El fiscal solicita una pena total de más de 52 años de prisión para los nueve mineros de Crimidesa

A las 11.15 horas de ayer se inició en la Audiencia Provincial de Burgos el juicio oral seguido contra los nueve mineros de la empresa Crimidesa y contra un líder sindical de CC OO que intentó mediar en el conflicto. El fiscal ha solicitado, con carácter provisional, que se imponga a los acusados una pena total de 52 años y nueve meses de prisión por los presuntos delitos de atentado, coacciones, daños y detención ilegal.

Más de un centenar de personas llenaron ayer la sala de lo penal de la Audiencia Provincial de Burgos, donde se celebra el juicio oral seguido contra los mineros y el líder sindical. Hay una cierta expectación por el juicio de Crimidesa, porque a algunos este procedimiento judicial les ha hecho recordar situaciones que ya se creían superadas, cuando la clase trabajadora avanzaba por el túnel de la represión sin más luz que la octavilla y la pintada.Ayer, mientras los mineros procesados empezaron a declarar, alguien recordó los procesos seguidos en el TOP contra el movimiento obrero o incluso aquellos consejos de guerra en los que se juzgaba y condenaba las huelgas y las movilizaciones sindicales. Algo de todo eso hay en el juicio que se inició ayer en Burgos, a pesar de las reiteradas preguntas del ministerio fiscal, a través de las cuales se demuestra que la justicia no mermó en ningún momento los derechos sindicales de aquellos trabajadores.

Siete meses de huelga legal

Pero al margen de estos planteamientos sociopolíticos, existen unos razonamientos jurídicos que han llevado a estos diez procesados hasta el banquillo de los acusados.

Los hechos que están siendo juzgados acaecieron el 28 de octubre de 1980, cuando los trabajadores de la empresa minera Crimidesa, sita en Cerezo de Río Tirón, llevaban siete meses de huelga legal. El relato pormenorizado de lo acaecido aquel día fue repetido ayer hasta la saciedad por cada uno de los procesados en el transcurso de sus interrogatorios.

"Nos enterarnos, porque alguien nos avisó o porque escuchamos las campanas de la iglesia, que pensaban sacar los sulfatos de la mina con camiones. Si los camiones cargaban, la huelga se nos iba a freír churros. Así que todos corrimos hacia la mina", aseguró uno de los procesados.

Se puso ayer en claro en el transcurso de esas declaraciones que no sólo corrieron hasta la mina los trabajadores, sino también las mujeres, los niños y los ancianos. A partir de ese momento acaecieron unos confusos incidentes que van desde presuntas lesiones a dos ingenieros de la Delegación del Ministerio de Industria de Burgos a la discutida y polémica retención de los responsables de: la empresa, que se prolongó durante doce horas y que tuvo lugar en las oficinas que ocuparon los trabajadores.

"Lo único que queríamos es que los camiones no salieran con el sulfato. Este era nuestro único objetivo", continuó otro de los procesados. Siguió afirmando este procesado que la verdadera situación de presión y de conflicto no se daba en el interior de la oficina donde permanecían reunidos con los empresarios, sino fuera, en la calle, donde permanecían las mujeres, los niños y los ancianos.

Las mujeres nos insultaban y nos llamban calzonazos

"Las mujeres nos insultaban y nos llamaban calzonazos y nos decían que no debíamos dejar sacar los sulfatos", recordó otro procesado. El conflicto del 28 de octubre de 1980 finalizó a las dos de la madrugada cuando los mineros, las mujeres, los niños y los ancianos celebraron una reunión y decidieron dar por finalizado el encierro. La huelga de Crimidesa continuó durante unos meses más.

Prueba testifical en la sesión de la tarde

Pero la causa judicial investiga sólo los hechos de aquel día. Este sumario ha sido calificado de increíble por alguno de los abogados observadores de la vista y como un atentado a las libertades sindicales.

A las siete y cuarto de la noche, después de seis horas dejuicio, se inició la prueba testifical. José Miguel Contreras, directivo jefe de Administración y accionista de Crimidesa fue el primero en prestar declaración. Aseguró que no había existido una negociación sino lo que sufrió fue un "encierro".

"Aquel día impidieron que cargásemos los camiones con los sulfatos que habíamos producido con el comité de mantenimiento. Después vino la gente hacia las oficinas, algunos con palos, otros con botellas, incluso uno llevaba una especie de bidoncillo. Nos obligaron a entrar dentro de la oficina, y nos dijeron que de allí no se movía nadie. Empezaron a cerrar las puertas con muebles, con las mesas formaron unas barricadas", declaró el testigo.

Según José Miguel Contreras empezó así aquel encierro, que duró doce horas y en el transcurso del cual les fue negada comida y tabaco y lo único que se les dio fue un botijo de agua.

"Nos amenazaron con rajarnos y alguien gritó que había que quemarnos", pero después este testigo matizó que la situación era confusa, que había nervios y que incluso dejaron de sentirse retenidos cuando llegó al lugar el gobernador civil de la provincia, Manuel del Río.

Los abogados defensores, al interrogar a este primer testigo, hicieron hincapié en la actitud provocadora de la empresa, que quiso sacar el sulfato a toda costa, intentando así romper una huelga que era legal.

Fotógrafos y magnetofones en la sala

El juicio oral por los incidentes del 28 de octubre en Crimidesa puede prolongarse hasta el próximo sábado. Durante la jornada de ayer declararon los procesados y algunos de los testimonios. Hoy se espera la declaración del resto de los 63 testigos, entre los que se encuentran los ex gobernadores civiles de la provincia Manuel del Hoyo Aguilera y Antolín de Santiago.

A la sesión de ayer tuvieron acceso no sólo los periodistas gráficos y la televisión, sino también los informadores de radio con sus magnetófonos. Esto último es un hecho sin precedentes en las vistas orales en los tribunales de toda España.