Numerosos parlamentarios habrán de optar entre mantener su escaño o continuar su actividad profesional

Dentro de un máximo de tres meses, numerosos parlamentarios de la actual legislatura deberán optar entre mantener su escaño o dedicarse a una actividad profesional calificada como incompatible por el proyecto de ley aprobado por el Gobierno para su envío a las Cortes. Así lo dio a entender el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, al dar a conocer a la Prensa el proyecto de ley sobre incompatibilidades de diputados y senadores, al que ayer dio luz verde el Consejo de Ministros. El citado proyecto, que permite, aunque con algunas limitaciones, la actividad privada para los parlamentarios, se muestra, en cambio, inflexible con la duplicidad de funciones públicas. Sí podrán mantener su escaño los alcaldes y otros cargos de representación popular, como los sindicales, pero en ningún caso quienes perciban otro sueldo de la Administración.

El proyecto de ley prevé incluso que el mandato de diputados y senadores es incompatible no sólo con el desempeño, sino también con la sustitución con otro cargo público, salvo los que estén expresamente autorizados. Entre tales autorizaciones se incluye el hecho de que los senadores puedan ser miembros de asambleas legislativas autonómicas, de diputaciones forales o consejeros de Gobiernos autónomos, cosa que no podrán hacer los diputados. En todo caso, los senadores que simultaneen ambos cargos sólo podrán percibir una remuneración. En el texto se enumera una larga lista de cargos incompatibles con la actividad de parlamentario, como miembros del Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, magistrados, militares, jueces, miembros de juntas electorales, miembros del Consejo de Estado, funcionarios de embajadas en activo, director y consejeros de RTVE, subsecretarios y otros altos cargos de la Administración, etcétera.Bajo cualquier supuesto, el cargo de diputado o senador es incompatible con el ejercicio de la función pública o con cualquier puesto que dependa de los presupuestos públicos, según dice tajantemente el proyecto. Las notarías y registros de la propiedad no están, según opinión del ministro Moscoso, consideradas como actividades privadas, por lo que caen de lleno dentro del régimen de incompatibilidades.

Tampoco podrán los parlamentarios percibir pensiones o derechos pasivos simultáneamente a su sueldo de diputados, aunque tales pensiones se recuperan automáticamente al cesar en el escaño.

La ley establece una excepción para aquellos consejeros de empresas públicas o representantes ante organismos internacionales expresamente designados por la Cámara, quienes sí podrán mantener su escaño aunque sólo percibirán las dietas que correspondan a su segundo trabajo.

Las actividades privadas sí serán compatibles con el ejercicio parlamentario; sin embargo, se prevé una serie de excepciones que hacen referencia a las posibles conexiones de esta actividad privada con la Administración pública. Por ejemplo, serán incompatibles las actividades profesionales que afecten a fines o servicios públicos, o puedan ser desempeña dos por administraciones públicas.Tampoco se permitirá el desempeño de cargos en sociedades concesionarias, administradoras o arrendatarias de servicios públicos, ni los servicios de asesoramiento en favor de empresas públicas o de la Administración, ni tampoco una participación superior al 10% en empresas de obras, servicios o suministros al sector público.

Se crearán, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, registros de actividades y de ingresos en los que los parlamentarlos deberán declarar posibles funciones susceptibles de causar incompatibilidad y sus remuneraciones por el total de sus actividades privadas.

Las disposiciones adicional y transitoria de este proyecto de ley indican que en el plazo de dos meses a partir de la vigencia de este texto los actuales parlamentarios que incurren en incompatibilidad habrán de optar por el escaño o por el puesto incompatible. Esta ley supone un adelanto sobre la futura ley electoral, a cuyo texto será incorporada.

Según Javier Moscoso, la aplicación con carácter retroactivo de esta ley a los actuales diputados y senadores es "absolutamente constitucional".

El ministro negó que el Gobierno haya pensado en algún momento declarar las actividades privadas absolutamente incompatibles con el cargo de diputado o senador, como habían filtrado algunos medios informativos, lo que, en su momento, creó un estado de auténtica rebelión en algunos escaños de la oposición.

Los médicos de la Seguridad Social, posible excepción

En todo caso, el ministro de la Presidencia admitió que "se legisla con carácter general": las excepciones podrían ser señaladas por las comisiones del Congreso de los Diputados. Moscoso no negó que entre tales excepciones pudieran encontrarse casos como los de: los parlamentarios que son médicos de la Seguridad Social.Escudándose en la tramitación parlamentaria de la ley y en que la casuística concreta sería estudiada por las citadas comisiones, Moscoso se negó a debatir algunos casos concretos señalados por los informadores, como el del propio presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, y sus clases honoríficas en la universidad.

El otro proyecto de ley de incompatibilidades, referido a altos cargos de la Administración, fue debatido ayer por el Consejo de Ministros pero no fue aprobado -pese a que en la referencia oficial figuraba como dictaminado por "falta de tiempo", según dijo Moscoso en la conferencia de Prensa, quien confió en que la semana próxima esté ya listo.