La subida de sueldos de los funcionarios costará unos 230.000 millones de pesetas al Estado y a la Seguridad Social

Cada punto de subida de sueldo a los funcionarios supondrá para los Presupuestos del Estado unos 14.500 millones de pesetas, según las últimas estimaciones. Para la Seguridad Social, la repercusión se aproxima a los 4.000 millones. Ambos reúnen uno de los dos millones de trabajadores del sector público y requerirán al menos 230.000 millones de incremento, aunque la Administración ponga de tope un 12,5% de la masa salarial, como parece probable. Pero los objetivos del Gobierno, que serán concretados a partir de hoy, no dan prioridad al aumento, sino al cambio profundo en el sistema retributivo y a una congelación escalonada para los colectivos más favorecidos que permita subir más los sueldos bajos.

Para hoy está prevista la reunión negociadora más importante entre la Administración y los tres sindicatos mayoritarios entre los funcionarios. Aunque los representantes del Gobierno pidieron el viernes una propuesta sindical conjunta como requisito previo a la oferta concreta de aumento dentro de la banda salarial pactada en el sector privado (9,5%12,5%), la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC OO)y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) no han logrado ponerse de acuerdo durante el fin de semana en la petición de subida.Sin embargo, al margen de la discrepancia sobre el incremento solicitado, que llega al 18% en CC OO y CSIF, y al 14,6% en UGT, las tres organizaciones propugnan la reforma del sistema retributivo y coinciden en pedir la cláusula de revisión salarial en 1983 y en no contar dentro del 12,5% de la banda los 2,1 puntos adicionales para la prometida equiparación de varios colectivos. Las diferencias se mantienen, pues, en que CC OO y CSIF quieren, además, 3,4 puntos por la revisión salarial de 1982.

También se han pronunciado sobre la política de solidaridad propuesta por la Administración, que consistiría en contemplar todos los sueldos del personal pagado con fondos del Estado -en torno a dos millones-, para congelar algunos de los más altos (banca oficial, organismos autónomos comerciales y empresas publicas), con el fin de facilitar la corrección de fuertes desequilibrios con otros sueldos de similar categoría.

Los tres sindicatos han coincidido aquí en que ellos sólo pueden esgrimir representación de la Administración central, donde están dispuestos a estudiar dicha política, pero no de los "entes públicos", con los que la Administración quiere hacer tabla rasa para controlar todo el gasto público.

Por tanto, los sindicatos esperan que el Gobierno ponga hoy sobre la mesa su propuesta concreta de aumento. Entre sus representantes se ha extendido la impresión de que estará próxima al 11%, más todo o parte de los 2,1 puntos citados por compromisos que contrajo el anterior Gobierno y no han tenido todavía efectos presupuestarios. En fuentes gubernamentales se ha comentado durante los últimos días que no pasaría del 9,5%, sin contar dichos compromisos, que según algunos medios de la Administración suponen casi 3 puntos, con lo cual se llegaría al 12,5% de incremento de la masa salarial.

Contra el 'anticambio'

Por el contrario, José Borrell, secretario general de Presupuesto y Gasto Público, el representante de la Administración que ha llevado el mayor peso de las negociaciones, declinó ayer confirmar si habrá hoy oferta e intentó restar importancia al dato."Reducir el problema de las retribuciones a un problema de porcentaje de aumento", declaró a este periódico, "es el anticambio, porque significaría dejar las cosas como están, pero adaptadas a pesetas de este año. Hay que definir un nuevo sistema e irse acercando al mismo en dos o tres anualidades".

"Desde una mentalidad empresarial, que debemos llevar a la Administración pública, lo primero a definir es la base a la que ha de aplicarse el aumento: presupuestos iniciales de 1982, lo realmente gastado en 1982, o el coste en términos anuales de las plantillas a 31 de diciembre pasado, que en el Estado suponen más de 1,4 billones. Nosotros queríamos consolidar las desviaciones y llegar a dicha cifra, pero también que nos dijeran los sindicatos si incluyen en la masa la desviación flotante de los compromisos de homologación contraídos por el anterior Gobierno, que no han tenido efectos presupuestarios y que este año pueden suponer otros 3 puntos".

"El Gobierno", añadió, "quiere hacer un enorme esfuerzo para equilibrar retribuciones dentro de las administraciones públicas. Pero eso quiere decir por arriba y por abajo. Hay colectivos muy mal pagados, hasta el punto de que algún conserje de la banca oficial, por ejemplo, gana más que algún catedrático de universidad; incluso, entre dos conserjes: el del Instituto de Crédito Oficial gana al año 18 millones de pesetas y otros de ¡a Administración central se quedan en 670.000".

"El abanico salarial de las administraciones públicas es muy cerrado y hay que abrirlo. No es posible quitarles a los directores generales y darles a los administrativos, pues muchos deberían ganar más y, en cualquier caso, son en total muy pocos. Pero en diversos sectores hay sueldos no justificados, y se debe ir, como hemos propuesto a los sindicatos, a una política seria de congelación por colectivos".

"Eso se puede hacer", afirmó Borrell, "con el nuevo sistema así propuesto, basado en tres pilares: primero, simplificar el esquema en sueldo base, complemento al puesto de trabajo y quizá otro basado en relación con la productividad; segundo, despatrimonializar las retribuciones que hoy tienen ciertos colectivos y que se reparten según sus propios criterios, mediante su conversión en incentivos que permitan retribuir los puestos de trabajo específicos, pagar por lo que se hace y no por lo que se es, y tercero, compensar los mayores costes por equiparación de colectivos, a través de la congelación o disminuición del crecimiento de aumentos para los colectivos que los han sobrepasado mucho últimamente".