Una entidad mimada por el sindicato vertical
En plena euforia del sindicalismo vertical se creó en Gerona la Caja de Crédito Popular. Fue una obra que la Administración recibió a bombo y platillo, gracias, entre otras cosas, a los buenos auspicios del ex gobernador civil de Barcelona, Correa Veglison, y a unas generosas y desastrosas inversiones que la entidad realizó en el plan Jaén.Diez años más tarde, como colofón de "una nefasta gestión de la dirección y de unas operaciones que no resisten la más mínima crítica, incluso de un profano en negocios que sólo sepa contar habas", según señala la sentencia, se decretó la quiebra de la entidad y en 1969 la Audiencia de Barcelona señaló que esta quiebra debía de ser declarada fraudulenta. Durante el periodo comprendido entre 1967 y 1969 los responsables de la entidad utilizaron todos los medios a su alcance para impedir la caída de aquel imperio.
En los anales de la Caja de Crédito Popular de Cataluña se conservan aún las actas de aquellas últimas asambleas en las que se insuflaban a los asistentes consignas triunfalistas. Aseguran que muchas de aquellas reuniones acababan con lloros y gritos demagógicos contra la Banca privada, ensalzando a su director general, Vicente Fisas, al que calificaron de "centinela de las posiciones de vanguardia".
Pocos meses más tarde el centinela sería encarcelado por orden del Tribunal de Delitos Monetarios, imponiéndosele una multa de 220 millones de pesetas. Empezaba de esta manera a escribirse el epílogo, en el que los principales protagonistas fueron los 12.000 afectados que vieron peligrar sus ahorros. En 1969, en pleno estado de excepción, un grupo de estos perjudicados se movilizaron y llegaron a protagonizar manifestaciones ante la sede de la entidad.
Tres investigaciones
Al unísono, y a pesar de las presiones oficiales, se puso en marcha la maquinaria judicial y empezó a instruirse un voluminoso sumario. Las investigaciones se dirigieron a tres frentes diferentes. Una intentando averiguar las manipulaciones de los responsables de la entidad. Hubo una segunda investigación encaminada a esclarecer un turbio asunto de talones pagados sin tener fondos. La tercera línea de investigación se encaminó a esclarecer la actuación de una estafadora francesa, que lió a un sacerdote claretiano y al director general de la entidad.Todo esto se resumió en 40.000 folios y en el voluminoso sumario conocido con el número 199 / 67 del juzgado especial número veinte. Quince años después este sumario se ha cerrado con una sentencia y con un curioso problema doméstico judicial. Ayer, los funcionarios de la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona se preguntaban atónitos de donde sacarían las 45.000 pesetas que había costado hacer las 7.500 fotocopias de las 25 sentencias y las 400 que había costado el agua mineral que consumieron los letrados durante las sesiones del juicio oral.
