Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

León y el otro Suárez

JUSTO EL mismo día en que el presidente del Gobierno recibía a los presidentes de las comunidades vasca y catalana, en su elogiable estrategia de solucionar mediante la negociación los problemas autonómicos pendientes, la Diputación Provincial de León adoptaba la ilegal decisión de desligarse de la comunidad castellano-leonesa e iniciar los trámites para una autonomía uniprovincial. Que la medida no se tenga en pie jurídicamente es, por supuesto, el aspecto decisivo de una resolución que choca directamente con el ordenamiento constitucional. La Diputación de León adoptó, en abril de 1980, la iniciativa del proceso autonómico regulada por el artículo 143 de la Constitución en pro de la comunidad castellano leonesa, con veinticuatro votos a favor, uno en contra y una abstención. Posteriormente, y dentro del obligado plazo legal de seis meses, 158 ayuntamientos de la provincia, que representaban a más del 80% del censo leonés, se adhirieron a la iniciativa, culminando el trámite en el ámbito provincial. Después, una asamblea elaboró el proyecto de Estatuto de Autonomía de la comunidad castellano-leonesa y lo envió a las Cortes Generales. Sólo la disolución de las Cámaras impidió que ese Estatuto, actualmente en trámite de ponencia en el Congreso, fuera aprobado durante la anterior legislatura.¿Cuál es el trasfondo político de ese dislate jurídico?. La dimisión de Rodolfo Martín Villa y su renuncia al escaño de diputado, gesto que honra a este veterano profesional del poder, ofrece alguna pista para explicar este acontecimiento bufo, que resultaría intrascendente para los leoneses, para los castellanos y púa el resto de los españoles si no fuera por las implicaciones jurídico-constitucionales de la decisión y por su condición de síntoma de la estrechez de miras de una parte de nuestra clase política. Las viejas rivalidades locales entre los hermanos Martín Villa, hoy de capa caída, y los hermanos Suárez, en claro ascenso tras su elección como diputados de Alianza Popular, buscan como escenario para librar su particular duelo nada más y nada menos que el complejo ámbito de la construcción del Estado de las autonomías.

En la tradición de la más rancia política aldeana, Fernando Suárez, con su hermano José María como intermediario, ministro en el último Gobierno español que dio el enterado al fusilamiento de cinco condenados a muerte, ha elegido como cuestión simbólica la autonomía provincial para obligar a los tránsfugas leoneses de UCD, en plena desbandada tras la hecatombe electoral del 28 de octubre, a doblar la rodilla y rendirle homenaje como nuevo padrino.

De los veintidós votos mediante los que la Diputación leonesa cambió el pasado jueves el digo de la comunidad castellano-leonesa por el diego de la autonomía uniprovincial, veintiuno corresponden a los mismos diputados de UCD que el 16 de abril de 1980 obedecieron las instrucciones de Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Administración Territorial, para integrar a León en la comunidad interprovincial más amplia. Hasta entonces, los ayuntamientos de la provincia se habían resistido a secundar la iniciativa autonómica, ejercida en octubre de 1979 por el Consejo preautonómico de Castilla-León y apoyada casi exclusivamente por los partidos de la izquierda. Cuando estaba a punto de concluir el plazo de seis meses para completar la iniciativa autonómica, puesta en marcha por la Diputación en la primavera de 1980, el Gobierno consiguió que el 73,83% del total de municipios de la provincia y el 83,75% del censo electoral se pronunciaran por la integración en Castilla y León.

La mínima presencia -un solo miembro- de Alianza Popular en la Diputación de León había dejado al clande los Suárez,- enemigos irreconciliables del clan de los Martín Villa, en clara inferioridad de condiciones para librar esta grotesca imitación de la lucha entre Mostescos y Capuletos que se realiza a costa de los contribuyentes y de la dignidad de la vida pública. No es extraño que Alianza Popular aprovechara la ocasión que le había puesto en bandeja la capacidad manipuladora de Rodolfo Martín Villa a propósito de la iniciativa autonómica y se dedicara a ondear la bandera de los agravios comparativos, hacer demagogia electoralista, sacar de los arcones los apólillados pendones del viejo reino, proponer a los leoneses legitimaciones históricas con ocho siglos de antigüedad para fundamentar sus quejas y organizar una guerra de campanario contra Valladolid. Tras la derrota de UCD en las últimas elecciones, los Suárez han llevado el ridículo hasta lo sublime, y han puesto como peaje a los tránsfugas del centrismo su apoyo a la autonomía uniprovincial.

A las veinticuatro horas de la decisión adoptada por la Diputación de León, Burgos inicia, curiosamente, un movimiento similar, acaudillado también por Alianza Popular. En Segovia, Modesto Fraile, un compañero de viaje del fraguismo, sigue en su lucha segregacionista. Parecida orientación ha seguido la estrategia de Abel Matutes en Baleares. La idea del Estado que subyace a toda esta operación parece más guiada por la voluntad de destrucción que por cualquier otro criterio. Un juego peligroso del partido de Manuel Fraga, que desdice de los principios de responsabilidad pública y priva a la oposición del adjetivo leal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de enero de 1983