El fiscal pide el procesamiento del ex jefe de servicios de la cárcel de Valencia en relación con el suicidio de un recluso

El fiscal Gonzalo López Ebri ha solicitado del titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Valencia, Francisco Martínez Muñoz, el procesamiento del ex jefe de servicios de la Cárcel Modelo de la ciudad, José Ignacio Martínez del Buey, quien estaba desempeñando sus funciones cuando el pasado 30 de octubre ingresó el recluso Juan Antonio García Acién, de diecisiete años, que al día siguiente apareció ahorcado en una celda de aislamiento.

Como ha venido informando este periódico, la investigación judicial en torno a la muerte de García Acién, que cumplía condena de dos años por robo en el Instituto Penitenciario de Liria, en régimen abierto, y fue trasladado a la cárcel de Valencia, se inició mediante la acción popular que ejercitaron los abogados Cristóbal Fernández y Virgilio Latorre. Ambos consideran que no es el momento más adecuado para procesar, porque aún pueden detectarse nuevos y más graves indicios delictivos y podría pedirse otros procesamientos.La acción popular es una modalidad, prevista en la Constitución, para solicitar el inicio de diligencias judiciales y consiste en que, personas no afectadas directamente por hechos presuntamente delictivos, pueden constituirse en parte acusadora. Se utilizó también para investigar la posible existencia de malos tratos en la cárcel de Herrera de la Mancha.

Fernández del Buey, en la actualidad, ha abandonado su puesto de jefe de servicios de la Cárcel Modelo por haber sido nombrado administrador de la prisión de Figueras (Gerona), lo que supone un ascenso en su carrera como funcionario. Su procesamiento es el primero que se solicita dentro de este caso. Hasta el momento, se han practicado numerosas pruebas -entre ellas, la declaración. de funcionarios y los directores de los dos establecimientos penitenciarios relacionados con los hechos- y el juez decidió clausurar las celdas llamadas negras o ciegas de la Cárcel Modelo.

En una de estas celdas, sin luz ni ventilación y no ajustadas a lo previsto en el actual reglamento penitenciario, concretamente la número cinco, apareció colgado del cuello García Acién con un jirón de una manta. Recientemente, se procedió a una inspección ocular de esta celda por parte de un psiquiatra para que emita un informe pericial sobre sus condiciones y su posible repercusión en la conducta del preso fallecido.

El Ministerio Fiscal, al que López Ebri representa en el sumario, entiende que los hechos probados hasta el momento, y sin perjuicio de una calificación jurídica mayor, podrían ser, por lo que respecta a Martínez del Buey, constitutivos del delito previsto en los párrafos cuarto y quinto del artículo 187 del Código Penal.

En ellos se señala, concretamente, que incurrirá en pena de suspensión, que puede ir de seis meses a seis años, "el funcionario de prisiones que, sin mandato de autoridad judicial tuviere a un preso o sentenciado incomunicado o en lugar distinto del que le corresponda", o bien "el funcionario de prisiones que impusiere a los presos o sentenciados privaciones indebidas o usare con ellos de un rigor innecesario".

Martínez del Buey reconoció en su declaración que, cuando llegó García Acién, acompañado por el director del centro de Liría, Ramón Cánovas Calatrava, y un funcionario, tomó la decisión de ingresarlo en la celda de aislamiento número cinco, en función de los antecedentes agresivos y violentos del recluso.

Canovas Calatrava había decidido el traslado de García Acién en virtud de un altercado con un funcionario durante el que, según algunas declaraciones, el preso, que se encontraba bebido, insultó e intentó agredir al funcionario.

No obstante, la acusación poppular -los dos abogados- al tener conocimiento de la petición de procesamiento, que se cursó con fecha de 25 de enero, dirigieron ayer un escrito al juzgado en el que, si bien se identifican con la solicitud del fiscal, discrepan con éste en cuanto al momento en que se pide. Creen que puede haber más responsabilidades y otros tipos penales más graves; por ello, el procesamiento de Martínez del Buey ahora podría interrumpir la marcha del sumario, cuando todavía no se ha practicado un buen número de las pruebas solicitadas por la acusación popular.

Una de ellas, es que se pida a la dirección de la cárcel una relación de los fallecimientos por suicidio ocurridos en el establecimiento durante 1981 y 1982. En la relación, habría que especificar el lugar de la acción suicida, la fecha, el medio utilizado, el lugar de la muerte e informes médicos de cada uno de los fallecidos.

Entre las pruebas, figura igualmente que se cite nuevamente a declarar a tres funcionarios, entre ellos el médico de la Cárcel Modelo, con apercibimiento de que pueden ser conducidos por la fuerza pública por no haber acudido a una citación anterior. Se pide también que declaren otros funcionarios, como el director de la cárcel cuando ocurrieron los hechos, Armando Flors, quien ya prestó declaración, y el entonces subdirector, Manuel Mansilla. En la actualidad, ambos se encuentran cesados.