Altos cuerpos en pie de guerra

Si el Gobierno cumple hoy sus promesas y los cuerpos superiores de la Administración traducen su amenaza en hechos, el anuncio de uno de los mayores esfuerzos económicos del Estado con sus funcionarios, que absorberá el aumento de diversos impuestos, entre ellos el grande de la renta, será sucedido mañana por un paro indefinido de la elite burocrática.El respeto al derecho de huelga de todo trabajador, incluso de aquel cuyos privilegios le llevan a renegar del nombre, no debe ser tapadera de algunas evidencias. Vaya por delante que estamos ante la primera convocatoria de paro entre los cuerpos directivos de la Administración, precisamente en el primer año en que el Gobierno renuncia a imponer un aumento salarial y se ofrece a negociarlo.

La federación de cuerpos, por boca de su secretario general, señor Alvargonzález, ha reiterado que sólo van a la huelga por sentirse excluidos de la mesa, no sin denunciar de paso "la falacia de la supuesta negociación". Es decir, que quienes se han paseado muchos años por el Presupuesto del Estado como señoritos en su cortijo, mientras los funcionarios han perdido poder adquisitivo, impugnan ahora la representatividad de UGT, CC OO y CSIF. Sindicatos que en las pocas elecciones celebradas entre los funcionarios han recibido cientos de miles de votos -incluidos muchos de los suyos-, cuando ellos son 10.000, el 1% de los asalariados del Estado y Seguridad Social y el 0,5% de todo el sector público.

Seguramente, pese a que no lo reconozcan públicamente y a que los contribuyentes les cueste trabajo creerlo, tienen motivos justificados de disgusto, como haber pasado del descontrol absoluto a tener que fichar y cumplir su horario (algunos hasta 47 horas). Pero no hay que olvidar que, como directivos de la Administración, participaron en la responsabilidad de aquel caos y se han beneficiado del mismo. Eso en el sector privado cuesta algunas veces el puesto.

Mientras paralizaban con sus peleas, corporativas la acción de algún ministerio, por su acceso a la Junta Central de Retribuciones se repartían cada año parte de la masa salarial de todos los funcionarios, con incentivos de cuerpo o dotaciones para mutualidades que les aseguran mayores pensiones que al resto. Hay que decir que ahora ven amenazado tal privilegio.

La Administración, que ha recibido sus quejas cuando han querido, no discute que quizá algunos esten todavía mal pagados, y que tienen mucho que decir sobre la reforma administrativa. Pero de ahí a mantenerles como interlocutores privilegiados va un trecho.

Tampoco tienen motivos pa ra ver amenazado su nivel salarial por los sindicatos. Incluso CC OO y UGT, sorprendidos tal vez porque los votos de la mayoría de los españoles han colocado la acción política en materia de reforma administrativa por delante de la acción sindical, no se han resistido a tentaciones corporativas y han visto en la política de solidaridad propuesta por el Gobierno un obstáculo a lo que llaman "conquistas sindicales" de quienes tienen sueldos más altos.

Por este camino -y no es más que un ejemplo-, al Crédido Social Pesquero, donde el nivel medio anual de los salarios está en 3,5 millones de pesetas, nunca harán que se le caiga el nombre de vergüenza.