La legislación europea, mucho más rigurosa

Los sistemas de incompatibilidades que rigen en la mayoría de los países europeos son mucho más estrictos que la actual legislación española. En realidad, la Ley de Incompatibilidades 20/82 del 19 de junio pasado ha sido calificada como una ley de compatibilidades más que de incompatibilidades. Esta es, por ejemplo, la tesis que sostiene el profesor José Esteban Martínez Jiménez en el número 195 de la revista Doctrina Administrativa. Con la aplicación de esta normativa, que fue aprobada con los votos centristas, aliancistas y de la Minoría Catalana, el Gobierno socialista ha pretendido preparar el camino para la anunciada Ley de Reforma de la Administración, que seguirá los criterios básicos de incompatibilidades que rigen en la mayoría de países europeos.Francia

El sistema de incompatibilidades que funciona en Francia prohíbe desempeñar más de un empleo con cargo a los presupuestos del Estado y se aplica tanto a los funcionarios como al personal de las empresas financiadas con fondos públicos. Excepcionalmente, podrán autorizarse algunas compatibilidades, pero por un tiempo determinado y con remuneración reducida. La legislación francesa prohíbe también a los funcionarios públicos el ejercicio privado de su profesión con carácter lucrativo. Considera que el ejercicio libre de la misma actividad que realiza en la Administración es una fuente de corruptelas. La legislación vigente refuerza incluso este principio en algunas profesiones concretas, prohibiendo, por ejemplo, a los ingenieros la realización de planes y proyectos al margen de su cargo público. En el caso de los cargos de mayor responsabilidad, como los de director general, la ley impide incluso el ejercicio libre de la profesión durante un cierto periodo de tiempo después de dejar el cargo. Este criterio general de incompatibilidad se aplica no sólo a los funcionarios, sino también a todos los empleados que perciben retribución del sector público y los que prestan servicio en empresas públicas. Las únicas excepciones a este principio son la producción de obras científicas, literarias o artísticas y el ejercicio de la abogacía por parte de los profesores de las facultades de Derecho. Una ley de 1958 regula las condiciones bajo las cuales los médicos al servicio de universidades y hospitales públicos podrán atender enfermos particulares.Cuando un funcionario es elegido diputado o senador, ha de dejar el cargo. Sólo en casos excepcionales podrá seguir desempeñándolo y, en cualquier caso, por un tiempo no superior a seis meses. Varias leyes recientes refuerzan el sistema de incompatibilidades, como la que estipula que el ejercicio de la abogacía libre es incompatible con todo empleo público, incluso el electivo.

República Federal de Alemania

Los funcionarios del Estado Federal de Alemania realizan su trabajo en régimen de plena dedicación y precisan autorización previa, que puede ser revocada en cualquier momento, para poder ejercer otro empleo o actividad remunerada de carácter secundario. Precisan también autorización previa para realizar actividades comerciales o artísticas, para ejercer profesiones liberales o tener participación en cualquier empresa. La autorización previa será denegada cuando se considere que la actividad afecta negativamente a la función pública. Para las únicas actividades que no se requiere autorización es la administración de la rentas personales, la creación artística o científica, la investigación y la docencia. Los funcionarios elegidos para un mandato representativo deben tomar una excedencia especial en el cargo, al que podrán retornar de forma automática en cuanto termine el mandato.

Reino Unido

Los funcionarios del Home Civil Service no están sometidos, a diferencia del resto de países europeos, a ningún estatuto específico, pero se rigen por una serie de reglas entre las que figuran algunas específicas de incompatibilidades. Su dedicación al puesto de trabajo es plena y rige en todo caso el principio de la neutralidad política. Se considera que existe una incompatibilidad general con cualquier otra actividad pública o privada simplemente por razón de horario. La prohibición de acumular empleos públicos abarca también a los cargos electivos. Los intereses privados no deben interferir, en ningún caso, en la función pública y no se pueden utilizar los conocimientos oficiales para actividades privadas. Los funcionarios públicos están obligados a solicitar permiso al Gobierno para aceptar otro empleo durante un periodo de dos años después de su cese en el cargo o su jubilación.

Comunidad Europea

La normativa que rige en la Comunidad Económica Europea (CEE)recoge los principios básicos de las legislaciones francesa y alemana, con un reforzamiento importante: prohibe simultanear el cargo en la CEE con cualquier otra actividad o función en cualquier país, incluido el de origen del funcionario. El estatuto de personal de 5 de abril de 1968 estipula que los funcionarios deben declarar si ejercen actividades privadas lucrativas para examinar si son incompatibles con el cargo comunitario. En el caso de los funcionarios elegidos para un mandato representativo en su país, deben solicitar una licencia de tres meses, durante los cuales se examinará si pueden continuar el cargo comunitario o deben solicitar excedencia.