El Ministerio de Justicia no creará nuevas disposiciones legales para perseguir a los intermediarios en los secuestros

El Ministerio de Justicia no tiene intención de crear nuevas disposiciones legales a fin de perseguir la figura del intermediario en los secuestros, según afirmó un portavoz de dicho Ministerio. El Ejecutivo potenciará, sin embargo, la investigación policial encaminada a recoger pruebas de cuándo, bajo la figura del intermediario, se encubre un delito de colaboración con las bandas armadas, tipificado en el Código Penal y concretado por las reformas introducidas por la llamada ley de defensa de la Democracia y la Constitución, de mayo de 1981.

Esto parece matizar el comunicado del Ministerio del Interior del pasado martes, en el que se anunciaba la intención de perseguir la figura de los intermediarios en los secuestros y penalizar y obstaculizar el pago del impuesto revolucionario y del rescate en los casos de secuestro.De los líderes consultados por este periódico, sólo Manuel Fraga ha manifestado sin ambages su apoyo a dichos proyectos, que han causado inquietud en medios jurídicos y han sido acogidas con escepticismo por los tres ex secuestrados de la organización terrorista ETA.

En consecuencia, la figura en sí del intermediario no será considerada perseguible, salvo que se aprecie una finalidad de colaboración encubierta con los secuestradores, como en opinión del Gobierno ha venido sucediendo frecuentemente según dichas fuentes del Ministerio de Justicia.

El Gobierno, antes de anunciar el pasado martes dicha intención, recabó una amplia información sobre los aspectos jurídicos de la figura del intermediario. Fuentes del Ministerio del Interior declinaron precisar con mayor concreción dichas medidas, ya que, según manifestaron, continuaban en estudio.

Manuel Fraga, manifestó su conformidad con la intención gubernamental anunciada por Rafael Vera, director de la Seguridad del Estado, de perseguir la figura del intermediario, en los secuestros y la financiación de las bandas terroristas mediante el pago del rescate o del impuesto revolucionario.

El dirigente de Alianza Popular declinó, en tono firme, precisar sobre dichos supuestos hasta que el Gobierno no dé mayor concreción a dichas medidas. No obstante, reiteró su conformidad con las mismas, que calificó de "absolutamente razonables", y que, según dijo, él ya había aplicado durante su mandato como ministro del Interior.

Ruiz-Giménez partidario de la mediación humanitaria

Joaquín Ruiz-Giménez, Defensor del Pueblo, manifestó su oposición a que sean perseguidos quienes medien por razones humanitarias entre secuestradores y familia del secuestrado. No obstante, precisó que cree más aconsejable, para evitar dudas, que las mediaciones en dichos casos las lleven a cabo organismos humanitarios, como la Cruz Roja. Por el contrario, manifestó su conformidad con que se persiga a los mediadores que ofrezcan sus servicios con una intencionalidad de favorecer la recaudación del rescate, por afinidad ideológica con los secuestradores, o por intereses económicos propios.

Declaró, asimismo, que no considerabajusto que se penalizase el pago del rescate por parte de las familias, pero manifestó estar de acuerdo con que el Gobierno arbitre medidas para impedir el pago del rescate, y citó como ejemplo el caso italiano, donde se habían bloqueado cuentas bancarias para impedir desembolsos con tal fin.

Ruiz-Giménez, mostró su alegría por la puesta en libertad por la Policía de Juan Félix Eriz, detenido por su mediación entre los secuestradores de Saturnino Orbegozo, sobre cuya actuación manifestó que no le cabían dudas de que había sido guiada exclusivamente por fines humanitarios. Recordó que la mediación en que él intervino cuando el secuestro de Javier Rupérez contó en todo momento con el conocimiento del Gobierno y dejó sentado desde el principio que pretendía la liberación de aquél y no la negociación de la suma de un rescate.

Antonio Garrigues Walker, presidente del Partido Demócrata Liberal y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, considera que "el gran problema está en la línea que separa a los intermediarios altruistas, de los pragmáticos. Creo que una actuación indiscriminada contra ambos, sería poco ética y poco eficaz. El derecho de una persona a salvar su vida, si no por cualquier medio, con todos los medios razonables, me parece lo suficientemente importante para que no se reduzcan los márgenes de acción y, muy especialmente, en situaciones de excepcionalidad de hecho, como las que se viven en el País Vasco. Ello abriría delicadísimos problemas jurídicos sobre la responsabilidad del Estado".

Marcos Vizcaya, portavoz parlamentario del PNV, aunque matizó que no quería exponer su opinión hasta no conocer con mayor precisión como se articularán dichas medidas, afirmó que la figura del intermediario no era perseguible a tenor de la actual redacción del Código Penal, por lo que, a su entender, habría de procederse previamente a su reforma, lo que juzgó discutible.

El representante del Partido Nacionalista Vasco también distinguió entre los mediadores por razones humanitarias, y los que cobran fuertes minutas o apoyan implícitamente a los terroristas. Juzgó un error decir que se va a castigar a los intermedíarios, sin específicar cuál es el tipo de mediación que va a ser perseguida, porque, a su juicio, no es sancionable la que obra por buena voluntad.

Con respecto a la hipotética penalización del pago del rescate, manifestó que él sacaría de la cárcel a cualquier persona procesada por dicho motivo con la mera alegación de estado de necesidad.

Declaró reprochable el pago del impuesto revolucionario, pero se manifestó escéptico sobre la posibilidad de impedirlo por otra vía que no sea la toma de conciencia de quienes lo vienen pagando, ya que considera fácil distraer sumas menores para tal fin.

Por otro lado, declaró que no se pueden exigir actitudes heroicas de los ciudadanos cuando el Estado no es capaz de garantizar su se

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guridad, ya que el no pagar supone poner en peligro una vida humana, de forma inmediata en caso de secuestro y de forma algo más distanciada en el caso del impuesto revolucionario. Marcos Vizcaya se mostró asombrado de la alegría con que se habla de tales temas, y declaró que el tema requiere un estudio sereno y profundo, en contraste con la conmoción que supone la liberación de un secuestrado, como es el caso reciente de Orbegozo.

También afirmó que dicho problema no puede ser enjuiciado fríamente desde Madrid, por la lejanía con que se viven tales hechos.

Andreu Claret, en nombre del Partido Comunista de España, afirmó que la decisión del ministro del Interior de ordenar la detención de Juan Félix Eriz, mediador en el secuestro de Orbegozo, "nos parece una medida precipitada, adoptada sin una consideración precisa de la legislación vigente -ni siquiera de la llamada ley de Defensa de la Democracia- y sin todos los requisitos que deben preceder a la detención una persona en un Estado de derecho".

"La actuación de un intermediario en el siniestro negocio del secuestro y los motivos que lo presiden pueden ser muy diversos", agregó el portavoz del Partido Comunista de España, "pero en ningún caso se justifica la conculcación de la ley y la extralimitación de la actuación del ministerio, que ha practicado la detención sin formular acusación manifiesta y actuando tras la liberación de Orbegozo, cuando la condición de mediador de Juan Félix Eriz era conocida durante todo el secuestro".

Por su parte, informa José Luis Barbería desde San Sebastián, el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, sostiene que la figura del intermediario no puede ser desechada, ya que a su juicio juega un papel imprescindible en la liberación de una persona secuestrada. "Me refiero naturalmente, al intermediario de buena fe, el que se sitúa junto a la familia de la víctima y en contra de los secuestradores y que, por supuesto, no cobra dinero alguno por desempeñar esta función. Yo creo que a ese intermediario habría que hacerle un monumento", añadió Bandrés.

El diputado vasco considera que la figura del mediador es inevitable desde el momento mismo en que se produce un secuestro, y que la resolución satisfactoria de estas situaciones dependen en buena medida de la capacidad y voluntad de tales intermediarios. "De hecho, cuando han intervenido buenos mediadores los secuestros se han resuelto casi siempre favorablemente".

El portavoz de la Minoría Catalana en el Congreso, Miquel Roca Junyent, se mostró muy escueto a la hora de valorar el anuncio del Gobierno de acometer medidas para evitar la mediación en los secuestros. "La eficacia de las medidas contra el terrorismo se mide por sus resultados. La eficacia de esta medida, pues, la valoraré en función de sus resultados". Sobre las acciones para evitar la financiación de las bandas armadas, Miquel Roca agregó: "Es ya conocida nuestra posición total contra el pago del impuesto revolucionario".