"Vamos a transferir mas de 600.000 funcionarios en el proceso autonómico", afirma Tomas de la Quadra

Encima de uno de los sillones de su despacho hay una bolsa con botellas de txakolí que le acaba de traer el diputado nacionalista vasco Marcos Vizcaya. Parece un símbolo del nuevo talante de las relaciones entre la Administración central y él Gobierno vasco que quiere conseguir el ministro desde que llegó a Castellana, 3, en diciembre. Asegura que lo que le falta al proceso autonómico, que quiere concluir en 1984, es racionalidad y transparencia. Ese es su objetivo desde que, con el equipo de expertos del profesor García de Enterría, trabajó en un informe que es el origen mismo de la controvertida LOAPA, ley que sigue considerando útil en algunos aspectos y sobre la que espera que el Tribunal Constitucional arroje luz "para tranquilizar a quienes piensan que afecta a sus estatutos".

Pregunta. ¿Cómo ve el desarrollo autonómico?Respuesta. Lo encontramos paralizado. Ello se explica en parte por el proceso electoral que vivimos desde agosto pasado y por la propia crisis del Gobierno, que se evidenció como bastante perfilada en las elecciones andaluzas. Ello produjo una cierta irracionalidad en el proceso en momentos anteriores, incluso, al- hecho, alectoral, y un cierto desfondamiento. Creo que, más que voluntad autonómica, lo que pudo faltarle es un proyecto con un horizonte de varios años a la vista. Cuando tomamos posesión comprobamos que las ponencias no habían avanzado en la negociación de los temas que debían ser objeto de transferencias para el 1 de enero, en base a unos calendarios bastante ambiciosos, para los que no se habían puesto los medios para cubrirlos.

Nuestra primera actuación fue intentar cumplir los compromisos del anterior Gobierno, hacer un esfuerzo de recuperar el tiempo perdido en esos meses. De mutuo acuerdo en todos los casos, se fijaron los servicios que se podían transferir el 1 de enero a todas las comunidades. Afrontar ese reto, con veinte días de mandato, es muestra de una voluntad política de concluir definitivamente el proceso autonómico con transparencia y con racionalidad, pero definitivamente, el año 1984.

P. ¿Cuándo tendrán traspasadas todas sus competencias Euskadi y Cataluña y cuáles son las principales dificultades que se plantean para culminar esa operación?

R. En lo que se refiere a Euskadi y Cataluña, queremos terminar este año el traspaso de transferencias. Queremos traspasar en los primeros meses el mayor volumen posible de los temas que faltan. Hay cuestiones complicadas, cómo educación, política de empleo, Seguridad Social, obras hidráulicas y aguas, Universidad e investigación, que se han ido aparcando para el final y ahora nos encontramós con que queda lo más difícil por traspasar. Las ponencias nos presentarán en un mes un informe en el que señalarán cuál es el estado de la cuestión, los puntos de discrepancia y criterios que pudieran servir de solución; en- todo caso, con esos elementos propiciaremos una negociación en un nivel más político.

Con respecto a la transferencia de autonomía universitaria, el problema radica en la existencia de un anteproyecto de LAU, que es posible que pueda presentarse dentro de este año ante las Cámaras. La ponencia tiene que ver si, con la actual legislación, es posible ya hacer algún tipo de transferencia. Es un tema que resulta interferido por una ley que tiene que ordenar todo el sector y condiciona esa transferencia. Hay una autonomía de la comunidad autónoma, pero está también la autonomía de la propia universidad, que hay que preservar.

La Seguridad Social está transferida en Cataluña y no lo está en el País Vasco, posiblemente por la coyuntura en que se hizo la operación. Es también un tema complicado, porque exige una reordenación a nivel estatal y que se clarifique en qué consiste ese convenio que se establece en el Estatuto vasco. Hemos traspasado a Cataluña entre el 80% y el 85% de las, competencias que le corresponden. Con respecto a Euskadi, estimamos la cifra en el 80%. Los negociadores vascos primero la rebajaron al 70% y ahora la sitúan entre el 55% y el 60%, que creo que no se aproxima a la realidad.

'Este es el año de Andalucía y Galicia'

P. En los casos de Andalucía y Galicia se han producido acusaciones de discriminación con respecto a la política de transferenicias a Euskadi y Cataluña.

R. Su protesta no era lógica. Llevábamos poco más de veinte días de mandato y no éramos responsables de los retrasos de sus transferencias. A ambas comunidades, y especialmente Andalucía, les sucedía que tenían una situación financiera complicada, porque las transferencias se les habían hecho mal. Tenían un volumen importante de competencias, pero les faltaban los funcionarios de apoyo y se producía una demora en la recepción de los créditos correspondientes a lo transferido. Vamos a intentar que al final de este año los niveles de transferencias de ambas comunidades puedan equipararse a los de Cataluña y Euskadi. Andalucía ha recibido el 1 de enero una partida importante de transferencias, fundamentalmente referidas a educación, lo que supone un traspaso de 50.000 funcionarios. Ostenta ya el 30% de las transferencias, y Galicia, el 50%.

Con respecto al resto de comunidades autónomas, queremos cerrar el proceso de transferencias a finales de 1984. Estudiamos la posibilidad de tener preparados todos los paquetes de transferencias, con sus valoraciones correspondientes, para final de este año y dejarlos a disposición de lascomunidades para que, a lo largo de 1984, los vayan asumiendo en la medida en que puedan.

P. ¿Como se materializará finalmente, la autonomía de Ceuta y Melilla?

R. Aunque en la Constitución se prevé la existencia de Estatutos de Autonomía, para ellas, al ser ciudades no pueden tener todas las instituciones ni la capacidad legislativa de una comunidad autónoma plena. Hay que adaptar el estatuto a esa situación de ciudades con instituciones que se adecuen a una naturaleza casi municipal. Hay que dotarlas de un régimen peculiar, que integre, en los órganos institucionales lo que es un ayuntamiento, pero con algunas de las competencias propias del artículo 148 de la Constitución. Queremos encontrar una solución al tema en los meses de febrero o marzo e implantarla de forma inmediata. Ceuta y Melilla no pueden quedar descolgadas del proceso autonómico.

Vamos a saber cuántos funcionarios están de más

P. ¿No se repetirán las resistencias entre los funcionarios de la Administración a una política de transferencias que puede afectarles directamente?

R. Esa resistencia, que ha existido, debe acabar. Contribuye a ella el hecho de que a nadie le gusta tener que irse a otro punto del territorio a seguir prestando sus servicios a una nueva Administración; incluso a los funcionarios de la Administración periférica del Estado les puede costar pasar a la autonómica. Esto es comprensible. Lo que ocurre es que cuando se contempla una operación de la envergadura de la autonómica, aumenta, naturalmente, esa resistencia e incluso se magnifica si los cuerpos del aparato burocrático ven que no hay un Gobierno coherente capaz de imponer una voluntad conjunta en el tema autonómico. Ello hace que se produzca una descoordinación ministerial, en cuyo ámbito unos transfieren y otros no. Los recelos aumentan si no ven que esa operación se hace con criterios transparentes, racionales, al- margen de influencias, presiones o injusticias, y si no tienen claro que se va a garantizar su situación en las comunidades autónomas.

Creo que en ese tema hay ya algunas normas, por ejemplo la propia LOAPA, que, en lo que se refiere a los funcionarios de los servicios centrales, establece ya unos criterios que, al hacer más transparentes y racionales los modos y procedimientos de transferencia, facilitan el proceso. Es preciso establecer de una forma más clara la posición y sus derechos en las comunidades a las que van a ser transferidos y su derecho a concurrir a los puestos de la Administración del Estado. Creo que en ese marco se pueden disipar algunos de los recelos existentes.

P. ¿Existen cifras sobre los funcionarios traspasados a las comunidades autónomas y los que habrá que transferir hasta la culminación del proceso?

R. Estamos haciendo ahora ese censo. No obstante, pueden calcularse en 200.000 los funcionarios transferidos hasta la fecha, de los que el 80% pertenece a educación y en su práctica totalidad son funcionarios de la Administración periférica.

Sólo se han evaluado los funcionarios periféricos transferidos, porque hasta ahora no se han transferido funcionarios de los servicios centrales correspondientes, con lo cual siguen estando en Madrid. Hasta la fecha, en las transferencias se ha hecho una valoración provisional, a reserva de que, al hacer la definitiva, metamos los funcionarios correspondientes de la Administración central. Esa valoración no se ha hecho nunca y nos hemos comprometido a ultimarla antes del 31 de marzo. Vamos a saber, por primera vez, cuántos funcionarios de los servicios centrales corresponden a lo transferido hasta ahora y cuántos están de más y tienen que ser transferidos a las comunidades.

A partir de ahora haremos las transferencias con valoraciones definitivas. Estamos haciendo el esfuerzo de adelantamos al propio proceso de traspasos para calcular, una vez completado el diseño final, a cuántos funcionarios puede afectar el proceso en su conjunto, cifra que creemos estará entre 600.000 y 700.000.

P. Al hombre de la calle quizás le interese saber cómo se van a financiar las autonomías.

R. Salvo en los casos de Euskadi y Navarra, que tienen sus regímenes especiales, las autonomías se financian, en. el período transitorio en que estamos" con la transferencia, desde las partidas presupuestarias del Estado, de lo que corresponde a los servicios transferidos. Otra técnica es la cesión de tributos, lo que permite a la comunidad cubrir sus servicios. En los próximos meses mandaremos a las Cortes un proyecto de ley de cesión. de tributos. Como esa técnica puede resultar insuficiente, las comunidades autónomas van a tener posibilidades de establecer recargos sobre tributos del Estado y de crear impuestos propios.

Cabe también que las comunidades autónomas participen en los ingresos del Estado que no corresponden a los tributos cedidos. Otro mecanismo es el Fondo de Compensación Interterritorial, que pretende hacer una redistribución de carácter solidario entre las distintas comunidades y tiene en cuenta, entre otros indicadores, los de nivel de renta, extensión superficial o población.

La ley la vamos a llevar de forma inmediata al Senado. Hay quejas de que el Fondo está mal calculado. Yo creo que la ley está bien hecha. Puede ocurrir que haya datos estadísticos utilizados para la aplicación de la ley que pueden estar desfasados y que habrá que actualizar. El Fondo de Compensación Interterritorial está evaluado en 180.000 millones de pesetas, pero está en estudio su aumento en forma relativamente importante en los presupuestos del año 1983.

'Ha habido sobrevaloración en las transferencias a CataluñaP. Cuando estaban ustedes en la oposición denunciaron que las valoraciones de transferencias a Cataluña estaban hinchadas por un importe de más de 20.000 millones. ¿Mantienen hoy ese criterio?

R. Lo habíamos denunciado en su día y ahora hemos visto que hay, efectivamente, datos suficientes para entender que esa sobrevaloración ha existido. Es un tema que, en breve, lo vamos a estudiar a fondo con los catalanes, para darle la solución que corresponda.

P. ¿Sigue creyendo en la utilidad de la LOAPA? Usted ha tratado de convencer a vascos y catalanes de que no afectará a sus estatutos.

R. Creo que, a pesar de todo, la LOAPA ofrece un cuerpo conjunto de doctrina e interpretación de la articulación de la Constitución y Estatutos y unas normas que pueden ser muy útiles, por ejemplo, en el tema de funcionarios. He dado a los negociadores catalanes y vascos interpretaciones que más o menos les han satisfecho. La duda que les puede quedar es que ésa sea únicamente la interpretación del ministro y no la única que se le pueda dar a la ley. Tengo la esperanza de que la sentencia del Tribunal Constitucional, que espero se produzca a finales de este mes o a principios del próximo, aclare las dudas de interpretación habidas entre los ponentes y detractores de la ley.