"Soy pesimista: durante los tres primeros meses de 1983, el paro seguirá creciendo"

Pregunta. La creación de empleo es el primer objetivo del Gobierno. Pero, ¿han surgido discrepancias entre los ministros sociales y económicos sobre cuáles son los instrumentos adecuados para conseguir una reducción sustancial del paro?Respuesta. No. Lo que ocurre es que cada departamento tiene propensión a defender su espacio. Hay una dificultad inicial a contemplar los problemas en su conjunto; cada ministro tiene un interés prioritario en que las medidas que se adopten correspondan a los problemas planteados en su área. En estos momentos, la preocupación esencial del Gabinete es intentar superar esa dinámica limitativa de la maquinaria de la Administración para proponer soluciones de conjunto.

P. Usted, como integrante del equipo económico del PSOE, defendía no hace mucho la posibilidad de incrementar el déficit en beneficio de la reactivación económica. Ahora el principal responsable económico del Gobierno sitúa la contención del déficit entre las principales prioridades de la gestión económica. ¿No es eso una contradicción?

R. Ese cambio radical no se ha producido en absoluto. Llegado un momento, el Grupo Parlamentario Socialista nunca planteó el crecimiento del déficit. En la discusión de los Presupuestos Generales del Estado para 1982 -en octubre de 1981, creo recordar- argumentamos que se estaba agotando el margen de déficit, que en aquel momento representaba el 3,6% del producto interior bruto (PIB). Ahora, cuando el déficit del Estado se aproxima al 6% del PIB, no tenemos más remedio que intentar su disminución. Desgraciadamente, no contamos con la posibilidad de acudir ilimitadamente al gasto público para resolver el tema del paro, nuestro principal objetivo.

'1983 es un año malo'

P. El paro registrado en 1982 alcanzó a 2.151.000 trabajadores, más si se tiene en cuenta la encuesta de población activa aún no publicada. ¿Será un año mejor 1983?R. El año 1983 es bastante malo para hacernos ilusiones sobre la reactivación del empleo. Hay, en primer lugar, unos condicionamientos de situación política. Las elecciones a final de un ejercicio económico son una hipoteca sobre la eficacia de acción del Gobierno. Nos hemos visto obligados a prorrogar los anteriores Presupuestos y nos hemos encontrado con una cierta paralización de la Administración provocada por el cambio. Pero además 1983 es un año en el que tampoco la economía internacional, que nos tiene que permitir aumentar nuestras tasas de crecimiento por medio de la exportación, se presenta demasiado optimista. En cuanto a la evolución del paro, no se conocía una serie tan alta y tan negativa como la registrada en los últimos meses de 1982. En ello puede haber influido el que muchos parados con el nuevo Gobierno hayan recobrado la confianza y se hayan apuntado nuevamente en las listas de desempleo. Lo cierto es que nadie puede hacer en estos momentos una previsión fundamentada sobre cómo va a evolucionar el empleo a lo largo de 1983. Personalmente, soy pesimista, y creo que en el primer trimestre de este año va a crecer él desempleo.

P. Este es un Gobierno de izquierda en el que la mayoría de los trabajadores han depositado su confianza. ¿Qué margen de maniobra le queda al Ministerio de Trabajo para no defraudar a los más de dos millones de desempleados?

R. Efectivamente, el enorme porcentaje de puestos de trabajo destruidos está llegando a una situación límite, pero las previsiones son que la actividad económica no se va a recuperar sustancialmente en 1983. Y sería demagógico decir que la creación de empleo va a mejorar sustancialmente. Necesitamos un período mínimo para retomar fuerzas. La voluntad del Gobierno, nuestro objetivo, es ir hacia una mayor igualdad, a través de la solidaridad, para el beneficio de los trabajadores. En unas circunstancias tan duras tenemos ineludiblemente que postergar algunas demandas, justas pero quizá menos imperiosas, para favorecer a los más necesitados. Nosotros pedimos que los trabajadores que disfrutan de un mayor nivel acepten esperar la solución de sus reivindicaciones en beneficio de aquellos que están en una situación más angustiosa. No obstante mantenernos el compromiso contraído con nuestros electores de crear 800.000 puestos de trabajo a lo largo de la legislatura, lo que no quiere decir que, matemáticamente, cada año hayan de crearse 200.000 puestos de trabajo.

'Nuevas fórmulas de empleo'

P. ¿Pero qué medidas concretas piensa acometer su departamento?R. En el peor de los supuestos que la economía internacional no evolucione favorablemente y, por tanto, que los efectos beneficiosos esperados sobre nuestro país no se produzcan. El Ministerio de Trabajo tiene un amplio campo de actuación autónoma. Con esfuerzo e imaginación, debemos llevar a cabo, como complemento de las líneas generales de política económica, una serie de medidas puntuales -microeconómicas, si se quiere- que nunca van a paliar al ciento por ciento la posible reducción del crecimiento económico pero que pueden tener una gran eficacia. En este sentido, tenemos la intención de revisar el paquete de medidas de fomento de empleo y poner en práctica nuevas fórmulas. Estamos trabajando en reorientar el Fondo Nacional de Protección al Trabajo y nos quedan campos específicos como la potenciación de cooperativas -tema sobre el que ya tenemos muy avanzado un anteproyecto- e incrementar las contrataciones incentivadas por encima de lo que sea. Es en estos aspectos, en los que tenernos responsabilidad y protagonismo exclusivo, donde debemos incidir fundamentalmente.

P. Actualmente, uno de cada ocho trabajadores en paro, según Comisiones Obreras, no recibe ningún subsidio por desempleo.

R. Estamos trabajando ya para un mejor conocimiento estadístico de la situación, porque no sólo es importante saber qué trabajadores reciben prestaciones y cuáles no, sino, incluso entre los primeros, conocer en qué estadio de prestaciones están, si al inicio o al final del período de cobertura. Recuperar el índice de cobertura implica un incremento muy fuerte en el gasto por prestaciones, y en 1983 tenemos ya presupuestariamente un límite en este aspecto. No obstante, teniendo en cuenta el aumento del número de desempleados, el número absoluto de trabajadores en paro que cuentan con protección no desciende tanto como la tasa de cobertura. En dos meses tendremos preparado el proyecto para la revisión de la ley básica de Empleo en el tema concreto de la cobertura.

P. Paradójicamente, una de las primeras medidas en materia laboral ha sido prorrogar el decreto de contratación temporal, que fue criticado por los sindicatos con el anterior Gobierno.

R. Lo hemos hecho, aunque hemos puesto el límite máximo de los dos años, y otros, porque no contamos con otras muchas posibilidades inmediatas. Nuestra posición de principio es que ésta no es la mejor solución y que hay que buscar otras vías que no supongan esa marginación frente al trabajador que cuenta con una estabilidad en el empleo. Aunque hacemos expresión de voluntad de que no es una política de empleo que deba mantenerse, de momento no vamos a suprimir la figura, porque permite la contratación. ¿En condiciones inferiores?, sí, pero siempre es mejor que el paro. A pesar de la escasa información disponible, alrededor de un 60% de los nuevos contratos corresponden actualmente a esta modalidad. Nuestra posición, de momento, es reducir este porcentaje y establecer cláusulas de garantía para evitar que la contratación temporal no sea utilizada contra sus propios fines, es decir, para sustituir pues tos fijos por eventuales.

P. ¿Pero usted cree que se va a producir inmediatamente una mayor contratación?

R. Existen en la actualidad condiciones extremadamente ventajosas de contratación que apenas están siendo utilizadas, pienso que por desconocimiento de los propios empresarios. Los contratos territoriales, modalidad extendida a todo el territorio nacional, suponen para la empresa el 50% de desgravación en las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año, y una subvención de 300.000 pesetas por puesto de trabajo si se contrata por tiempo indefinido a un trabajador desempleado. La utilización de esta modalidad ha sido absolutamente mínima. Actualmente hay una desconexión, que esperamos corregir, entre Ministerio y organizaciones sociales que es indicio de una situación psicológica de desánimo, en el sentido de que nada bueno puede esperarse de lo ya legislado.

P. Si la situación es grave a nivel general, adquiere tintes dramáticos en el campo, en especial en Andalucía. ¿Tiene el Gobierno el propósito de un replanteamiento general del sistema de empleo comunitario?

R. Efectivamente, tenemos la preocupación y la responsabilidad de dar soluciones eficaces a los problemas que sufren los campesinos, especialmente en el Sur, y no sólo en el ámbito de actuación de este Ministerio. Para elaborar una alternativa global tenemos, primero, que superar la dificultad de no contar con un censo riguroso. Estamos preparando un programa de actuación que permita encarar el problema de forma positiva, y esperamos anunciar en breve una serie de medidas a corto plazo que entrarán en vigor a lo largo de 1983 y que anunciaremos en su momento. Por otra parte, no podemos permitir por más tiempo la situación degradante de generaciones de jóvenes que se integran en el sistema de empleo comunitario, con subvenciones insuficientes, sin haber tenido nunca la posibilidad de trabajar. Es necesario establecer cursos de formación, que posibiliten su acceso a otros sectores productivos más especializados, en lugar de introducir al joven en esa rueda infernal.

P. La moralización de la vida pública es uno de los principales objetivos que el PSOE tiene planteados. ¿Qué piensa hacer su departamento con respecto al fraude sobre el desempleo?

R. La impresión que existe entre los ciudadanos es que el fraude está muy extendido. Los estudios estadísticos y las inspecciones del Ministerio de Trabajo reducen considerablemente su alcance. La realidad es quizá el justo medio. En primer lugar, es necesaria una coordinación entre las diferentes labores inspectoras para explotar en común esas informaciones. Pero, por otra parte, el control que se ejerce sobre los desempleados adolece de una cierta psicosis policiaca. Es preciso, de ahora en adelante, ofrecer a los parados un reciclaje profesional y no llamarlos a cursos sin interés, que no le ofrecen posibilidades reales de empleo. Para ello debemos hacer una oferta adecuada de colocaciones en base a la redefinición de grupos profesionales y, a partir de ahí, objetivar las sanciones para aquellos que rechazasen esas ofertas. Con todo, el fraude actual no es una panacea que permita grandes ahorros; su penalización obedece más a razones de solidaridad. El más extendido y el que es prioritario reducir al mínimo es el que se produce por connivencia entre empresas y trabajadores, y que afecta también a personas en activo.

'Los sindicatos en España son más débiles'

P. A pesar del protagonismo y la responsabilidad que los sindicatos tienen en una democracia, la realidad es que siguen siendo débiles, y su implantación, reducida.R. Las dos centrales mayoritarias, con ELA-STV en el País Vasco, se han ido fortaleciendo y consolidando. Sin embargo, es cierto que los sindicatos en España son más débiles que en otros países; su afiliación es baja y carecen de medios para prestación de servicios. Se trata de un círculo vicioso. Para esta situación habría dos salidas: una, a base de potenciar a las organizaciones sindicales, enchufándolas al presupuesto, y otra, creando un marco jurídico de relaciones laborales que, sin olvidar la obligación del Estado de apoyar sus programas de formación, su necesidad de locales y de medios, permitiera su afianzamiento y consolidación. Hasta ahora los sindicatos han carecido de apoyo, salvo los ochocientos millones de pesetas. Nuestra idea es seguir con esa financiación en base a las actividades que sobrepasan sus intereses concretos, como formación profesional, servicios jurídicos, etcétera, pero no es una fórmula definitiva. La libertad sindical implica una autonomía frente a los poderes públicos; en los países democráticos no es normal que los sindicatos reciban una subvención, aunque hay ejemplos de éstas.

P. En el plano legislativo, ¿piensa el Gobierno revisar la actual legislación y proyectar nuevas leyes que permitan esa consolidación sindical?

R. En la línea apuntada de configurar un marco jurídico de relaciones laborales, vamos a abordar la elaboración de cuatro grandes leyes. La primera se refiere al derecho de huelga. El decreto por el que se regula esta materia es de 1977, anterior a la legalización de las centrales sindicales, y que está derogado en parte por sentencia del Tribunal Constitucional. En esta ley no se contemplará el cierre patronal, que no puede ser la contrapartida al ejercicio del derecho de huelga. La segunda gran ley es la del derecho de sindicación, que sustituirá a la ley de 1977, anterior a la Constitución y que no sólo ha de reconocer el derecho a la libre sindicación, sino también él derecho a desarrollar la acción sindical en cualquiera de sus formas, y concretamente en el ámbito de la empresa. La tercera será la ley de conflictos colectivos. Esta materia constituía el título cuarto del Esta,tuto de los Trabajadores y fue retirado por un compromiso, no cumplido, del Gobierno de regularlo separadamente. Con esta ley se quiere además dar un mayor protagonismo a las organizaciones sociales en temas como mediación, conciliación y arbitraje, de manera que pueda romperse el actual cuello de botella existente en las magistraturas de trabajo. Y, por último, se llevará a cabo la creación del Consejo Económico y Social, para lo que ya se han iniciado contactos con Hacienda.

P. ¿Y sobre la acción sindical dentro de la empresa?

R. Fuera de, la empresa, los sindicatos ya han consolidado su protagonismo negociador, pero en muchos casos su presencia no ha llegado a traspasar las puertas de las fábricas. Es necesario ir más allá dentro de la empresa, potenciar las secciones sindicales, que hasta ahora han tenido un papel muy reducido. Sin embargo, no hay que olvidar que un alto porcentaje de trabajadores todavía prefiere los comités como forma de representación. Los esfuerzos legales que se hagan en este sentido no van a suponer la extinción de los comités. Además, los propios empresarios prefieren muchas veces el interlocutor externo, la instancia superior del sindicato, que negociar sus problemas con los delegados de los trabajadores de su propia empresa.

P. Las elecciones sindicales se han desarrollado en un clima de polémica y confusión, en parte por la falta de una normativa clara.

R. Hay que revisar el actual sistema, y la nueva normativa debe estar en consonancia con el modelo sindical,dentro de la empresa.. El tipo de elecciones que se ha desarrollado no es bueno porque no se puede mantener abierto el proceso electoral durante dos años. Los resultados de las elecciones de 1982 aún no pueden hacerse públicos de forma oficial,.ya que se están contrastando las actas y las denuncias sobre fraude. Tampoco tenemos decidido aún el período de cómputo, pero es una decisión que ha de tomar el propio Instituto de'Mediación, Arbitraje y Conciliación.

'Reafirmar el contacto con la emigración'

P. ¿Cuál va a ser la política de su departamento respecto a los emigrantes?R. Tenemos ya en proyecto una nueva ley de emigración, y además pensamos fortalecer las labores de asistencia enlas representaciones españolas en el exterior, así como la potenciación de las funciones del Instituto Nacional de Emigración. Una de nuestras mayores preocupaciones la constituye la educación de los hijos de nuestros emigrantes y el desarraigo que sufren respecto a la cultura de sus padres. Ahora nos encontramos con unas necesidades distintas. Los hijos de los emigrantes, en la mayoría de los casos, han crecido en un ambiente extranjero y han recibido su cultura. Creemos que es fundamental conseguir que no pierdan el uso del idioma de sus padres y, sobre todo, que se sigan considerando españoles. Otro de nuestros principales objetivos es reafirmar el contacto con la emigración española en America Latina, que, aunque ya lleva varias generaciones allí radicada, ha con.servado celosamente sus lazos con España.

P. Por último, señor ministro, ¿cuáles piensa usted que van a ser los plazos para conseguir los objetivos que tiene planteados?

R. Sería demagógico y aventurado hacer futurología. Nuestro compromiso de que al final de la legislatura se hayan creado 800.000 puestos de trabajo sigue en pie. Lo que sí haremos durante el presente año es un enorme es fuerzo para ampliar la cobertura de forma que tenga efectos inme diatos. Tratamos también de poner orden en la casa, de mejorar los instrumentos que poseemos: Instituto Nacional de Empleo, Fondo Nacional de Protección al Trabajo, etcétera. 1983 va a ser también un año de diálogo en profundidad con las organizaciones sociales para desarrollar la legislación laboral. Durante el próximo año comenzaremos a obtener resultados en los grandes paquetes de legislación, como ley de pensiones, emigración y revisión de la ley básica de Empleo. Pero sobre todo quisiéramos que lo fundamental de nuestro balance sea que hemos logrado una mayor igualdad a través de la solidaridad de todos.