Los sindicatos denuncian graves irregularidades en la gestión del Montepío de Puertos

Los sindicatos CC OO y UGT han solicitado del ministro de Trabajo y Seguridad Social que nombre una auditoría "que investigue y esclarezca la situación económica y financiera por la que atraviesa el Montepío de Previsión Social para empleados y obreros de puertos". La petición se basa en un informe previo de los censores de cuentas, que han detectado presuntas irregularidades en la gestión de los fondos, centradas fundamentalmente en la inexistencia de libros contables y falta de control sobre los gastos.

El montepío, creado en septiembre de 1981 de acuerdo con la ley de Montepíos de 1941, es una institución de previsión social de gestión mixta. El número de afiliados activos al 31 de diciembre de 1981 era de 8.164, y el de pensionistas, de 5.936. El saldo bancario, a 31 de julio de 1982, era de 1.445.503.700 pesetas. El Montepío de Puertos se nutre con las aportaciones que realiza cada puerto en función de sus ingresos. La aportación está fijada en el 10% de los citados ingresos. En 1981 las cantidades aportadas rondaron los 2.800 millones de pesetas. Sin embargo, según datos de las centrales, no todos los organismos cumplen con sus compremisos en este sentido y las cantidades no satisfechas por diversos puertos se acercaban en 1981 a la cifra de 330 millones de pesetas.El órgano máximo de dirección del montepío lo constituye la junta de gobierno, formada por ocho miembros, de los que sólo dos representan al personal laboral, es decir, a los 8.000 afiliados en activo y a los casi 6.000 pensionistas. Este es precisamente uno de los aspectos que los dos sindicatos, CC OO y UGT, vienen denunciando con más fuerza. A su juicio, no se da una participación en base a la representatividad de cada colectivo.

El informe de los censores de cuentas, referido al año 1981 y remitido al Ministerio de Trabajo el pasado 15 de diciembre, se refiere únicamente a las cuentas de la oficina central y advierte que el examen se ha realizado sobre "un paquete de documentos sin clasificar". La existencia de diversas irregularidades en la documentación analizada ha llevado a pedir a CC OO y UGT que el Ministerio de Trabajo realice una auditoría en todo el organismo. Según Luis Amor, secretario general de Puertos de UGT, ello ha provocado en algunos puertos amenazas más o menos veladas a miembros de ambos sindicatos para que retiren la solicitud de auditoría.

Los censores ponen especial énfasis, a lo largo de su informe, en la no existencia de documentación contable, como libro de caja y actas de arqueo, y al escaso o nulo control que se ejerce sobre los distintos pagos efectuados por la oficina central. A este respecto, se señala que algunos pagos se justifican mediante simples cuartillas y en las facturas no aparece el recibí del titular o el nombre comercial, limitándose a recoger el pagado; en otras ocasiones, ni siquiera eso.

En la justificación de haberes del personal de la oficina central, el secretario cobra sus retribuciones, mediante recibo, por un importe mensual a cuenta de 173.252 pesetas, sin que se especifiquen los conceptos, situación que se da también en el personal contratado. En la compra de bienes mobiliarios no se ha pedido presupuesto a distintos proveedores, como es norma habitual en este tipo de adquisiciones, teniendo en cuenta que el montante de la compra superó las 678.000 pesetas. Los censores subrayan que en todos los pagos se observa un enorme descontrol y la falta de documentos que justifiquen los mismos, y ni siquiera existe un libro de caja que recoja estos pagos. En la justificación de dietas del secretario, falta acompañar el diario de operaciones, así como los billetes para la justificación de los gastos de locomoción.

El informe denuncia el abono de cantidades para compra de gafas, prótesis dental, etcétera, al personal de oficina, y aparecen unos resúmenes de recetas de farmacia que los censores suponen fueron abonadas a los interesados con el mero trámite de su presentación. Esta práctica es habitual, según el informe. Se abonan gastos sin exigir justificación de los mismos. También se indica que se han dado gratificaciones al personal de oficina por la realización de fichas de jubilados, pagándose cada ficha a 75 pesetas, lo que, a juicio de los censores, resulta una cantidad excesiva, teniendo en cuenta que se trata de trabajos propios del montepío que deben realizarse en jornada laboral, para lo que cobran prolongación de jornada.

Contratación irregular

Respecto a contratación de nuevo personal, los censores han observado que de las contrataciones efectuadas en los meses de mayo, junio y julio de 1981 no existe documentación alguna al respecto. La paga extraordinaria de julio abonada a este personal alcanzó la cifra de 32.604 pesetas, cuando, según los censores, la cantidad que les correspondía rondaría las 8.000 pesetas. El informe subraya que, en la oficina central no se puede hacer una comprobación a fondo por la inexistencia de libro de caja. Y faltan las actas de arqueo de caja mensual y certificados de saldos en los distintos bancos.