El Gobierno nombra una comision de 'notables' para revisar el Plan Energético Nacional de 1981

El Ministerio de Industria y Energía ha decidido nombrar una comisión de 'notables' que, compuesta por cinco representantes de las empresas públicas y privadas del sector y dos de la Administración, se encargará de asesorar en la elaboración de una nueva revisión del Plan Energético Nacional (PEN), cuya primera modificación fue presentada por el Gobierno de Calvo Sotelo a la anterior legislatura en diciembre de 1981. La comisión, que estará presidida por el secretario general de la Energía y Recursos Minerales, Martín Gallego, tendrá por objeto "actualizar las previsiones objetivo de consumo de las distintas energías y diseñar las políticas de precios e inversiones que hagan posibles los consumos de energía objetivos".

Aparte del secretario general de la Energía, formarán la comisión, como vocales, Roberto Centeno, consejero delegado de CAMPSA; Fernando Lozano, consejero delegado de ENDESA; Feliciano Fuster, presidente de GESA; Juan Tesoro, subdirector de Seguridad y Organización de ENDESA; Eduardo Díaz Río, diretor general adjunto a la Presidencia de Unión Eléctrica, y la directora general de la Energía, Carmen Mestre. Como secretaria de la comisión figura Paulina Beato, de la asesoría económica del Instituto Nacional de Industria.La anunciada revisión del PEN será la segunda que un Gobierno español emprende desde que el primer programa energético fuera aprobado por el Parlamento en 1979. El ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, considera 9ógica y necesaria" esta nueva revisión del PEN, habida cuenta de que el Gabinete socialista tiene sus ideas propias y su programa político respecto a la estructuración del sector energético, ideas que no coinciden con las contenidas en la revisión del PEN que el anterior Gabinete envió al Parlamento hace un año.

Según Solchaga, las líneas básicas en las que se basará la nueva versión del, PEN parten de unas previsiones de demanda global mucho más realistas y moderadas que las contenidas en el plan de 1981, en una modificación de las demandas concretas de cada energía y en el hecho de que el nuevo equipo económico considera la estructura de precios como una variable de control dentro del programa de optimización del sector, extremo éste no considerado en los anteriores programas, según el ministerio.

En el primer capítulo, y aunque las previsiones matemáticas de la demanda corresponderá elaborar a la comisión de notables designada, parece claro que la evolución de la misma en los últimos años siempre ha ido por debajo de la prevista en los distintos programas, especialmente en lo que respecta a algunas energías concretas. En este sentido, el nuevo equipo ministerial es de la opinión que las previsiones estaban sobredimensionadas, lo que hizo que, hasta cierto punto, el sector energético español padezca ahora una sobrecapacidad industrial y de producción que debe ser corregida a la baja, aunque teniendo en cuenta el futuro a medio y largo plazo.

Sustitución del petróleo

El nuevo Plan Energético Nacional tratará de poner un freno al proceso de sustitución de los consumos de petróleo por otras energías, habida cuenta que, a corto plazo, el mercado internacional de crudo está atravesando por un momento de estabilidad, tanto en precios como en aprovisionamiento, que, previsiblemente, puede prolongarse hasta 1985. Esta detención del proceso de sustitución de crudo intentará aliviar, a su vez, los graves problemas que atraviesa el subsector de refino como consecuencia de la disminución de la demanda.Otro cambio que deberá considerar la comisión de expertos es en el subsector del gas, donde las ideas del nuevo equipo ministerial difieren bastante de las expectativas creadas. Con todo, la revisión del PEN estudiará, y previsiblemente ratificará, el desarrollo al máximo de los recursos nacionales que existen (Bermeo, Huesca y Cádiz) y tratará de reconducir las negociaciones con los países suministradores. Una idea clara, en este capítulo, es que el consumo del gas natural en España está condicionado por los precios del producto, donde el Gobierno tiene previsto actuar a plazo muy corto.

En materia de precios energéticos, el Gobierno considera además que existen "temas pendientes" de urgente consideración. A este respecto se cita la discriminación de precios eléctricos entre distintos usuarios, tarifación eléctrica de acuerdo con los costes históricos o costes de reposición y, en los hidrocarburos, el sistema de precios y liquidación de CAMPSA a las refinerías.

Otro proyecto que, en el sector energético, tiene previsto el Ministerio de Industria y Energía es la modificación de la ley fundacional del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), grupo al que se piensa dotar de mayores funciones y, muy posiblemente, incrementar el número de sus empresas con las eléctricas y las petroquímicas nacionales. Asimismo está pensado que se incluya dentro del INH, procedente del Patrimonio del Estado, la red primaria de distribución de CAMPSA, dejando el Monopolio en una mera entidad jurídica a extinguir con la integración en las Comunidades Europeas.

A este respecto, fuentes solventes dan por segura la confirmación en su cargo del actual presidente del INH, Claudio Boada, cuyo término está garantizado en la propia ley de creación del Ente Público.