Las empresas podrán deducir libremente de impuestos los fondos para mejorar pensiones

Las dotaciones dedicadas por las empresas a mejorar las pensiones de su personal no tendrán limitación alguna para ser deducidas del impuesto sobre sociedades. Esta concesión de Hacienda, conseguida por la banca en los últimos días del anterior Gobierno, ha irritado a las compañías de seguros, confiadas en poder administrar o asegurar dichos fondos para reforzar su actividad como complemento de una Seguridad Social con previsibles problemas financieros. Varias afectadas que no pertenecen a ningún banco estudian la interposición de recursos y apuntan como causa del problema la presión de al menos dos grandes bancos: Vizcaya y Popular.

La ley del Impuesto sobre Sociedades puso como condición para las deducciones que los fondos de pensiones fueran independientes de la empresa en su administración y disposición, o compartidos con los trabajadores. El reglamento del impuesto sobre la renta interpreta que bastaría para reconocer dicha independencia que la empresa sea retribuida por esos fondos. Pero el reglamento del impuesto sobre sociedades excluyó a las instituciones de previsión social de la posibilidad de hacer provisiones deducibles para responsabilidades cuya cuantía no esté definitivamente establecida.En la práctica, las empresas quedaban obligadas a crear formalmente fondos de pensiones y a ceder o compartir la administración de los mismos si querían deducir del impuesto sus gastos anuales. A juicio del sector seguros, se garantizaba así la mejora de las pensiones, fuera cual fuera el futuro de la empresa, al tiempo que las compañías promotoras de fondos dejaban de incurrir en riesgos innecesarios.

Sin embargo, días después de terminada la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto que aprobó el reglamento del impuesto de sociedades, Hacienda sacó una orden que decía lo contrario. Para justificarlo, citaba dos veces el dictamen del Consejo de Esta-do en que basó la última redacción del reglamento.

Bancos entre bastidores

"Se entenderán incluidas en el artículo 84.1 del reglamento del impuesto sobre sociedades", dice la orden, Ias dotaciones que realicen los sujetos pasivos a una provisión para cubrir la responsabilidad derivada de los compromisos con su personal por complementos de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, siempre que por cualquier concepto resulten obligatorios y hubiesen sido asumidos de modo permanente".La precisión indica claramente que se refiere al dinero destinado por las empresas a mejorar las pensiones de sus empleados para cuando llegue el momento de la jubilación o de la muerte, "además de las dotaciones a instituciones como montepíos, mutualidades y fondos de pensiones".

Fuentes del seguro han apuntado como promotor de la contradicción de Hacienda al presidente de la Asociación Española de la Banca Privada (AEB), Rafael Termes, y más indirectamente a los bancos Vizcaya y Popular. Añadieron que, a pesar de tener cada uno su compañía de seguros -Plus Ultra el primero, Unión Popular el segundo-, han preferido no dedicar una parte de sus dotaciones anuales a constituir reservas. Se recuerda al respecto que ambos bancos son, entre los siete grandes, los que han tenido una política más agresiva de reparto de dividendos en los dos primeros años de libertad vigilada. Fuentes de ambas entidades han desmentido que hayan ejercido presiones.

El conocimiento del cambio introducido por la orden ministerial con respecto al decreto inmediato ha originado en medios del seguro un gran revuelo contra la banca, de la que el sector depende económicamente y es un subproducto. Los principales grupos bancarios suelen ser propietarios de una o varias compañías de seguros. Estas, a su vez, encauzan buena parte de las inversiones de sus reservas a través de aquéllos, vía depósitos o adquisición de títulos de renta fija y variable.

Miles de millones anuales

El malestar, según algunos medios, puede plasmarse pronto en la interposición de un recurso contra dicha orden ministerial. Lo haría alguna compañía no ligada a la banca, argumentando que una orden ministerial no puede modificar las normas de dos decretos y una ley.Anualmente, decenas de miles de millones de pesetas van a parar a planes de pensiones o a pensiones que compran las empresas para sus trabajadores. Sólo la banca empleó en ello el año pasado 2.113 millones de pesetas (dotaciones a fondos especiales, dentro del capítulo Otros beneficios y quebrantos), si bien ya intenta en su convenio colectivo reducir el complemento de las pensiones para sus nuevos trabajadores. Pero, en general, hay "un alto nivel de secreto" por parte de los patrocinadores de sistemas de previsión social privada, por perjuicio de colectivo privilegiado o por miedo al intervencionismo de la Administración.

Sin embargo, se sabe que también cuentan con estos sistemas privados de jubilación, viudedad o invalidez los sectores eléctrico, cementero, grandes monopolios (sobre , todo, Telefónica), el Instituto Nacional de Industria y, principalmente, gran número de muntinacionales. Se puede aventurar tímidamente que son más de medio millón los trabajadores beneficiarios. De las 214 grandes empresas y 726.757 trabajadores incluidos en una reciente muestra oficial sobre la negociación colectiva en 1981, fue revelada la existencia de cajas de pensiones en un 27,7% de los Convenios y para un colectivo de trabajadores del 45,7%.

Estos conceptos, como las ayudas para vivienda, comedor, economato o transporte de empresa, van a integrar el creciente porcentaje de masa salarial bruta (se habla del 4% al 8%) que dedican las empresas a las llamadas ventajas sociales, en muchos casos bajo el incentivo de eludir impuestos o cuotas a la Seguridad Social.