Funcion pública y horarios de trabajo

Para ello, empecemos distinguiendo las incompatibilidades a altos niveles del funcionariado con la de los que podríamos llamar funcionarios de a pie. La primera sería una medida justa y esperada, y si no prosperó en la legislatura anterior fue por razón obvia de que quienes tendrían que haberla aprobado eran, precisamente, los que más ejercían la simultaneidad de cargos bien remunerados.En cuanto al resto de los trabajadores de la Administración, habría también que distinguir entre los que cumplen escrupulosamente su jornada legal de trabajo, realizando por la tarde otras tareas, si lo hacen, y aquéllos cuyo pluriempleo se efectúa con menoscabo de su función primera, incluso robando horas de su tiempo legal de ocupación. Y esto último, bastante sabido y tolerado, especialmente en ciertos cuerpos que no son los de menor categoría, sí que constituye una corruptela que desmoraliza a los que cumplen con su deber. Por eso extraña que se hable de un reforzamiento general de los horarios sin entrar en un cuidadoso análisis de las formas y tiempos de trabajo en todas y cada una de las dependencias ministeriales. Extraña también que se adopte una medida tal cuando las tácticas que se están imponiendo en otros países para combatir el paro es la reducción de la jornada laboral en vez de su incremento. Es lo que llaman en Francia la jornada "a tiempo parcial", introducida por el nuevo Gobierno socialista. Incluso en otros sectores se proyecta esta reducción de jornada como uno de los recursos a emplear contra la crisis actual de trabajo. Es natural, pues, que una medida tomada de forma tan general e indiscriminada, como parece proponerse, pierda eficacia y sentido de la justicia, apareciendo inevitablemente teñida de ciertos tufillos demagógicos, cual si se tratara de algo así como meter en cintura a los funcionarios, cuya mala imagen es tradicional en nuestro país. La impresión general que se detecta entre los funcionarios que cumplen estrictamente sus horarios es la de que "los que trabajan seis horas tendrán que trabajar ocho, y, a lo peor, en doble jornada, mientras que los que siempre han trabajado poco seguirán haciéndolo". Es un criterio sin duda exagerado, pero la verdad es que entre el sempiterno "vuelva usted mañana" que inmortalizó Larra y el abrir las ventanillas por la tarde o la doble jornada podrían hallarse soluciones intermedias.

Queremos pensar que estos proyectos no se hacen con criterios de productividad. Como la Administración no fabrica tractores ni kilovatios poco iba a salir ganando el PIB con ello, salvo si se trata del incremento en el consumo de aspirinas entre los funcionarios que hayan de lidiar durante ocho horas diarias a esos monstruos de mil cabezas que constituyen las colas de usuarios de servicios de la Administración. Es fácil también darse cuenta -ya lo dijeron Owen y Stajanovich- que un funcionario de ventanilla es posible que no atienda muchos más administrados en ocho horas largas de servicio que otro en su anterior jornada. Los trabajos largos y fatigosos anulan la productividad de las últimas horas, incrementan el mal humor y hacen proliferar los errores.

Es de suponer que este proyecto -si es que lo hay- de la doble jornada sea simplemente una especie de disuasión para los funcionarios que por la tarde tienen otro empleo. Solución harto simplista y cómoda. En primer lugar, el pluriempleo no es una causa, sino un efecto. Se puede jurar que no representa placer alguno y que está en relación con la escasa remuneración de la función administrativa. Por otra parte, no todos los funcionarios utilizan sus horas libres vespertinas en llevar contabilidades: bastantes de ellos perfeccionan sus estudios por las tardes o se dedican a un hoby , o, simplemente, tratan de olvidarse de lo inane, vacía y mecánica que es su función laboral. La impresión de que van a pagar justos por pecadores puede ser exagerada, pero es difícil sustraerse al sentido de que para disuadir a una parte del colectivo de funcionarios que recurre al pluriempleo se castiga a todos, sin que al final ni siquiera haya para los buenos aquel reconocimiento que apuntaba el obispo de Béziers, involuntario precursor del sistema igualatorio que comentamos, cuando ordenó la muerte de todos los albigenses, con el riesgo de que en la matanza pudieran caer también católicos ortodoxos. "Matadlos a todos", dijo el expeditivo jerarca, "que Dios reconocerá a los suyos".

Las jubilaciones

Esto nos lleva de la mano a otra consideración de no menor importancia. Si, como se ha dicho, el incremento de la jornada de trabajo llevaría aparejado un aumento de sueldos, de ninguna manera debería éste hacerse a base de los consabidos complementos de productividad, dedicación exclusiva, etcétera. Esto sería, como el buen pueblo dice, "pan para hoy y hambre para mañana". Es hora ya de que se empiece a estudiar la refundición en un sueldo base, que sea también regulador de las pensiones de jubilación, de todos esos innumerables complementos que configuran los ingresos del funcionario y cuya proliferación es simplemente un cómodo recurso para que los incrementos de sueldo no repercutan en un aumento de los haberes de retiro.

Por tal causa es por lo que los funcionarios públicos, a la hora de la jubilación, se encuentran en gran inferioridad en relación con los trabajadores de la empresa privada. Un funcionario sin título académico, como podría ser, por ejemplo, el auxiliar administrativo, mientras se encuentra en activo gana poco más o menos lo mismo que un empleado de igual categoría, pero llegado el retiro, el primero percibirá de jubilación solamente 373.459 pesetas (80% de un sueldo base de 466.824), y el segundo, 727.200 (entre un 80% y un 100% de una base reguladora de 909.000) (1).

Este problema, evidentemente injusto y discriminatorio para los funcionarios, sí que es una prioridad en la tan necesaria reforma de la función pública. Si se incrementaran los sueldos, como se ha prometido, podría iniciarse una corrección de esta anomalía.

Digamos, para terminar, que la incompatibilidad de la función pública con el desempeño de otros cargos o trabajos, y ello a todos los niveles, se haría fácilmente con una simple ley, sin tener que recurrir a esas dobles jornadas incómodas, complicadas y frustrantes. Esto, unido a la exigencia del cumplimiento estricto de las jornadas de trabajo, a su racionalización, al ejemplo que deben dar los que tiene cargos de dirección o control e incluso -¿por qué no?- a la introducción imaginativa y creadora en el diseño de los trabajos, acabarían elevando el valor de los funcionarios, piezas claves para la erección de un edificio administrativo sólido, eficaz y humano.

(1) Este tema fue tratado en mayor extensión en el trabajo del abogado de¡ Estado José María Pérez-Prat, inserto en EL PAIS del 14 de julio de 1982 en sus páginas económicas.