Política de prioridades

Si en el pasado se ha venido poniendo un acento, quizá excesivo, en la plasmación del principio de libertad de enseñanza, entendido casi exclusivamente en el sentido de que el Estado debería garantizar el derecho a la libertad de creación y de elección de centros, el Gobierno del PSOE, a la luz del programa expuesto ayer en el Parlamento por su ministro de Educación, José María Maravall, parece inclinarse por el establecimiento de un orden claro de prioridades como principio inspirador de toda su política educativa, incluido el capítulo de las relaciones con el sector privado de la enseñanza.En este contexto, el derecho a la elección ha de ceder su lugar de importancia a los prioritarios derechos a la educación y a la gratuidad, de donde cabe deducir que "no existe un derecho a la subvención indiscriminada por parte de los centros", puesto que las ayudas del Estado deben responder a ese orden previo de clarísimas prioridades.

Una interpretación precipitada podría llevar a la conclusión de que la atención a los problemas de la enseñanza estatal se vaya a hacer en perjuicio de la enseñanza privada, sobre todo si se tiene en cuenta el énfasis en la dispar evolución que han seguido en los últimos años las inversiones en un sector y otro, que el ministro ha puesto de relieve en casi todas sus intervenciones públicas desde su nombramiento y sobre la que ayer mismo volvió a insistir. Pero del discurso de ayer lo que parece desprenderse con claridad es la intención de someter la política de subvenciones a ese mismo orden de prioridades, en virtud del cual no pueden esperar el mismo tratamiento, por ejemplo, los centros situados en las zonas nobles de las grandes urbes que aquellos otros, que se encuentran cumpliendo un servicio de escolarización en las zonas rurales o en los suburbios y cinturones industriales de las ciudades.

El ministro recordó ayer el escaso o nulo cumplimiento de las órdenes ministeriales de enero de 1972 que regulaban los criterios para la adjudicación de las subvenciones ("ubicación en zonas rurales o en núcleos de población de modesta economía y selección del alumnado entre residentes próximos a la zona donde está ubicado el centro"), así como el incumplimiento de la normativa sobre comisiones de control de las usodichas subvenciones.

En definitiva, todo parece indicar que la anunciada legislación al respecto, que el ministro ha prometido enviar al Parlamento antes del verano, va a seguir una estricta dirección en este sentido, así como en el de recoger las oportunas garantías para el respeto a cierto nivel del pluralismo interno en los centros, compatible con el carácter propio de los mismos, expresión que parece ir adquiriendo carta de naturalezaen sustitución del controvertido ideario.