Inquietud en medios jurídicos ante las medidas anunciadas

En medios jurídicos las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior de perseguir la figura del intermediario y penalizar y obstaculizar el pago del impuesto revolucionario y del rescate por la liberación de los secuestrados, oscilan entre la inquietud y el abierto rechazo. Por ello, el presidente del Consejo General de la Abogacía solicitará entrevistarse con el ministro de Interior, para conocer con mayor concreción dichos proyectos. La mayoría de los letrados consultados por este periódico coinciden en que no es perseguible la figura del intermediario que actúa con fines humanitarios.

Antonio Pedrol Rius, decano del Colegio de Abogados de Madrid, declinó emitir una opinión hasta conocer las medidas anunciadas por el Gobierno, y en tal sentido anunció que solicitará inmediatamente una entrevista con el ministro del Interior, y solicitará al respecto la opinión del Consejo General de la Abogacía, institución que preside. No obstante, también distinguió entre el mediador que persigue fines humanitarios y el que busca sus propios intereses económicos o ideológicos.

A juicio de Pedrol, dichas medidas afectan directamente a los abogados y es imprescindible que el Gobierno clarifique sus criterios al respecto para que los letrados ajusten sus consejos a la familia de un secuestrado.

Martín Pérez, secretario general de la Asociación Pro Derechos Humanos, declaró: "Creemos que todos los esfuerzos que se hagan para llegar a desenlaces humanitarios en los secuestros se encuentran dentro de la legalidad y deben ser respetados, siempre que la mediación con los autores de estos hechos criminales, persigan únicamente la salvaguarda del derecho a la vida".

José Ignacio Fanjul Vicuña, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, declaró que su opinión individual era que había que distinguir entre intermediarios que obran por fines altruistas, y quienes persiguen fines interesados de cualquier índole. En este sentido criticó la mediación de Ruiz-Giménez en el caso de Rupérez, ya que se podría haber interpretado que aquél perseguía fines publicitarios. Mostró, sin embargo, su apoyo sin reservas al proyecto gubernamental de penalizar el pago del rescate y del impuesto revolucionario.

Gregorio Peces-Barba del Brío, vicedecano del Colegio de Abogados y padre del actual presidente del Congreso, también distinguió entre intermediarios interesados y altruistas. "Pienso que la intermediación para los rescates en caso de secuestro no puede ser jamás perseguible cuando se trata de una mediación con finalidad humanitaria; cuando se trata de figurar como abogado de los extorsión adores, ya no estoy de acuerdo. La figura de una persona que quiere mediar para salvar una vida no es jamás perseguible".

El decano del Colegio de Abogados de San Sebastián, José Ramón Arrate, señaló, informa José Luis Barbería, que, a su juicio, no cabe hablar de un delito de colaboración con bandas armadas cuando una persona interviene para salvar la vida de un secuestrado. "En una escala de valores y desde un punto de vista moral, para mí es mucho más importante la vida de un hombre que la comisión de un supuesto delito".