Insólitos visitantes de la sexta galería

Los prolegómenos de, estas insólitas visitas a la Modelo y de las responsabilidades penales y administrativas que ahora se reclaman funcionarios, gestores y empresarios, hay que situarlos en la sede del antiguo Instituto Nacional de Previsión de Barcelona. El impopular edificio, actualmente en obras, se caracterizó durante la década de los años setenta por la interminables colas de desempleados que invertían gran parte de la jornada en acudir a las ventanilla de información o en sellar sus cartillas de paro. Fuerzas de la Policía desalojaron en numerosas ocasiones encierros y disolvieron manifestaciones sindicales de protesta. A nadie, sin embargo, se le ocurrió pensar que los que, según todos los indicios, infringían la ley -con la ayuda de funcionarios hoy evaporados- en el tercer piso del edificio y sin alterar el orden público, serían un día conducidos a prisión en un furgón de la Guardia Civil.El mayor escándalo dado a conocer por la Administración socia lista y llevado a cabo posiblemente en connivencia con algunos alto funcionarios, alcanza un balance provisional de 53 personas implicadas en la defraudación, la mayor parte de las cuales se encuentra en prisión.

Funcionarios desaparecidos

Las coordenadas inmediatas de un fraude sin precedentes conocidos, hay que buscarlas en largos años de descontrol sobre las cuotas de la Seguridad Social y en la tradicional falta de transparencia existente en ella.

En el tercer piso del Instituto Nacional de Previsión de Barcelona, sede de la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT) varios inspectores de Trabajo, funcionarios y algunos empresarios se aprovecharon en su beneficio del descontrol administrativo, según la querella del fiscal.

Graciniano Gómez Catón, ex subdelegado de Trabajo en funciones y recomendado para el cargo de delegado por el ex gobernador civil de Barcelona, Jorge Fernández, fue uno de estos inspectores.

Hoy se encuentra en un lugar des conocido y, por el momento, a salvo de las medidas judiciales. Ramón Ballesteros, también inspector de Trabajo y jefe en aquella época de la ODIT, está igualmente desaparecido. En esta oficina prestaban sus servicios antiguos abogados de los sindicatos verticales, entre ellos Miguel Vilalta y Antonio Saltor, quienes se encuentran en libertad bajo fianza. Estos abogados, al parecer, ayudaron a extender los falsos requerimientos, junto con el funcionario desaparecido Francisco Gilabert. El jefe de los inspectores de Trabajo destinados en la ODIT durante la época de la defraudación era Jaime Talens.

La esencia del fraude

En esencia, la supuesta estafa consistía en conseguir la liquidación de las deudas pendientes de las empresas a la Seguridad Social mediante el pago de una cantidad muy inferior a la realmente debida. Así, cuando una empresa adeudaba las cotizaciones de varios años, se confeccionaba un requerimiento en el que los salarios se habían reducido a una tercera o una cuarta parte de su valor real. Se especula con la eventual existencia de un precio de la operación, cifrado en un porcentaje situado entre el 10% y el 20% del beneficio económico supuestamente obtenido por las empresas. El funcionamiento de los intermediarios está por desentrañar. Vicente Cardellach Marza, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona y titular de una de las principales gestorías de la ciudad, prestó declaración en relación con las actividades de un empleado de su gestoría.

El nuevo jefe de la ODIT, que tomó posesión de su cargo a finales de junio pasado, inició la investigación del fraude en el mes de julio. El descubrimiento fue debido a un hecho casual. Una de las empresas implicadas impugnó ante la Administración un falso requerimiento, al comprobar que las cifras, por error, se referían a cien trabajadores menos de los existentes en su plantilla. Al analizar el acta impugnada, la operación resultante de dividir la base de cotización por el número de meses a que hacía referencia y el número de trabajadores afectados por el requerimiento, difería en una considerable cuantía de los boletines de cotización, donde figuraba la cuota obrera calculada por las bases reales. El descubrimiento fue comunicado al jefe de la Inspección de Trabajo de Barcelona, Gregorio Granados, y al director provincial de Trabajo, Eustasio del Val, quienes pusieron el hecho en conocimiento de la Jefatura Central de la Inspección de Trabajo, cuya titular es María Luisa Senabre, antigua inspectora de Barcelona. El entonces subsecretario de Seguridad Social, Miguel Cuenca, tuvo conocimiento de ello.

La cuantía de la presunta estafa y el gran número de empresas relacionadas indujeron a levantar varias actas complementarias para cada una de las empresas defraudadoras, que correspondían al número de actas falsas levantadas y a su período. Los nuevos requerimientos fueron remitidos a la Magistratura Especial de Ejecuciones Gubernativas de Barcelona en un paquete aparte y con advertencia expresa -dado el volumen de actas en vía de apremio y el descontrol- de que no eran duplicidad de otras extendidas a las mismas empresas. Gran parte de las empresas implicadas ha procedido al pago de las diferencias en el último mes. El pasado jueves fue admitida a trámite, con una fianza de 50.000 pesetas, una querella interpuesta por Comisiones Obreras de Cataluña, en ejercicio de la acción popular, contra los que resultaren responsables de la presunta estafa. La querella señala que "cuando desde sectores económicos y políticos interesados, se está intentando desprestigiar al sector público y especialmente a la Seguridad Social, como fuente de todos los males de la sociedad, es necesario recordar que los ingresos que obtiene la Seguridad Social provienen en un 83% de las cotizaciones, que, a su vez, constituyen una parte del costo del trabajo".

José Valentín Antón, secretario de la Unión General de Trabajadores de Cataluña, declaró: "Eximir de responsabilidades a los empresarios acusados de fraude, es discriminar a aquellos otros empresarios que han cumplido honestamente con sus obligaciones de cobertura legal y social de los trabajadores, siendo víctimas de una competencia desleal".

La patronal y el Gobierno

La patronal Fomento del Trabajo y la CEOE han denunciado, por el contrario, "un clima de persecución que se ha abierto, en estos días contra los empresarios". En este clima situó Carlos Ferrer Salat "la actuación desproporcionada en contra de las empresas catalanas, a las que se ha relacionado con el fraude organizado a la Seguridad Social por determinados funcionarios de la misma y la sensación creada entre la opinión pública de que este fraude ha sido organizado y cometido por la generalidad de las empresas".

La aludida persecución del empresario ha sido desmentida por Ferran Cardenal, gobernador civil de Barcelona, quien señaló: "Nosotros perseguimos conductas posiblemente delictivas; si resulta que sus autores son empresarios, les aplicaremos la ley igual que a los demás, pero no hay persecución de empresarios ni de ningún colectivo en especial, puesto que es evidente que la inmensa mayoría de las empresas cumplen honestamente sus obligaciones con el Estado. Este asunto será investigado hasta el fondo y no se ocultará nada a la opinión pública".

Mientras tanto, hay un revuelo constante entre la población reclusa de la prisión Modelo, poco acostumbrada a este tipo de visitantes.