El fondo de compensación y los planes provinciales

Leo en el periódico que los responsables económicos del Gobierno quieren incluir los planes provinciales en el Fondo de Compensación Interterritorial. Casi simultáneamente, recibo en mi despacho una voluminosa propuesta de distribución del importe del plan provincial entre los municipios de Madrid, basada en los principios del fondo. Otro recorte reciente me informa sobre el trato de favor recibido por los planes de provincias donde los anteriores ministros del ramo tenían sus escaños. Decididamente, los planes provinciales de obras y servicios están en baja.A la trasnochada polémica diputaciones-comunidades se suma una evidente desconfianza sobre los mecanismos de distribución del importe de los planes entre las provincias y, dentro de ellas, entre los distintos municipios. La desconfianza genera, a su vez, una afanosa búsqueda de criterios objetivos para la asignación, y el empleo de fórmulas de distribución aparece como inevitable. Pero este proceso termina violentando los fines perseguidos con la creación de los planes que ahora, y -probablemente- siempre, se mantienen como deseables.

Tanto el fondo como los planes son, desde luego, mecanismos de transferencia de recursos a entidades más pequeñas: del Estado a las comunidades y de las provincias a los municipios. Pero ahí acaba la similitud. El fondo intenta la corrección de los desequilibrios territoriales. Los planes agrupan y coordinan la cooperación del Estado con los municipios, prestándoles ayuda para que puedan cumplir sus obligaciones municipales.

Con independencia de cuál sea, o deba ser, el organismo encargado de realizar la cooperación, es importante que la función no se convierta en un mero reparto de dinero y mantenga su propósito finalista inicial. La cooperación municipal nació para corregir carencias técnicas, urbanísticas, de servicios, económicas y también obras. Los planes no reparten dinero, solucionan situaciones deficitarias de infraestructura y servicios que los ayuntamientos no pueden afrontar. Aunque parezca que transfiriendo dinero se obtendría el mismo efecto, en realidad no es así. Por debajo de un cierto umbral de población, los problemas tienen un tamaño desmesurado para los recursos municipales, por mucho que se quieran compensar los desequilibrios.

Si en un municipio de unos quinientos habitantes se agota el pozo para abastecimiento de agua -me limito a contar un ejemplo reciente cualquiera-, de nada sirve que, a través de un mecanismo como el fondo o similar, haya recibido una cíantidad de dinero para obras, más o menos proporcional a su población. Nunca esa cantidad será suficiente para realizar un nuevo pozo.

La cuenta es bien sencilla. Los planes son de aplicación en municipios de menos de 20.000 habitantes y, en España, 13,5 millones de personas viven en ellos. Suponiendo que la inclusión de los planes en el fondo mantuviera su dedicación a los municipios más pequeños, el importe de 15.000 millones supondría unas 1.100 pesetas por habitante. Si se adoptan coeficientes correctores, tal como se hace en el fondo (máximo para Extremadura con 3,2 veces la media y mínimo para Madrid con 0,45 veces), las dotaciones máxima y mínima serían de 3.500 y quinientas pesetas por habitante. En el caso más favorable, ese municipio recibiría 1,75 millones de pesetas, que es la tercera parte de lo que puede costar el pozo. Si el municipio fuera más pequeño o su coeficiente corrector no fuera el máximo, la cifra podría suponer sólo la décima o veinteava parte de la necesaria. Recuerdo que en la provincia de Madrid, el 30 % de los pueblos tienen menos de quinientos habitantes.

Ni siquiera con un reparto lineal -impensable y probablemente indefendible desde cualquier punto de vista- de todo el importe de los planes, el pueblo podría construir su pozo. Como hay unos 7.700 pueblos de menos de 20.000 habitantes, les corresponderían menos de dos millones de pesetas a cada uno, también insuficientes. Solamente una utilización finalista de esos 15.000 millones, a través del organismo que se quiera, bien sean diputaciones o comunidades, pero para atender necesidades específicas formuladas por los ayuntamientos, podrá resolver estos problemas.

Probablemente sea razonable que el importe de los planes se distribuya juntamente con el fondo a efectos de cifras totales. Y también sería razonable que lo gestionen las comunidades para coordinarlo con el resto de las actuaciones. Pero, en todo caso, debe figurar en epígrafe separado y debe mantenerse su carácter finalista. También, en todo caso, debe evitarse la tentación de asignar subvenciones mediante parámetros o variables socioeconómicas a nivel municipal. Por debajo de los mil habitantes, es imposible reproducir la realidad vital de cada municipio con el recurso de unos pocos parámetros de empleo general. No queda otro remedio que inventariar los déficit y hacer frente a las solicitudes municipales con una clara política de prioridades y una gestión transparente.

Miguel Aguiló es director de los servicios de infraestructura de la Delegación de Urbanismo y Ordenación Territorial de la Diputación de Madrid.