Los grupos socialista y popular votarán juntos a favor de Ruiz-Giménez como Defensor del Pueblo

El Pleno del Congreso de los Diputados elegirá hoy Defensor del Pueblo a Joaquín Ruiz-Giménez por una amplia mayoría -que superará holgadamente los 210 votos necesarios- , nucleada en torno a socia listas y miembros del grupo popular. El espectacular giro experimentado por la minoría de Manuel Fraga, radicalmente opuesta en la anterior legislatura a idéntico candidato, guarda relación, según fuentes firaguistas contrastadas por EL PAIS, con las seguridades obtenidas por el líder de AP de que Ruiz-Giménez propondrá, como uno de sus dos adjuntos, a Margarita Retuerto, hasta ahora colaboradora de Fraga en el Grupo Parlamentario Popular. Los centristas y las minorías nacionalistas decidirán esta mañana su posición.

La decisión de la Cámara Baja, que mañana deberá ser ratificada por el Pleno del Senado -también por mayoría de tres quintos-, ha sido cuidadosamente negociada por los grupos socialista y popular, con intervención del propio Ruiz-Giménez, quien dedicó gran parte de la jornada de ayer a entrevistarse, entre otras personas, con el presidente del Congreso, el socialista Gregorio Peces-Barba, artífice, en último término, del acuerdo obtenido con Fraga.Fuentes parlamentarias socialistas, que desconocían la existencia de este pacto sobre uno de los futuros adjuntos del Defensor del Pueblo, manifestaron ayer a este periódico su contrariedad por lo que califican de "concesiones innecesarias" al grupo de Manuel Fraga, cuyos votos consideran que no son estrictamente necesarios y ni siquiera convenientes, si por ellos hay que pagar el precio de introducir en la nueva institución una cuña que puede resultar peligrosa para su funcionamiento coherente. Estimaron sexista el argumento de que conviene que una mujer esté presente en la defensa de tantas mujeres que lo necesitan.

Las mismas fuentes recordaron que la ley orgánica del Defensor del Pueblo -consecuencia de una iniciativa socialista- atribuye a su titular la propuesta de nombramiento y separación de los adjuntos, lo que da idea de la conveniencia de que entre los máximos servidores de la citada institución constitucional exista una confianza mutua, en beneficio de una mayor operatividad. Apuntaron también que mientras la ley exige el alto quórum de tres quintos de cada Cámara para la elección del Defensor del Pueblo -lo que impulsa a una negociación entre los grupos parlamentarios sobre el candidato-, dicha mayoría no es necesaria para la aceptación por la comisión conjunta de las propuestas de adjuntos, por lo que bastará la mayoría simple.

Alvaro Gil-Robles, adjunto indiscutido

Hasta el momento, el único candidato a adjunto que se ha venido dando como seguro en medios parlamentarios es Alvaro Gil-Robles, actualmente letrado del Tribunal Constitucional y principal colaborador de Gregorio Peces-Barba, durante la anterior legislatura, en la elaboración de la proposición de ley del Defensor del Pueblo patrocinada por el PSOE, amén de colaborador de Ruiz-Giménez e ideológicamente afin al ya inminente titular de la institución, durante su larga etapa de líder democristiano.

La designación de Margarita Retuerto como segunda adjunta del Defensor del Pueblo es valorada en medios socialistas como un exceso negociador de Peces-Barba en pro de obtener la práctica unanimidad para Ruiz-Giménez en la elección de esta tarde. Sin embargo, la noticia no fue ayer bien acogida por las minorías nacionalistas, que consideran que la designación de esta segunda persona como adjunta consagra el carácter centralista de la nueva institución, entre cuyas competencias está la de poder solicitar la cooperación de los órganos similares de las Comunidades autónomas, que, a su vez, coordinarán sus funciones con las del Defensor del Pueblo.

Durante la etapa en que el portavoz de la Minoría Catalana, Miquel Roca, fue presidente de la comisión encargada de las relaciones con el Defensor del Pueblo, se contempló la posibilidad de que el otro adjunto fuera el catalán Juan Antonio Xiol Rius, actualmente secretario general del Tribunal Constitucional. Por lo que se refiere a Margarita Retuerto, abogada y actualmente secretaria técnica del Grupo Parlamentario Popular, todas las fuentes consultadas por EL PAIS destacaron su competencia profesional y su talante democrático, así como su adscripción al sector liberal de AP.

En todo caso, las fuentes parlamentarias socialistas antes citadas insistieron en que la dependencia de Fraga, mediante disciplina de partido, de una persona que, en razón de su cargo, tendrá acceso a datos de la Administración, incluso a documentos reservados o secretos, podría conducir a un suministro de información, por canales oblicuos, al principal grupo de la oposición. Textualmente señalaron: "Por este camino, una investigación del Defensor del Pueblo podremos verla convertida, con gran facilidad, en una interpelación parlamentaria".

No habrá 'ventanilla' antes de marzo

La toma de posesión de Joaquín Ruiz-Giménez como Defensor del Pueblo -una vez que se supere la elección, hoy, en el Congreso y la ratificación, mañana, en el Senado- está prevista para el próximo jueves, día 30. Sin embargo, la designación de los adjuntos no se producirá hasta febrero y la puesta en funcionamiento de la institución algún tiempo después. En principio, la ventanilla al público no se abrirá hasta dentro de varios meses, "nunca antes de marzo", según fuentes bien informadas.

Previamente será necesario elaborar el reglamento orgánico, que será sometido a la aprobación de la comisión conjunta de ambas Cámaras; dotar a la institución del personal adecuado (según algunos expertos, para cubrir las diversas áreas de actividad, su número no podrá bajar de varios centenares, reclutados entre funcionarios y adscritos en régimen de comisión de servicio) y elaborar un presupuesto que se incorporará al de las Cortes Generales con tiempo para incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno proyecta enviar al Parlamento en el mes de marzo. Una cantidad indicativa podría ser 300 millones de pesetas.

Una de las preocupaciones actuales de los futuros responsables de la institución es encontrar una sede adecuada, para la que se busca algún palacete u otro lugar público de fácil adaptación para los nuevos fines a que será destinado. Estas fuentes insistieron en la necesidad de que la preparación de la infraestructura del Defensor del Pueblo preceda a su puesta efectiva eri funcionamiento, a fin de evitar frustraciones.