Matesa resucita

Juan Vilá Reyes, promotor y principal propietario de la empresa al estallar el affaire, ha opinado que el acuerdo contenido en el proyecto de Decreto se sustenta sobre su criterio de que debería pagar el seguro, y modifica la sentencia por la que fue condenado a más de 223 años de cárcel, con todas las consecuencias que se quieran extraer durante los últimos doce años, uno de los empresarios que más se benefició del franquismo, pero casi el único que resultó perseguido encarcelado y arruinado, el ex presidente de Matesa ha esgrimido tres argumentos centrales: uno que tenía las operaciones perfectamente garantizadas por los seguros (de ahí concluye que se le da la razón ahora); el otro, que se anticipó al futuro y resultó víctima de una operación política, como puede demostrar el día que "tire de la manta". Pero él no ha querido conceder una entrevista a este periódico para revelar lo que siempre ha dicho guardar, al parecer por considerar que quienes contribuyeron a su caída ocupan todavía importantes puestos.Los ejecutores de la transación, que espera fraguar al ser autorizada por un proyecto de Decreto, lo han visto de otro modo. "En todo caso", ha dicho uno de ellos, "se puede hoy deducir que el fraude estaba perfectamente asegurado en un 80% o 90% del principal de los créditos". Como es sabido, las procedimientos judiciales de Matesa empezaron al descubrir que las exportaciones para las cuales llegó a conseguir hasta 12.000 millones de pesetas en créditos oficiales al 5% y medio plazo fueron en buena parte ficticias. Para ello manipularon documentos y realizaron salidas ¡legales de capitales por algunos miles de millones de pesetas. Esto costó a Vilá Reyes dos sanciones por salida ilegal de dinero -una de 21 millones (octubre de 1967) y otra de 1.658 millones (mayo de 1970, pero luego condonada por el indulto)- y la sentencia de mayo de 1975: culpable de dos delitos continuados de estafa, por 8.993 y 590 millones de pesetas, 417 delitos de falsedad en documentos mercantiles, y cuatro delitos de cohecho activo.

Reflotar la empresa

Por su parte, quienes llevan hoy los restos de la empresa (Administración judicial y trabajadores) no han presentado de momento objecciones al proyecto, pero lo consideran parcial y hubieran querido ser parte. Su objetivo es otro y no desean que sea interferido: reflotar la empresa.Las incertidumbres al respecto estan a punto de ser despejadas. Tras las seis subastas de Matesa, todas declaradas desiertas, la última en marzo de 1981 y sin precio inicial, los implicados hoy en la empresa quieren que el Juzgado Especial que lleva el caso convoque otra. Y, al parecer, lo hará con carácter inminente. En esta ocasión, acudiría una Sociedad Anónima Laboral formada por los propios trabajadores. La compra, a precio simbólico y con los activos libres de obligaciones, supondría el final del embargo y administración judicial de 1970.

A este fin, son gestionadas ayudas por unos 90,0 millones de pesetas, en buena parte para relanzar la entidad y el resto para cometer las indemnizaciones, jubilaciones y desempleo del correspondiente plan de viabilidad. Según fuentes de la empresa, ya se dispone de un nuevo producto, considerado revolucionario en los procesos de fabricación textil y que va a ser presentado el próximo mes de octubre en la feria de Milán.

En su opinión, el proyecto de Decreto revelado esta semana no zanja en sí. más que los problemas entre organismos del Estado, pero aprovecha una posibilidad de pacto que fue promovida en los últimos años de Matesa por la propia empresa e incluida en una disposición transitoria de los Presupuestos Generales del Estado para 1982.

El Decreto, que ya cuenta con el apoyo del ministro de Economía y Hacienda, según medios de la Administración, autorizará al Consorcio de Compensación de Seguros y a Crédito y Caución, SA a pagar a la Comisión Liquidadora de Créditos a la Exportación (véase EL PAÍS del pasado miércoles) unos 4.326 millones de pesetas, que la Comisión pasará al crédito oficial. A cambio de recibir ya este dinero, que por el goteo de sentencias del Tribunal Supremo tardaría algunos años en llegarle, la Comisión perdona 1.300 millones de pesetas para que las compañías de seguros, que han perdido en pleitos más de 1.000 millones, se subroguen en sus derechos frente a terceros.

Como unos 4.000 millones de pesetas saldrán de un organismo autónomo del Ministerio de Hacienda -el Consorcio de Compensación de Seguros- y los otros 326 de Crédito y Caución, SA formada por el sector público y, minoritariamente, el seguro privado-, en el fondo todo se circunscribe al Estado. Sin embargo, fuentes oficiales han recordado que el Consorcio utilizará sus reservas, nutridas por las sobreprimas que cobran las compañías de seguros a sus clientes.

Pérdidas del Estado

Con esta operación, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado, ya se podrán echar cuentas de lo que ha costado el caso Matesa. La Comisión Liquidadora, creada para intentar recobrar los 9.800 millones de pesetas en créditos y 1.300 en intereses que debía Matesa al Banco de Crédito Industrial al estallar el escándalo, conseguirá únicamente 6.900 millones de pesetas al valor actual. Procederán de los citados 4.326 millones de pesetas, unos 1.000 entregados ya al crédito oficial después de ganar seis pleitos en el Tribunal Supremo a Crédito y Caución, SA (EL PAÍS del pasado miércoles), y otros 1.000 millones en poder de la Comisión por dichos pleitos y los avales prestados por los colaboradores de Vilá Reyes. No ha podido cobrar nada de Matesa, ni prácticamente nada de Vilá Reyes (fue subastada una lancha de su propiedad, el yate a su nombre desapareció y un piso fue hipotecado por la Caja de Ahorros).Aunque a la Comisión Líquidadora le queda el derecho de reclamar a las sociedades extranjeras que recibían exportaciones de Matesa y no pagaron, ha recuperado unos 100 millones prácticamente y da por perdido el resto, porque muchas de aquellas empresas eran filiales de Matesa. También le queda perseguir a Vilá Reyes para que pague su condena de 1975 o, subsidiariamente, a Matesa. Pero al primero no le queda nada a su nombre (realmente es un hombre condenado a no tener nada, porque si la Comisión le descubriera algo debería reclamarlo) y del embargo de bienes de Matesa como subsidiaria tampoco se espera conseguir más que la cantidad simbólica que ofrezca la Sociedad Anónima Laboral en la próxima subasta. Así las cosas, de los 17.000 millones de pesetas apuntados en la cuenta que lleva la Comisión Liquidadora por los 11. 100 millones que fue encargada de recuperar y el 5% de intereses anuales que devengan desde 1969, los 6.900 cubren un minimo, si se tiene en cuenta la inflación acumulada en estos doce años. Con este dinero recuperado, apenas pueden compensarse las indemnizaciones y gastos por desempleo que debió afrontar el Estado para los varios miles de trabajadores que se quedaron en la calle tras el affaire.

Este verdadero asalto al dinero de los ciudadanos (más importante que los otros descubiertos en los últimos años del franquismo, como Reace, Sofico y Confecciones Gibraltar) sólo ha sido pagado por los condenados en el único y a todas luces descafeinado proceso que permitió el indulto concedido por Franco en 1970: Vilá Reyes, sus colaboradores más inmediatos y unos cuantos empleados del Banco de Crédito Industrial acusados de negligencia o cohechos para agilizar los trámites en la concesión de créditos oficiales.

La corrupción o negligencia no salpicó a nadie más, pues los tres ex ministros y otros altos cargos inicialmente procesados quedaron libres por el indulto y luego sólo comparecieron (el caso pasó así del Tribunal Supremo a la Audiencia de Madrid) como meros testigos. Y eso que sus declaraciones fueron suficientes para saber que viajaron al extranjero invitados por Matesa a visitar fábricas y que sospechaban o conocían las irregularidades desde un período que oscila entre seis meses y dos años antes de divulgarse el asunto. También quedó probado que Matesa empezó a recibir créditos oficiales en 1964, dos años después tenía 1.830 millones, y entre 1967 y 1969 acumuló hasta 12.000 millones, pese a que la primera condena por fuga de capitales se produjo en octubre de 1967, tras lo cual llegó a recibir casi una cuarta parte -de los recursos anuales del Banco de Crédito Industrial.Vilá Reyes y varios tecnócratas del Gobierno mantuvieron desde el primer momento que la empresa hubiera sido viable con una incautación que evitara el affaire, y han acusado al sistema político de crear las condiciones para un caso innesario que les trató como víctimas. Los viejos azules, celosos del creciente poder de los tecnócratas figados al Opus Dei, trataron de recuperarlo, azuzando el escándalo sin reparar en los orígenes ni en las consecuencias, que resultaron desfavorables para ellos.