La Cámara alta revisara el cumplimiento de las medidas sobre el síndrome tóxico

La revisión del cumplimiento de las cincuenta medidas acordadas en su día por la comisión mixta Congreso-Senado para la investigación del síndrome tóxico y el replanteamiento diferenciado de lo que son prestaciones económicas y sanitarias, serán dos de las primeras actuaciones de la comisión para la investigación de los afectados por el síndrome tóxico, que ayer se constituyó oficialmente en la Cámara Alta.Ya el 2 de febrero el pleno del Senado aprobó por unanimidad la creación de la citada comisión, a petición del Gobierno y de los grupos de la Cámara. Todas las fuerzas políticas estuvieron entonces de acuerdo en reafirmar la necesidad de que a nivel institucional exista una comisión investigadora y de seguimiento de las secuelas del síndrome tóxico y de la actuación del plan nacional establecido al efecto, para llenar el vacío que dejó al extinguirse la comisión mixta Congreso-Senado, que funcionó en la Cámara Baja hasta la disolución de las Cortes en agosto.

La comisión está integrada por veinticinco miembros: dieciséis del Grupo Socialista, seis del Popular y uno del Mixto, Minoría Catalana y Minoría Vasca, respectivamente. La preside Jesús Cabezón, senador socialista por Cantabria.

Tras la constitución de la mesa de la comisión, según indicó el presidente de la misma a este periódico, se elaborará de inmediato un plan de trabajo, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia y la dirección del Plan Nacional del Síndrome Tóxico. "Vamos a actuar coordinadamente con Presidencia y los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Sanidad y Consumo, lo que en ningún momento debe interpretarse como una supeditación a los criterios de la Administración sobre este tema".

La primera actuación de la comisión, según Cabezón, estará encaminada a revisar. detenidamente el grado de cumplimiento de las cincuenta medidas acordadas en su día. por la comisión mixta Congreso-Senado, "con el fin de incentivar y relanzar las que no se hayan puesto en práctica".

Para Jesús Cabezón es fundamental que el Parlamento tenga conocimiento de la auditoría de cuentas de los fondos que ha utilizado hasta la fecha el Plan Nacional del Síndrome Tóxico -que superan los 7.000 millones de pesetas-, a fin de revisar el uso que se ha hecho de las partidas.

Asimismo, la comisión pretende hacer un replanteamiento diferenciado de lo que son prestaciones económicas y sanitarias a los afectados por el síndrome. "Creo", afirma Cabezón, "que las prestaciones sanitarias van a seguir indefinidamente, en tanto que las económicas deberán matizarse. Yo soy partidario de que se relacionen, directamente con la reinserción social de los afectados. Estimo que deben de quedar al margen de estas ayudas los afectados que tienen trabajo y, por tanto, recursos económicos fijos".

La comisión de investigación del Senado convocará a los afectados por el síndrome tóxico o a las organizaciones integradas por aquéllos para conocer su valoración sobre la aplicación del paquete de medidas y las actuaciones del plan nacional.