías.

Para evitar en lo posible el enfrentamiento radical con la influyente Iglesia católica portuguesa, los defensores, de la despenalización centraron el debate en la necesidad de luchar contra la plaga social del aborto clandestino, y el proyecto del partido comunista se inspiraba en esta preocupación.

Proyecto moderado

Según el proyecto, fuera de los casos de aborto terapéutico, por peligro grave para la salud de la embarazada, el período durante el cual una mujer podía solicitar la voluntaria se restringe a las seis primeras semanas de la gestación; debía ser autorizado por dos médicos especialistas y la interrupción del embarazo debía ser realizada en establecimientos hospitalarios del Estado o autorizados a practicar este tipo de intervención de manera gratuita. Las mujeres de más de 45 años o con un número elevado de hijos podían beneficiarse de la autorización por simple manifestación de su voluntad de interrumpir el embarazo, mientras en los demás casos había que considerar, además de la edad, estado de salud física y psíquica, numero de hijos, situación económica y familiar, condiciones de vida (trabajo, alojamiento) de la embarazada y de su familia. Los médicos y el personal sanitario tenían reconocido el derecho de negarse a prácticar la interrupción voluntaria del embarazo por motivos de conciencia.

El Partido Socialista, sin hacer totalínente suya la argumentación del PCP, consideró que "nadie está obligado a abortar porque exista una ley de despenalización, de la "misma manera que nadie está obligado a divorciarse porque exista una ley sobre el divorcio". El diputado socialista Almeida Santos interpeló a sus colegas masculinos acerca del derecho que asiste a una asamblea, compuesta en su casi totalidad por hombres, de decidir sobre una materia que tan íntimamente afecta a las mujeres, dejando en el aire la necesidad de proceder a una mejor investigación y, tal vez, un referéndum.

Mayoría favorable

Las estadísticas conocidas muestran que el número de portugueses que siguen oponiéndose a cualquier tipo de aborto legal" es reducido, y que una mayoría es ya favorable a la interrupción "en ciertos casos". El mayor porcentaje de personas que se pronuncian en favor del aborto se sitúa entre los 25 y 35 años, y hombres y mujeres tienen, aproximadamente la misma opinión. El hecho de que las familias portuguesas tengan actualmente una media de menos de tres hijos, a pesar de un consumo de contraceptivos que se situa entre los más bajos de Europa occidental, es el más seguro índice de la importancia del aborto clandestino, que sigue siendo, un negocio lucrativo para muchos. Aunque los médicos admitan una nítida disminución del número anual de muertes como consecuencia de prácticas abortivas, recientemente se han valorado en 2.000.

Hace unas semanas, un periódico relataba el caso de una mujer de treinta años, madre de dos hijos, muerta, por síncope cardiaco cuando se sometía a un aborto, probablemente por un choque provocado por la anestesia.