El fiscal retira parte de la acusación y pide el indulto en un juicio por aborto

Manuel Góngora Muñoz, de 77 años, practicante de profesión, se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la sección primera de lo penal de la Audiencia de Barcelona, para responder de dos delitos de aborto, presuntamente realizados en los meses de marzo y abril de 1968. El fiscal solicitó un total de doce años de prisión.

La causa judicial 72/70 del Juzgado de Instrucción número doce de Barcelona contra el practicante Manuel Góngora y otros por un presunto delito de aborto se inició a instancias de un gobernador civil, de ideas moralizantes, que dio orden a la policía de acabar con la prostitución en la ciudad. En una de estas redadas de prostitutas se localizó a una muchacha, en cuyo bolso se encontraba una receta de un coagulante. La detenida acabó confesando que había sufrido un aborto y que un tal Góngora le había recetado el medicamento.Por aquella época Manuel Góngora Muñoz tenía ya una larga ficha policial y poseía también antecedentes y condenas por delitos de aborto. A la detención de este practicante, le siguió la de un médico, Mariano Navarro Rodeja, la de una comadrona, Concepción Pardo Buzón, y una docena de personas más que se encontraban en la antesala de un consultorio, y de quienes en un primer momento se sospechó que tenían el proyecto de abortar.

Todas estas detenciones se resumieron en siete y en un voluminoso sumario que durante años ha permanecido semiolvidado.

Ayer, cuando los procesados fueron llamados al acto del juicio oral, sólo tres de los acusados se sentaron en el banquillo. Una de las procesadas ha fallecido y otros tres están ilocalizables. Aún así el juicio oral se inició a las once de a mañana, con unas escuetas declaraciones por parte de los tres procesados quienes negaron o afirmaron recordar los hechos que se les imputaban. Sólo dos testigos acudieron a la citación.

El fiscal, Jose María Mena, al finalizar la prueba oral, y al elevar las conclusiones a. definitivas, retiró la acusación contra el doctor Mariano Navarro Rodeja, quien se encontraba procesado por presunta complicidad y para quien se pedían seis meses de arresto, seis años de inhabilitación y cien mil

pesetas de multa. El médico, con la venia de los magistrados, se levantó del banquillo y abandonó la sala. A continuación, el ministerio fiscal solicitó que se le aplicara los indultos a la comadrona Concepción Pardo Buzón, quien también estaba acusada de un delito de aborto en grado (le complicidad, y para quien se había solicitado seis meses de arresto. Esta petición también fue aceptada por la sala que ordenó que se retirara la acusada.

La continuación de la vista oral se centró sobre el único acusado, Manuel Góngora Muñoz. La defensa más firme del procesado partió del mismo Ministerio Fiscal, quien evitó referirse al aborto como un delito y prefirió hablar de "un hecho social". José María Mena puntualizó desde un principio el rechazo hacia aquellos hechos al considerar el contexto en que se realizaron tales practicas y por lo que tienen de explotación de determinadas mujeres. Sin embargo, continuó afirmando el fiscal, "este comportamiento se derivaba de una necesidad social y de una situación determinada".

Atendiendo a aquella realidad social y a las circunstancias que rodean al acusado, el fiscal solicitó que se le impusiera la pena mínima -dos condenas de seis años- y se le aplicaran los indultos a los que tenía derecho. También reclamó el fiscal que la sala recabara al Gobierno un indulto particular para el acusado.