Posibles sanciones a los agricultores que desecaron tierras en el Guadalquivir

La Junta de Obras del Puerto de Sevilla recibirá en breve plazo poderes para sancionar a los propietarios agrícolas que han invadido y desecado varios miles de hectáreas de terrenos públicos en la rivera del Guadalquivir, en la zona del Brazo del Este, y las han puesto en cultivo para su particular beneficio (véase EL PAÍS; 5-2-1983). Así lo aseguró ayer el presidente de dicho organismo, Alfonso Moreno, que acaba de plantear el tema a altos cargos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.Moreno indicó que la Junta de Obras del puerto no tiene hasta el momento presente facultades sancionadoras contra estos agricultores, ya que en los últimos años no ha existido la jefatura provincial de costas, que debía de haberse ocupado de estas funciones. No obstante, el MOPU ha decidido aprobar próximamente un decreto en virtud del cual la junta pasará a ser competente en materia de deslinde de cauces públicos y vigilancia de las posibles anexiones de los mismos por propietarios agrícolas de las fincas colindantes.

A pesar de no tener legalmente atribuida la competencia, la Junta de Obras del Puerto de Sevilla ha organizado un servicio de vigilancia compuesto por once guardas de márgenes y ha tramitado ya numerosas denuncias contra agricultores en los juzgados de Puebla del Río, Aznalcázar, Villafranco del Guadalquivir y Sevilla. Entre los denunciados se encuentran Angel Peralta, Sebastián Borja, Ignacio Ribero, Moreno Santamaría y Cucarella, además de las empresas Arrocerías Herba y Cantaritas, SA.

Las citadas denuncias, que afectan también a la zona del llamado Brazo de la Torre, se producen como consecuencia de ocupaciones indebidas o destrucciones de cauces públicos, ejecución de obras sin contar con la autorización pertinente, instalación de una bomba, pastoreo abusivo y tala de árboles, es decir, todo un conjunto de agresiones a la propiedad colectiva de ambos brazos del Guadalquivir. Alfonso Moreno añadió que "hemos actuado en base a una responsabilidad más moral que legal, y no se puede hablar de que exista pasividad por nuestra parte", saliendo al paso de las denuncias formuladas por pescadores y ecologistas sobre la supuesta inactividad de la Junta de Obras.