Las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior

La nota que ha causado la polémica en torno a la posible persecución de las personas que medien en los secuestros, fue hecha pública por el Ministerio del Interior el pasado martes con ocasión de la conferencia de Prensa en la que altas autoridades de la seguridad del Estado explicarcin los detalles de la liberación de Saturnino Orbegozo.La nota expresaba la voluntad del Ministerio del Interior "de no consentir ninguna transgresión de la ley, incluso cuando nos encontremos ante supuestos en los que razones de humanidad pudieran haceiconsiderar que determinadas situaciones extremas explican una mayor permisibilidad en la interpretación de los textos legales".

"En la misma línea de acuerdo", proseguía dicho documento, "con las decisiones adoptadas por el Gobierno a propósito de situaciones atentatorias contra los más elementales derechos humanos causados por bandas terroristas, el Ministerio del Interior arbitrará las medidas necesarias para impedir contactos o gestiones por parte de los denominados intermediarios y de otras personas en situaciones de secuestros y otras modalidades de extorsión y chantaje, en cuanto a su actuación o implicación en las mismas comporte supuesta colaboración directa o indirecta con las bandas armadas".

"Todo ello en base a la legislación vigente, que contempla los supuestos de colaboración con bandas armadas. Asimismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia, se procederá a las reformas legales pertinentes para penalizar todo tipo de ayuda económica a bandas armadas, tanto en forma de impuesto revolucionario como de pago de rescate en caso de secuestro".

"De otra parte, y con el mismo objetivo de dificultar al máximo las vías de financiación para las referidas bandas armadas", concluía la nora de Interior, "las autoridades monetarias impedirán cualquier intento de situar fuera del país el dinero necesario para satisfacer las demandas que definen los referidos hechos delictivos. A tal fin se contará con el aparato legal oportuno que permita la máxima intervención policial para impedir cualquier vía de financiación de bandas armadas".