Se potenciará la presencia del Estado en las comunidades autónomas

La potenciación de la presencia del Estado en las comunidades autónomas y la territorialización de la gestión gubernamental serán los ejes fundamentales en que descansará el proyecto de reforma de la Administración periférica del Estado que está estudiando el Gobierno socialista y que ya se empezó a abordar en la reunión del mes pasado de la Comisión Delegada para Asuntos Autonómicos.

El criterio de territorialización supondrá en términos generales la desaparición de las Delegaciones Provinciales ministeriales, que serán sustituidas por la nueva figura del delegado territorial. Es decir, cada área de actuación gubernamental tendrá un único responsable en la comunidad autónoma. La adecuación de la Administración periférica al nuevo Estado de las Autonomías se materializará probablemente en las próximas semanas y, aunque va a tener carácter general, sus ritmos de aplicación serán diferentes, en función de la marcha del proceso autonómico en las diferentes comunidades. Fuentes gubernamentales dignas de crédito manifestaron ayer que Cataluña será una de las primeras autonomías donde se implantará la nueva estructura.

La reordenación periférica de los diferentes ministerios va a estar en relación directa con su vaciado de servicios a través de las transferencias que el Estado ha ido realizando a cada comunidad, proceso que en el caso catalán abarca ya aproximadamente el 85% del total de las materias susceptibles de ser traspasadas.

Aunque el diseño final de la reforma no está aún perfilado, las mismas fuentes anticiparon los criterios generales y sus efectos fundamentales. La Comisión Delegada para Asuntos Autonómicos, a la que pertenecen el vicepresidente del Gobierno y los ministros de Administración Territorial, Presidencia, Justicia e Interior, con un representante también del de Hacienda, estudiará prioritariamente en su próxima reunión esta reorganización. Debe conocer la situación exacta de los traspasos a todas las comunidades autonómicas y sus calendarios, antes de abordar las áreas ministeriales que en cada caso van a quedar afectadas por el cambio de estructuras. No todos los Departamentos del Gobierno serán susceptibles de reforma. Por lo que se refiere a Cataluña, tanto el Ministerio de Hacienda, como el de Transportes y Comunicaciones mantendrán su actual funcionamiento, ya que poseen todavía un importante volumen de competencias y una alta dotación de funcionarlos, unos diez mil en el caso del segundo departamento.

Las funciones ejecutivas territoriales que actualmente corresponden a cada uno de los delegados provinciales serán encomendadas, según los criterios generales de la reforma, al gobernador civil de cada provincia, con lo que se neutraliza el peligro de un quiebro en la gestión administrativa. A su vez, los delegados territoriales quedarán bajo la dependencia del delegado del Gobierno en la comunidad y de la denominada Comisión de Coordinación de la Delegación del Gobierno, formada por el delegado y todos los gobernadores.

Una de las consecuencias inmediatas de se derivan de esta norma general es el reforzamiento del papel del delegado del Gobierno en cada autonomía, que se sitúa al frente y como máximo responsable de la política del Gobierno estatal. "Una política", afirman las fuentes consultadas, "con grados de coordinación mucho más racionales que los heredados, que permitirá hacer más eficaz la gestión del Estado. Era necesario poner orden en el conjunto de las actuaciones ministeriales periféricas y neutralizar la debilitación del Estado a causa de los contínuos cruces y duplicidad de gestiones entre los diferentes ámbitos provinciales y el Ministerio". Esta nueva organización interna de los ministerios en la periferia va a producir una disminución de las potestades propias de los gobernadores civiles que fundamentalmente quedarán reducidas a las competencias en orden público y seguridad ciudadana, ya que la coordinación de las representaciones de cada departamento del Gobierno central que queden en la provincia será poco trascendente en la práctica, a causa del vaciado producido por e hecho de los traspasos al Gobierno autonómico y de la territorialización-centralización.