Notarios, médicos y registradores, principales afectados

De mantenerse inalterado el proyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros, varios parlamentarios del centro y la derecha podrían decidir en breve abandonar su escaño para dedicarse a su actividad privada, considerada incompatible, de acuerdo con las impresiones recogidas ayer por EL PAIS entre diputados de los grupos centrista y popular.Especialmente gravoso puede resultar el proyecto para notarios (tres en el Grupo Popular) y, registradores de la propiedad (uno, Pío Cabanillas, en el Grupo Centrista) y médicos ejercientes en la Seguridad Social (siete en el Grupo Popular). Un diputado notario llegó a decir que, en el caso de no poder disfrutar de arancel o hacer compatible el escaño con una sustitución, como. actualmente se viene haciendo, tendría que "pensar seriamente" en abandonar el Parlamento y regresar a su notaría, antes de cerrarla.

El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, opinó ayer que los parlamentarios que sean a su vez notarios no podrían mantener una sustitución, lo que podría hacer que diputados como José Luis Alvarez o el coruñés Pol optaran por regresar a sus actividades profesionales.

Para Carlos Ruiz Soto, médico y diputado de AP, la medida que le excluye de su trabajo en la Seguridad Social es "contraproducente, por la pérdida de ejercicio y de práctica que ello supone", a lo que Moscoso, no sin humor, respondió ayer diciendo que "los médicos siempre pueden buscarse otros trabajos privados. No son tantos los parlamentarios-doctores como para poner en crisis a la Seguridad Social".

Más duro aún parece ser el caso de Landelino Lavitia, presidente de UCD y del, Grupo Centrista, quien acaba de solicitar el reingreso como letrado del Consejo de Estado, renunciando al sueldo básico de parlamentario, aunque no a las dietas.

El proyecto de ley hará que deba volver a pedir la excedencia en el Consejo, si desea mantener el escaño, pues en el texto no sólo se contempla la incompatibilidad de sueldos, sino también de funciones.

Algo similar ocurre con el secretario del Grupo Parlamentario Centrista, Gabriel Cisneros, que también renunció al sueldo básico de diputado (como estaba establecido en la le y de incompatibilidades de Unión de Centro Democrático, que entró en vigor el pasado 1 de enero) para ejercer como funcionario.