No quiero ser funcionario
Corren aires de funcionarización. Se dice que entre las dos posibles vías de acceso y permanencia para el profesorado universitario -contratado y funcionario-, las nuevas autoridades del MEC van a optar o han optado ya por la segunda, el funcionario: todos funcionarios. Se aducen números -en la actualidad hay mayor cantidad de profesores funcionarios que contratados (gracias, evidentemente, a la política de UCD en los últimos años)-, dificultades de todo tipo y, quizá, aunque se diga menos, la fuerza, el poder y la presión ejercida -evidente ya en la discusión de la frustrada LAU- por los cuerpos más altos de la universidad.Si ello es así, no puedo por menos que proclamar mi desencanto y mi disconformidad. Yo no esperaba este cambio. No quiero ser funcionario, no me interesa, ni deseo para la universidad la jerarquización y el caciquismo, no apuesto por valores como el escalafón, la antigüedad y el espíritu de cuerpo, los traslados, las oposiciones y toda la parafernalia, entre humillante y oportunista, que las rodea. No pido tampoco, mantengo aún ciertas dosis de realismo, la extinción de los cuerpos, pero sí requiero, al menos, la coexistencia.
Lo mío es bien sencillo. Mi vocación no es la funcionarización, sino la enseñanza. Deseo enseñar, y enseñar investigando, no en estado de dormición; y por ello, que se me reconozca no la pertenencia al cuerpo, sino los méritos que esa enseñanza y esa investigación puedan tener. Que se me reconozcan y que se me exijan también, que se me incite y motive. No, pretendo, por enseñar e investigar, ser profesor de segunda fila. Si no tengo vocacion de funcionario, tampoco es lo mío el papel de héroe marginal, al borde de la no renovación de contrato o de la inferioridad en toda la vida universitaria. Que se me reconozca -o se me niegue, de todo habrá- mi capacidad docente e investigadora en función del trabajo, no de los años de escalafón o de las relaciones de amistad y cuerpo, y que ese enjuiciamiento responda a unos criterios objetivos, transparentes y públicos. Sería de desear que también los funcionarios profesores estuvieran sometidos a las mismas condiciones, y sé que hay bastantes, los mejores -convivo diariamente con ellos-, que no sólo aceptan un sistema como ése, sino que lo desean y luchan por él, pero mucho me temo que el cuerpo, en cuanto tal, no está por la labor. A la experiencia me remito.
Seguridad, dignidad e igualdad
No deseo poder, no quiero ir a los tribunales de oposiciones ni dedicarme a la cooptación. Tampoco pretendo afincarme en un puesto que, por vitalicio, conseguiría apolillarme. Pero sí quiero lo que cualquier trabajador justamente reivindica: seguridad en mi empleo, dignidad en mi trabajo, igualddd en mi salario -según un viejo principio vigente en los años sesenta y setenta y también ahora de actualidad: "a igual trabajo, igual salario"-, participación en las decisiones que me afectan, reconocimiento de mis derechos como trabajador (que el Estado sea el empleador no es motivo suficiente para que me sean conculcados..., diría que todo lo contrario), autogobierno... Son principios elementales. ¿Tan difícil es plasmarlos en el BOE?
No comprendo qué añade la funcionarización a la enseñanza, a la actividad docente e investigadora, pero si alguien la desea, no me opondré a ella. En contrapartida solicito bien poco: que se respete también mi deseo, si es que realmente sirvo, si cotidianamente enseño e investigo, y que se estime objetivamente, en su justo valor -no hablo de precio-, esa actividad. No comprendo qué puede añadir a la valía científica de un profesor pedir el traslado a Bilbao, marchar luego a Alicante, para recalar finalmente en Madrid. El periplo pudo acrecentar su categoría en el cuerpo -salió agregado, volvió catedrático-, pero no acrecienta el capital científico.
Ahora bien, si hay quienes gustan de viajes tan poco aventureros -y los hay-, que se les permita hacerlos, no seré yo quien se lo impida. Pero también aquí una contrapartida: el derecho de la comunidad universitaria a seleccionar a su personal en un marco de rigor científico, objetivo y público, el derecho al autogobierno y la autonomía universitaria, a estimar que aquel viaje no es un mérito, sólo una oportunidad, y que el cuerpo y el MEC (instrumento del cuerpo más que de la voluntad social) no tienen por qué endosarlo ni endosárnoslo.
Lo mío es bien sencillo: no deseo ser funcionario. No quiero entrar por la puerta pequeña de las oposiciones restringidas o similares, y pido que el MEC no me obligue a ese rito humillante. No sé si habrá muchos con mi actitud, pero, aunque sean pocos, ¿por qué no tener en cuenta tan humildes pretensiones?
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Opinión
- II Legislatura España
- MEC
- Curso académico
- Gobierno de España
- Funcionarios
- Profesorado
- Universidad
- Ministerios
- Legislaturas políticas
- Comunidad educativa
- Función pública
- PSOE
- Gobierno
- Educación superior
- Parlamento
- España
- Administración Estado
- Sistema educativo
- Partidos políticos
- Legislación
- Administración pública
- Educación
- Política
- Justicia