Ledesma y Barrionuevo llegaron a un acuerdo sobre el proyecto

El estudio conjunto, por parte de los Ministerios de Justicia e Interior, sobre la problemática de la asistencia letrada al detenido, ha desembocado en una regulación más amplia que incluya también el desarrollo del derecho de hábeas corpus y obvie las objeciones puestas por el Ministerio del Interior al inicial anteproyecto elaborado por el departamento de Justicia a finales del pasado año.Los reparos iniciales del equipo del ministro del Interior, José Barrionuevo, afectaban a las dos novedades más importantes de la regulación que ya estaba preparada para su aprobación por el Consejo de Ministros: la irrenunciabilidad del derecho de asistencia al detenido, y su extensión a aquellos detenidos o procesados que se encontraran en situación de incomunicación.

El equipo del Ministerio del Interior hizo ver las dificultades que la asistencia letrada podría significar en el actual momento de la lucha contra el terrorismo. La posibilidad de que abogados vinculados a la organización terrorista ETA asistieran a los interrogatorios de presuntos etarras y pudieran desbaratar alguna operación policial, mediante la filtración de datos en poder de la policía, hicieron reflexionar a altos responsables gubernamentales y a los propios autores del anteproyecto inicial.

Aunque Barrionuevo negó el pasado viernes que hayan existido diferencias entre su departamento y el de Justicia a propósito de esta materia, es seguro que, al menos, se produjeron reservas o reparos al anteproyecto. Estas objeciones exigieron una recomendación de la cúspide del Gabinete a ambos ministros para que se pusieran de acuerdo.

Conflicto de intereses

Se trataba de una regulación en cuya iniciativa se reconocía la competencia de Justicia, pero que debería ser aplicada por las fuerzas de seguridad, dependientes de Interior, lo que implicaba la necesidad de consenso entre ambos departamentos.Fuentes gubernamentales aseguraron a este periódico que en todo momento existió acuerdo entre ambos ministerios sobre la conveniencia de regular adecuadamente la asistencia letrada al detenido, no sólo por un imperativo del

artículo 17.3 de la Constitución, sino también por convicción democrática, e incluso para cumplir una de las promesas hechas por el presidente del Gobierno, Felipe González, en la sesión de investidura.

El problema residía en la fórmula a utilizar, de modo que se asegurase la asistencia de abogado sin menoscabar otros intereses que el Estado está obligado también a defender.

En busca de ideas

Algunas organizaciones profesionales y humanitarias especialmente preocupadas por el tema -particularmente, los colegios de abogados y la Asociación Pro Derechos Humanos fueron invitadas por la propia Administración a buscar fórmulas que hicieran compatibles ambos objetivos. La idea surgida en el equipo del Ministerio de Justicia de que pudieran ser los fiscales quienes asistieran a los interrogatorios policiales de los detenidos fue pronto descartada.El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, el abogado José María Mohedano, manifestó que esta práctica "consagraría una subordinación inadmisible de los fiscales a la policía".

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Rius, ironizó sobre esta propuesta con las siguientes palabras: "Y ya que se piensa en el fiscal, ¿por qué no hacerlo en el juez?".