Sentencia sobre la Caja Popular de Cataluña, que puede motivar el procesamiento de José Solís

La Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá decidir si hay que procesar al ex ministro José Solís Ruiz por su presunta implicación en el escándalo de la Caja de Crédito Popular de Cataluña. José Solís fue durante trece años ministro secretario general del Movimiento y durante dieciocho delegado nacional de Sindicatos. En la época en que se encontraba desempeñando este último cargo se detectaron las anomalías que determinaron la quiebra de la entidad. La Caja de Crédito fue creada en mayo de 1957, bajo los auspicios de la Organización Sindical. Diez años más tarde la Audiencia declaró su quiebra.

Esta es una de las medidas adoptadas por la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona al dictar sentencia sobre el caso de la Caja de Crédito Popular de Cataluña. La vista oral del juicio se celebró en Barcelona los pasados días 17, 18 y 19 de diciembre. La resolución judicial, firmada por los magistrados Manuel Derquí, Adolfo Fernández Oubiña y José Luis Barrera, fue hecha pública ayer y comunicada a las partes.En la sentencia se condena también a diez años de prisión al ex delegado provincial de Sindicatos en Gerona, Juan Manuel de Santisteban y Bernaldo de Quirós, por un delito de insolvencia fraudulenta. Juan Manuel de Santisteban, desde su cargo oficial, fue uno de los promotores de la Caja de Crédito Popular y sobre él recayeron gran parte de las acusaciones vertidas en el transcurso del juicio oral. El ministerio Fiscal solicitó que se le impusiera una pena de catorce años de prisión.

Insolvencia fraudulenta y estafa

Otro de los procesados condenado por esta sentencia es Vicente Fisas, que desempeñara el cargo de director general de la entidad, a quien le ha sido impuesta una pena de doce años por insolvencia fraudulenta y seis más por un delito de estafa. El fiscal había solicitado para Vicente Fisas una pena total de cuarenta años de cárcel, por una serie de delitos relacionados con la gestión de esta entidad.José María Casadejust Codina, que fue vocal de la junta rectora de la Caja de Crédito Popular de Cataluña, tesorero y subdirector general, ha sido también condenado a la pena de diez años de cárcel por el delito de insolvencia fraudulenta. El fiscal había reclamado para este acusado una pena de catorce años.

El último de los condenados es el sacerdote Juan Fàbregas Basseganyà, que en aquella época era Ministro Provincial de los Padres Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, y al que le ha sido impuesta una pena de seis años de prisión por un delito de estafa.

Todas estas penas de privación de libertad, que serán mitigadas generosamente gracias a los numerosos indultos dictados desde la fecha en que se perpetraron los hechos, van acompañadas en la sentencia de una indemnización de seiscientos treinta millones de pesetas que deberán ser pagadas a las víctimas que resultaron perjudicadas por los procesados Fisas, Santiesteban y Casadejust. Por su parte los condenados Fisas y Fábregas deberán hacer frente a una segunda indemnización de 900.000 pesetas.

Siete absueltos

Otros siete implicados en el fraude, entre los que se encontraba el letrado Joan Ignasi Sardà Antón, han sido absueltos de diferentes delitos, por considerar que su actuación profesional estuvo al margen de las maquinaciones realizadas por los dirigentes de la entidad.Los magistrados concluyen su sentencia ordenando llevar el texto de la resolución hasta el Tribunal Supremo, por si considera oportuno incoar una causa criminal contra el Delegado Nacional de Sindicatos y al Jefe Nacional de la Obra Sindical de Cooperación. Esta resolución se envía al Supremo porque los presuntos implicados estaban aforados en el momento de suceder los hechos. La misma sentencia será trasladada al Juzgado de Guardia,con la orden concreta de que se incoe un sumario y se investigue la actuación de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Caja de Crédito Popular de Cataluña, por si de su intervención en los hechos se dedujeran indicios de conducta delictiva o ilegal.

Con estas últimas medidas, los perjudicados por la quiebra de la entidad podrán iniciar una reclamación pidiendo la devolución del dinero perdido, que en total asciende a unos ochocientos millones de pesetas.

El fiscal pidió 170 años

El fiscal José María Mena solicitó en el transcurso del juicio oral un total de 170 años de prisión para los once acusados. Esta pena se ha reducido ostensiblemente, ya que en total la condena impuesta a los implicados es de cuarenta años. Pena que se verá disminuida si la sala aplica los indultos.