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Fuertes discrepancias entre algunos dirigentes empresariales ante la política económica del Gobierno

Joaquín Estefanía

Las discrepancias en el tipo de críticas a la política económica del Gobierno se acentuaron ayer en medios empresariales. Mientras Claudio Boada, presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), declaraba asumir todas las medidas adoptadas por el ministro de Economía y Hacienda, José Antonio Segurado, presidente de la patronal madrileña, rompía la tregua de los cien días concedida a los socialistas criticando casi globalmente su gestión. Por otra parte, medios absolutamente representativos de la CEOE explicaban la necesidad de conceder más tiempo antes de hacer una valoración en su conjunto.

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Claudio Boada, principal interlocutor empresarial del nuevo Gobierno, con el que colabora desde el INH, declaraba ayer que consideraba "correctas, ortodoxas y objetivas" las medidas tomadas hasta ahora por Miguel Boyer, el superministro económico, y que si él estuviera en este puesto, hubiera adoptado las mismas decisiones. Ello lo hacía en Radio Nacional de España, al presentar el encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre Cómo ven nuestros hombres de empresa la economía española, que durante ayer y hoy convoca a más de mil empresarios que contrastarán sus opiniones con las del presidente de Gobierno, Felipe González; el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, e Industria y Energía, Carlos Solchaga. Boada simultanea su presidencia en el INH con la APD y su pertenencia al Círculo de Empresarios.Casi al mismo tiempo, la junta directiva de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) hacía pública, a través de su presidente, José Antonio Segurado (hasta hace pocos días vicepresidente de la CEOE), la primera crítica compacta a la actuación de los socialistas desde medios empresariales. Segurado comentó medida por medida todas las tomadas hasta ahora (devaluación, incremento del coeficiente de caja, medidas urgentes presupuestarias, aumento de la presión fiscal, contratación temporal, reducción de jornada laboral, ...), para llegar a la conclusión de que no son las mejores para fomentar el empleo. "Desgraciadamente", dijo Segurado, "y no por culpa de los socialistas, desde las elecciones ha habido un nuevo incremento de los desempleados, por lo que el objetivo de crear 800.000 puestos de trabajo en la legislatura se ha convertido en la necesidad de generar 1.085.000 empleos".

El presidente de la patronal madrileña recordó que Joaquín Almunia, hoy ministro de Trabajo, afirmó en el pasado mes de junio que los socialistas tenían ya elaborados unos presupuestos para 1983, "y sin embargo, hoy por hoy, no sabemos nada de esos presupuestos". "Vemos una cierta inactividad e indefinición en los grandes objetivos, y entre ellos creo que sería conveniente saber qué ocurre, por ejemplo, con el papel de la demanda exterior e interior, el protagonismo que va a tener el sector público y con qué gasto, qué instrumentos van a ser los prioritarios en la política económica, qué criterios de política monetaria, de endeudamiento exterior y de control de cambio se van a adoptar, qué política de vivienda, energética se va a aplicar, ...). Horas más tarde, Miguel Boyer, en el pleno del Congreso de los Diputados despejaría algunas de estas dudas al presentar el cuadro macroeconómico del Gobierno y hacer balance de la situación heredada.

Repartir pobreza

Max Mazim, directivo también de la patronal madrileña, explicó que "o se rompe el círculo vicioso en el que estamos metidos desde hace algunos años o iremos de mal en peor. Se va a repartir pobreza en vez de crear riqueza y luego distribuirla".

A pesar de la declaración expresa de Segurado de que "no hay distanciamiento entre CEOE y CEIM", fuentes muy representativas de la cúpula patronal declararon que todavía era pronto para enjuiciar la actuación del Gobierno y que se mantendría la tregua psicológica de los cien días. Ferrer Salat y Felipe González mantienen un diálogo constante, que se extiende a José María Cuevas y los principales ministros económicos del Gobierno, y, que no quiere ser roto por parte de los empresarios con críticas públicas y globales. Sin embargo, es perceptible el pesimismo entre los representantes de los empresarios hacia la política del Gobierno, sobre todo ante el reto de frenar el gasto público, que es considerado, dentro de la patronal, como la base de cualquier relanzamiento.

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