La gasolina y los precios de la energía ,

La comodidad en su recaudación y la escasa incidencia de un alza de precio en la cantidad demandada, explican que en casi todos los países industriales el precio de la gasolina incluya un componente elevado de fiscalidad. Y España ha sido una excepción. El precio de la gasolina aquí ha sido siempre uno de los más altos de Europa, a pesar de la diferencia de renta por persona que nos separa de la mayoría de estos países.Así, pues, los productos petrolíferos en general, y la gasolina especialmente, soportan una fiscalidad importante en los países industriales. Sin embargo, en España, a pesar del alto precio de la gasolina, la fiscalidad media es proporcionalmente mucho más reducida para el conjunto de los productos petrolíferos. Esto se debe a que los productos petrolíferos se administran bajo régimen de monopolio de Estado y, en definitiva, la llamada "renta (fiscal) del petróleo" es el saldo resultante de compensar los productos que arrojan pérdidas con aquéllos otros que aportan altos excedentes de venta.

Hay dos razones principales que explican la baja fiscalidad media de nuestros productos petrolíferos:

1. Una tradicional política de bajos precios a determinados usos: gases licuados del petróleo (GLP) para usos domésticos, gasóleos para el transporte y fuel-oil para usos industriales y para la producción de energía eléctrica, principalmente.

2. Una participación muy elevada de los productos pesados (fuel-oil) en el consumo total, productos que tienen los precios unitarios más reducidos y, además de estar prácticamente exentos de fiscalidad, son incluso subvencionad9s con cargo a los ingresos de los otros productos petrolíferos.

De aquí que se pueda afirmar incluso con cifras exactas que, tradicionalmente, los altos precios de la gasolina han tenido que hacer frente a una considerable fiscalidad residual después de haber subvencionado a los gases licuados del petróleo para consumo doméstico, a los hidrocarburos utilizados en la industria y en la producción de electricidad, y permitir una baja fiscalidad a los carburantes utilizados en el transporte.

Criterio dual

Hay que decir que este criterio de utilizar los precios de determinados usos de la energía como elemento de redistribución de sus costes no es exclusivo de los derivados del petróleo. El precio medio de la energía eléctrica para usos industriales, suministrada en alta tensión, es menos de la mitad que el de la electricidad destinada a los abonados domésticos y a usos comerciales, en baja tensión. Las denominadas tarifas eléctricas "especiales" (usos industriales con elevado consumo eléctrico), actualmente vigentes, establecen un precio de kilovatio/ hora que no cubre la mitad del coste del fuel-oil utilizado para producirlo y, en consecuencia, los restantes usuarios tienen que aportar la diferencia -como veremos- para equilibrar los costes e ingresos totales de las compañías suministradoras de esta electricidad para abonados "especiales".

Las propias tarifas eléctricas incluyen una costosa carga redistributiva, ya que el 6,45% de la facturación eléctrica se utiliza como fondo de compensación de distintas actividades paraeléctricas. En 1981, el importe de esta compensación excedió los 33.000 millones de pesetas, de los que a consumo de carbón se destinaron 4.600 millones; al almacenamiento de carbón, 5.000 millones; al consumo de gas natural, 4.000 millones; para los suministros eléctricos "especiales", 6.300 millones; los suministros a las islas y a Ceuta y Melilla, 9.100 millones, y la financiación del stock de uranio, 4.400 millones.

Así pues, en las decisiones de la Administración a la hora de fijar los precios de la energía en España se ha seguido tradicionalmente un criterio dual de altos precios en la energía para determinados usos domésticos o personales y bajos precios para la energía con destino industrial.

La reciente elevación de los precios de "la gasolina" reincide, de hecho, sobre la anterior estructura, ya que, aproximadamente, traslada a todos los precios de los derivados del petróleo un alza proporcional de algo más del 20% y, en consecuencia, se amplía la diferencia absoluta entre los distintos precios de los productos petrolíferos. Su repercusión se ve con mayor precisión si consideramos el alza en promedio por tonelada de cada grupo de productos.

Mayor fiscalidad

El aumento medio por tonelada de los cuatro grupos de productos ascendió, por tanto, a casi 9.000 pesetas/ tonelada (ver cuadro número 1). Se observa una gran dispersión entre los distintos valores de la elevación desde las 19.962. pesetas por tonelada para las gasolinas (es decir, casi veinte pesetas por kilogramo, equivalente a las quince pesetas por litro de elevación), hasta 4.633 pesetas/ tonelada para los fuel-oil; es decir, más de cuatro veces es la relación entre los precios de estos dos productos. Como consecuencia de esta relación de precios, las gasolinas, que sólamente suponen el 16,5% del total de este grupo de productos, contribuyen con el 37,8% del incremento de la facturación total.

Parece claro que el crecimiento de los ingresos con los nuevos pre cios excede ampliamente al aumento de coste del crudo en origen. En la anterior subida de precios, en julio de 1981, el precio del barril era de 36 dólares y el cambio en aquellos momentos era 97 pesetas por dólar. Si actualmente se considera un precio de 32 dólares/ barril y un cambio de 129 pesetas/ dólar, los 7,36 barriles por tonelada arrojan un coste actual de 30.382 pesetas por tonelada frente a las 25.701 pesetas en julio de

1981. Es decir, el aumento de coste en origen no llega a las 5.000 pe setas por tonelada, lo que parece indicar una fiscalidad adicional de unas 4.000 pesetas por tonelada compuesta de crudo y que para los 31 millones de toneladas -siempre que se mantenga ese mismo consumo- supondría 120.000 millones de incremento de recaudación. De esta cantidad, obviamente, habría que reducir el incremento de coste de refino y de distribución de los productos refinados, así como el descenso de ingresos fiscales en los últimos meses como consecuencia de la revalorización del dólar sin el correspondiente reflejo en el precio interior de los productos petrolíferos. No obstante, hay que decir que el alza de precios de julio de 1981 permitía un margen de maniobra para esta eventualidad.

Precios y política energética

En el cuadro número 2 he tratado de recoger la importancia, en términos cuantitativos, de la elevación de los precios de los principales productos petrolíferos. En total se incluyen 31,7 millones de toneladas correspondientes a los derivados del petróleo más significados, cantidad en la que no están incluidos los consumos de las zonas no sometidas al monopolio, ni los aprovisionamientos de buques, lubricantes, asfaltos, etcétera.

La primera observación de este cuadro es la elevada cifra global de aumento de facturación con los nuevos precios, 284 miles de millones de pesetas, cifra que tendrá, sin duda, una importante incidencia en las grandes magnitudes económicas y la primera en la renta disponible de las economías domésticas. Del total aumento de facturación, 284.000 millones de pesetas, 156.000 (el 55% repercutirán directamente sobre el gasto personal (gasolinas,. gases y fuel oil para calefacciones). Esta cifra supone el 1,2% de la renta disponi ble de las economías domésticas en 1981.

Si consideramos que todo este importe se traslada al ahorro de las economías domésticas, este aumento supone el 17% del ahorro de las economías domésticas en 1981.

Está claro que el Boletín Oficial del Estado no es el instrumento más adecuado para reflejar cuanto está sucediendo en el mercado del petróleo. Es difícil entender cómo puede variar hasta un 30% la panidad de la divisa en que se contratan los crudos, sin que se refleje este hecho en los precios internos. Hay que pensar que o bien alguien estaba perdiendo mucho dinero o bien los precios fueron sobrestimádos, pues en otro caso no tiene explicación cómo ha transcurrido año y medio sin modificarlos.

Además, este sistema de elevación brusca y espaciada de los precios polariza en un cierto período de tiempo una inmediata tensión de otros numerosos precios -tarifas eléctricas, transportes, fertilizantes, etcétera- que crean un clima desfavorable para una ordenada repercusión de costes en precios.

Este procedimiento origina una tensión reivindicativa, dada su incidencia en determinados gastos personales como la gasolina, que estimula los procesos acumulativos de alzas de precios, incluso, como va a suceder en enero, en las negociaciones salariales.

Sería conveniente fijar un calendario de precios de la energía, de tal manera que trimestral o, al máximo, semestralmente, se modificasen de acuerdo con los costes y fiscalidad estimados para evitar estas "convulsiones" que toda variación de precios supone. De esta forma se evitarían los "momentos políticos" que desplazan a los momentos económicos", cuyos calendarios son mucho más rigurosos.

Pero no sólamente se utilizan las modificaciones de precios según el calendario político, sino que, asimismo, los precios de las distintas energías asumen valores que, a menudo, son contrarios a su rentabilidad económica. Por eso, creo que la actual elevación de los precios sigue los viejos usos incoherentes entre sí, e incompatibles con los objetivos previamente determinados por la política. energética.

En este sentido, y puesto que nadie me lo impide, daría tres consejos: uno de contenido general, dos de alcance concreto.

En primer lugar es preciso adoptar un criterio claro de precios altos de la energía en todas sus variantes y para todos sus usos. Acordada una determinada fiscalidad, ésta no debe gravitar exclusivamente sobre determinados productos o usos de la energía.

Es precisa una reducción de la intensidad de consumo de energía en todas sus aplicaciones y esto sólamente es posible sobre la base de precios altos. De aquí que, elevaciones de precios como las actuales, en las que los productos de mayor consumo no absorben ni el aumento de los costes en origen, no conducirán a ningún ahorro energético. La decisión matenida durante años de subvencionar los GLP (butano y propano) (9.000 millones de pesetas en 1981), porque se destinaban a usuarios de baja renta, ha conducido a una mala utilización de esta energía en competencia con otras que no tienen tal alto coste de reparto en grandes ciudades.

Los gasóleos deben incorporar una mayor fiscalidad. Por una doble razón: en cuanto al gasóleo A para transporte, porque el impuesto debe asumir un concepto de irnpuesto final para el mantenimierito de la infraestructura viaria, al tiempo que se trasvasaría carga al ferrocarril cuyo déficit empieza a ser insostenible. Como comparación se puede citar que el galóleo de automoción es actualmente veinte pesetas en litro más caro en la República Federal de Alemania, trece pesetas en Francia, ocho en Bélgica y sólo en Italia el precio es igual al nuestro.

Por último, unos precios más altos del fuel-oil -el hidrocarburo con mayor consumo- forzarían la conservación de energía en la Industria -que no ha existido en diez años de crisis- y permitirían que el gas natural, actualmerite con pérdidas de 9.000 millones de pesetas anuales, compitiese con el fuel-oil en algunos usos de éste.

Tarifas eléctricas

Sin duda, la herencia de problemas urgentes ha condicionado la decisión del "20% para todos" en el caso de la reciente elevación de los hidrocarburos. La próxima subida de los precios de la electricidad creo que debería tener en cuenta, previa deliberación entre todos los "notables", tres aspectos:

- La modificación de la estructura de los precios de la electricidad en alta tensión e industrial de manera que, por lo menos, se equilibren con sus costes de producción.

- La rápida supresión de la compensación de actividades y consumos a través del recargo OFICO: A la subvención al consumo de carbón -hoy más barato que el fuel-oil- y a su almaceríamiento, que puede suponer una subvención indirecta a la importación. A las industrias de alto consumo y a la electricidad suministrada a las islas que, no se entiende por qué, están subvencionadas en un consumo que en parte se hace por extranjeros.

- Por último, la inclusión de la carga financiera total de las empresas eléctricas como un elemerito del coste en tarifas que permita una mayor autofinanciación, porque, si no se hace así, el Ministeño de Industria y Energía tendrá en breve que ampliar su sección de reconversiones industriales a un sector que ha duplicado su inversión en curso entre 1978 y 1980 (de 481 a 951 miles de millones de pesetas), cuya suma ha sido financiada con endeudamiento (492 millones más en 1980 que en 1978) tiene un riesgo financiero importante, que es preciso aminorar a través de una refinanciación interna.