Los obispos ante el aborto

EL DOCUMENTO de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal sobre la vida y el aborto, cuya posición de fondo nos parece esencialmente errónea, tiene la virtud de ser un documento pastoral de los obispos católicos para sus fieles antes que un papel destinado a la manipulación política. Las críticas del documento al Gobierno son contundentes, pero el texto, aunque invita a los católicos a que "expresen su desacuerdo" con el proyecto de ley, señala como cauce exclusivo de esas movilizaciones "los recursos legales que autoriza la Constitución", recomienda que la protesta se realice "con el respeto que imponen el espíritu cívico y la ley del evangelio", y se limita a rogar a gobernantes y legisladores que ponderen en conciencia sus decisiones. Sabiendo que en las Cortes existe una amplia mayoría socialista y que la aprobación de la ley no parece difícil, aun cuando se deje libertad de voto a los diputados del PSOE, esta apelación a la legalidad constitucional por parte de los obispos es, todavía en este país, un hecho a tener en cuenta.Los obispos subrayan que con la publicación del documento no se limitan a cumplir su ministerio pastoral, sino que ejercen el derecho que "como personas y como grupo nos reconoce la Constitución". La Iglesia católica, mencionada expresamente en el artículo 16 de nuestra norma fundamental, es una institución con enorme poder e influencia social en España. La jerarquía eclesiástica indica que, aunque su palabra "se dirige especialmente a los creyentes católicos", también aspira a que su voz sea "escuchada por todos aquellos que se sienten comprometidos en la defensa del hombre y el futuro de la humanidad". El derecho de los obispos a ampliar su auditorio tiene como corolario el de quienes no comparten -fuera o dentro de la fe católica- sus puntos de vista.

En el documento de la Comisión Permanente: aparece una nueva sensibilidad respecto a las "situaciones angustiosas y a veces dramáticas en las que se debaten algunas mujeres tentadas de recurrir al aborto". Los obispos mencionan esas situaciones, que "merecen comprensión y ayuda", y exhortan a la búsqueda activa de "soluciones idóneas" para estos "casos dolorosos" dentro del respeto "al don supremo de la vida". El documento recomienda que los posibles remedios se aborden "previniendo las causas que desembocan en tan dolorosas situaciones". La negativa posición de la Iglesia ante el uso de anticonceptivos y las campañas contra los centros de planificación familiar a cargo de los ayuntamientos y del Estado ponen de relieve las flagrantes contradicciones de la jerarquía en el terreno de las medidas preventivas para los embarazos no deseados. Aunque el texto exhorta a tomarse en serio "desde la niñez y la adolescencia una sólida formación de la sexualidad humana", es un hecho que la información en los colegios sobre prácticas sexuales y métodos anticonceptivos ha encontrado hasta ahora invencibles resistencias, cuando no escandalizadas denuncias, por parte de las organizaciones católicas. El llamamiento a "la sensibilidad cristiana y social ante un embarazo o nacimiento fuera del matrimonio" es tan encomiable en sí mismo como revolucionario respecto a los usos sociales y las normas imperantes durante épocas en las que la Iglesia ejercía una indiscutida autoridad moral sobre las costumbres y la legislación de nuestro país.

El documento solicita "el derecho a obrar en conciencia para los parlamentarios, los funcionarios y los profesionales de la medicina" que estén en desacuerdo con la despenalización del aborto. Esa petición es razonable, siempre y cuando la objeción de conciencia no sea manipulada al servicio de una intolerante estrategia de boicoteo de la aplicación de la norma. La pretensión del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de exigir de forma estricta la disciplina de voto a los diputados de la mayoría resulta, en este sentido, improcedente.

Sería hipócrita, por lo demás, ocultar algunas notables debilidades de fundamentación o de razonamiento en el documento episcopal. Los obispos afirman que "la ciencia moderna ha venido a corroborar, con creciente firmeza y claridad, la afirmación de Tertuliano en el siglo III" de que "es ya un hombre aquel que está en camino de serlo". Desde la condena de Galileo por la Inquisición romana hasta el repudio del darwinismo por los medios eclesiásticos, la historia de las relaciones entre la jerarquía católica y la comunidad científica han sido lo bastante conflictivas como para aconsejar un poco más de prudencia a nuestro episcopado en estas materias. La iglesia es hoy difícilmente una institución con autoridad científica, aunque la tuviera en el pasado. Tampoco es conciliable con la historia -en la que figuran estampas como las guerras religiosas y los suplicios de la Inquisición- la presunción de que la doctrina de la Iglesia haya descansado siempre, sin fisuras ni vacilaciones, sobre "la validez permanente del no matarás en los mandamientos dados a Moisés". De otro lado, la tendencia a establecer analogías entre el ámbito de la moral y el mundo del derecho lleva a la confusión. Mientras los ideólogos de la derecha más fanática suelen definir como asesinato, en el sentido fuerte de la expresión, a la interrupción voluntaria del embarazó, los obispos, de forma más prudente pero igualmente discutible, afirman que "no podrá escapar a la calificación moral de homicidio lo que hoy se llama aborto provocado". Pero el Código Penal no incluye el aborto en el capítulo dedicado al homicidio, y la equiparación del feto con la persona va en contra de la tradición jurídica de las leyes criminales, lo mismo que del Código Civil. La antropología y la historia han contribuido a debilitar la creencia en el valor absoluto de ese conjunto de preceptos, usos y costumbres que los europeos consideraron durante siglos como emanaciones de una ley natural (cuya interpretación, administración y aplicación correspondían, en régimen de monopolio, a las instituciones religiosas). Los caminos de la tolerancia quedarían cerrados para siempre si el relativismo y el pluralismo fueran sustituidos de nuevo por el monolitismo en el ámbito de la moral.