En la RFA peligra el aborto pagado por el seguro

La lucha por la despenalización del aborto en la República Federal de Alemania, en los años setenta, fue el factor aglutinante de un potente movimiento feminista que posiblemente tenga que volver a manifestarse en las calles: si los democristianos (CDU / CSU) obtienen mayoría absoluta en las elecciones federales, quieren que la Seguridad Social no pague el aborto motivado por el estado de necesidad. Los costos del aborto suponen entre 8.000 y 11.000 millones de pesetas anuales.

La lucha por el aborto libre fue un tema central de la política en la RFA durante los setenta. Una acción espectacular de mujeres famosas, entre ellas la fallecida actriz Romy Schneider, que aparecieron en la portada de la revista Stern bajo el título Yo también he abortado, desencadenó la discusión sobre la legalización del aborto.En un primer intento, en 1974, la coalición de Gobierno de socialdemócratas (SPD) y liberales (FDP) aprobó el llamado modelo del plazo, que permitía el aborto libre en los tres primeros meses de embarazo. Los democristianos (CDU / CSU) presentaron querella por anticonstitucionalidad, al considerar que la nueva legislación contradecía el principio constitucional del respeto debido a la vida y la integridad física de la persona. El Tribunal Constitucional rechazó el 25 de febrero de 1975 el modelo de los plazos. El Gobierno elaboró una nueva legislación, basada en el modelo de las indicaciones, es decir, despenalización del aborto, cuando se dan unas circunstancias determinadas.

La discusión por aquellas fechas fue muy emocional. En la RFA, por el pasado del país, se sacó a relucir la eutanasia practicada por los nazis. Las feministas organizaron acciones espectaculares, como viajes masivos en autobús a Holanda, donde, a sólo unos centenares de kilómetros, practicaban el aborto libremente. Para desenmascarar a los legisladores, grupos feministas fletaron autocares que llevaban pancartas con el texto: Vamos a Holanda a abortar. Las publicaciones feministas y algunas revistas de gran tirada publicaban direcciones donde se podía abortar, incluso sin estancia hospitalaria, y se llegó a hablar de un turismo del aborto hacia Holanda.

Tras un largo procedimiento legislativo, con intervención de la segunda Cámara (Bundesrat), que rechazó la reforma propuesta por el Parlamento Federal (Bundestag), por considerar que la nueva ley no tenía suficientemente en cuenta el fallo del Tribunal Constitucional, se llegó a la reforma del artículo 218 del Código Penal, que entró en vigor el 21 de junio de 1976, dos años después de la primera ley despenalizadora.

La 'indicación social'

La nueva redacción del artículo 218 castiga el aborto con penas de hasta tres años de privación de libertad o multa, pero lo despenaliza cuando, con consentimiento de la embarazada, se dé una de las llamadas indicaciones:

1. Médica: peligro para la vida de la embarazada.

2. Genética: sospecha seria de malformación del feto.

3. Etica: embarazo debido a violación o abusos deshonestos.

4. Social: el embarazo plantea un estado de necesidad en la madre.

En el caso de peligro para la vida de la madre, el aborto se puede realizar hasta la semana veintidós del embarazo. En los otros casos, sólo en las doce primeras semanas. La introducción de la indicación social supuso prácticamente la liberalización del aborto, porque se reconocen como estados de necesidad el de la madre soltera, la estudiante que tendría que interrumpir sus estudios, la casada en mala situación económica y otros muchos casos.

Para la realización de un aborto actualmente en la RFA, la embarazada tiene que buscar un dictamen, de una oficina de asesoramiento o un médico, de que existe una de las indicaciones. Tres días más tarde del dictamen, se puede proceder al aborto, con la condición de que el médico que lo realice no sea el mismo que certificó la existencia de una indicación. Los gastos del aborto corren a cargo de la Seguridad Social. Ningún médico puede ser obligado a realizar un aborto.

La despenalización acabó prácticamente con el turismo del aborto a Londres o los Países Bajos, pero las feministas denuncian que en determinadas zonas rurales o de mayoría católica, sobre todo del sur de la RFA, resulta difícil encontrar un médico o un hospital que realicen lo que se llama interrupción del embarazo.

Los datos sobre la mujer que aborta quedan registrados en las computadoras de la Seguridad Social, y en la RFA existe una hipersensibilidad sobre el mal uso que se puede dar a todo ese material almacenado. Por este motivo, algunas mujeres prefieren todavía recurrir al anonimato del aborto en el extranjero.

Los últimos datos estadísticos sobre el aborto son de 1981, en el que se realizaron 87.535 interrupciones de embarazo, 167 menos que el año anterior. Por cada mil nacidos en la RFA hubo 139,9 abortos. 6,4 de cada mil mujeres entre 15 y 44 años realizaron en 1981 un aborto en la RFA.

Casi un 75% de los abortos, 65.466 casos, se realizan en base a la llamada indicación social. Por peligro para la salud de la madre hubo 15.382 abortos, un 17,6% del total. Por motivos psiquiátricos se realizaron 2.524 abortos, un 2,9%. Por peligro de malformación genética del feto se hicieron 2.797 abortos, un 3,2%. Solamente hubo 103 abortos, un 0,1%, basados en la indicación ética o criminológica, en casos de embarazo provocado por violación o abusos deshonestos. Más de la mitad de los abortos realizados el año 1981 en la RFA, un 52,4% en concreto, fueron de mujeres casadas; un 39,8%, solteras; un 5,6%, divorciadas, y un 0,7%, viudas.

Hubo 163 abortos de mujeres entre diez y catorce años, y 4.277 entre quince y diecisiete años. La mayoría de los abortos, un 60,1%, se realizó en un hospital, con una media de internamiento de 4,7 días. En un 76,9% de casos, el aborto se realizó por medio de la aspiración, y en un 18,8% se aplicó el raspado vaginal.

La mayoría de las mujeres que abortan, un 46,1%, no ha tenido hijos anteriormente.

Se reabre la polémica

Con ocasión de la actual campaña electoral y el cambio de Gobierno en Bonn, se ha abierto de nuevo una polémica sobre el aborto en la RFA. Por motivos de ahorro y por ideología, los democristianos (CDU / CSU) han dejado ya entrever que si obtienen la mayoría absoluta se darían algunos recortes en las prestaciones sociales para el aborto.Se calcula que los costos del aborto suponen entre 8.000 y 11.000 millones de pesetas anuales a la Seguridad Social de la RFA. La Democracia Cristiana plantea medidas restrictivas para los abortos por motivos sociales. Se anuncia ya la supresión de la subvención para asistencia sanitaria que perciben para abortos -como cualquier caso de enfermedad- las funcionarias de la Administración pública.

Desde que se aprobó la despenalización del aborto, los obispos católicos introducen en su carta pastoral previa a las elecciones una referencia condenatoria. En las elecciones de 1980, el candidato democristiano, Franz Josef Strauss, dijo que no se modificaría la legislación sobre el aborto, a pesar de las condenas de la Iglesia católica. En estas elecciones anticipadas, los democristianos parecen dispuestos a modificar las prestaciones sociales. Desde una perspectiva ideológica, la Iglesia católica lucha contra el aborto y lo compara con los crímenes de los nazis.

En una reciente publicación del obispado de Munster se argumentaba que todos son culpables del crimen, porque todos contribuyen con sus prestaciones a la Seguridad Social. "Todos son cómplices", asevera la revista.