Más de cien concejales catalanes, posibles afectados por la sentencia

La sentencia del Tribunal Constitucional que implica la derogación del artículo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales puede afectar a más de un centenar de casos en Cataluña, según estimaciones de responsables de política municipal de partidos catalanes consultados ayer. Estas fuentes, sin embargo, no se atrevieron a prever las repercusiones prácticas de la sentencia, al desconocer aún el contenido completo de la sentencia y el alcance de su jurisprudencia. Según José María Corral, responsable de temas municipales del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC), y el mismo concejal expulsado del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, serían unos ochenta el total de alcaldes y concejales que perdieron sus puestos al ser expulsados del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), desde mediados de 1981 hasta marzo de 1982, a consecuencia de la crisis de este partido, incluyendo a los que ocupaban los puestos siguientes en las listas electorales y que fueron expulsados también para dar entrada a los que convenía al partido. El PCC nació en la primavera de 1982, como escisión prosoviética del PSUC.

Los casos más significativos son el del concejal de Barcelona, Justiniano Martínez, y los de los alcaldes de Barberà del Vallès y de Montcada i Reixac, Antonio Lobo y José Campos, respectivamente, junto con otros concejales de estos últimos municipios. Las expulsiones afectaron, prácticamente, a todo el cinturón industrial de Barcelona: Cornellà, Mataró, Santa Coloma de Gramanet, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa, Sant Adrià del Besós, Badalona, La Llagosta y L'Hospitalet de Llobregat, entre otras. En la mayoría de los casos los afectados. recurrieron por la vía contencioso administrativa contra las expulsiones decretadas por las juntas electorales a instancias del PSUC, pero en ningún caso se ha llegado aún a presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. "Interpreto que la sentencia sienta jurisprudencia y nos afecta a todos, aunque no hayamos llegado a presentar recurso de amparo", afirma Corral.

Josep Maria Maymó, responsable de política municipal del PSUC, opinó que debe aclararse si la sentencia afecta también a aquellos ediles que perdieron su puesto por haber abandonado el partido y haberse afiliado a otro, sin necesidad de que fueran expulsados del PSUC. Es el caso de los alcaldes de Barberà y de Montcada: "En aquella ocasión nosotros nos limitamos a comunicar a la junta electoral que. esas personas ya no militaban en el PSUC por decisión propia, porque era público y notorio que se habían afiliado al PCC y ocupaban cargos de responsabilidad en el nuevo partido; no hubo necesidad de expulsarles". La nota del Tribunal Constitucional (véase EL PAIS de ayer) sólo se refiere a los supuestos de expulsión, por lo que no está claro que pueda asimilarse al caso de los diputados, que conservan su escaño aun en el caso de abandono voluntario del partido que les presentó en sus listas. A título personal, Maymó considera que la sentencia es de una lógica aplastante, y, curiosamente, coincide con los criterios expuestos en la revista del CEUMT (Centro de Estudios Urbanísticos, Municipales y Territoriales) por otro dirigente del PSUC, Jordi Borja, que en su día se opuso a la expulsión de concejales. Esquerra Republicana ha expulsado a "unos tres concejales", según Albert Alay, del secretariado permanente del partido. El más conocido es Sebastià Barrufet, el único concejal que obtuvo aquel partido en la ciudad de Tarragoná, expulsado cuando ya no era posible su sustitución por el siguiente de la lista.

Barrufet está hoy próximo a los socialistas. Alay considera un error la sentencia del Tribunal Constitucional, dado el sistema electoral español, con listas cerradas y bloqueadas. "Aquí se vota al partido, no a las personas. Otra cosa sería con un sistema electoral mayoritario, donde es el candidato el que se gana a pulso el puesto", opina.

La crisis centrista también ha supuesto la expulsión de numerosos concejales, sobre todo en las últimas semanas. La ejecutiva de Centristes de Catalunya-UCD pidió recientemente a las juntas electorales el cese de una docena de ediles, de varios pueblos de la provincia de Tarragona, entre ellos un alcalde, acusados de ¡dentificarse más con la política de AP que con la de Centristes.

Las fuentes de la coalición Convergència i Unió consultadas ayer no conocían el número de concejales expulsados de sus filas. Es muy conocido, sin embargo, el caso del alcalde de La Jonquera, Josep Maria Mezquida, que perdió el cargo por expulsión de Convergéncia Democrática cuando fue detenido acusado de evasión de divisas. Los socialistas expulsaron, al menos, al alcalde de Figueras, Josep Maria Ametlla, a las pocas semanas de tomar posesión, y a un concejal de Sant Feliu de Guixols.