Escasa renovación de asambleas y consejos en las segundas elecciones de las 79 cajas de ahorro

La renovación provocada por el segundo proceso electoral en las asambleas y consejos de las 79 cajas de ahorro españolas no ha llegado a la mitad. Sólo han sido disputados, según un muestreo oficioso, el 43% de los cargos, frente a cerca del 75% en la ronda que provocó el decreto democratizador de 1977. Algunos medios del sector tienen la impresión de que en muchos puestos sometidos a elección ha habido más relevos de nombres que verdaderos cambios. Por tanto, no se ha sustanciado el futuro de dichas entidades ni quién manda en este tercio del sistema financiero, al margen del aparato de cada caja. Tiene ahora la palabra el Gobierno socialista, en cuyo programa figura la urgente modernización legal.

El proceso electoral ha estado rodeado de gran silencio, que se ha extendido a sus resultados. Portavoces del Banco de España, al que cada caja debe comunicar la identidad de los nuevos consejeros, se han negado en reiteradas ocasiones a facilitar los datos solicitados durante los últimos dos meses por este periódico, indicando al final que sólo pueden acceder a la petición de parte interesada. Se ha podido saber, sin embargo, que en 48 cajas, entre ellas las mayores, han salido a renovación 405 puestos de consejeros, de un total de 934, lo que supone el 43,4%.La mínima trascendencia pública del proceso ha sido favorecida por la posibilidad, que permitió el decreto de 1977, de que cada caja decidiera la fecha de las renovaciones, así como de periodificarlas para no hacerlas de una tanda. Como las primeras elecciones se prolongaron a lo largo de un año, no afectando a todos los órganos, y el mandato de los nuevos cargos era para cuatro años, ahora las elecciones se han repartido también por todo el año 1982, e incluso en media docena de ellas se celebrarán este mes o en 1983.

Estatuto de propiedad

El decreto de 1977, destinado a quedar subsumido en la regulación legal que anuncia el PSOE, fue casi un estatuto de la propiedad para este tercio del sistema financiero, formado por cajas que empezaron a surgir hace dos siglos sin accionistas y con fines de beneficencia. Además de parecerse cada vez más a los bancos, hoy en distintas provincias españolas son la principal fuerza económica y cultural, gracias a su dedicación al ahorro popular y a que, por carecer de propietarios, destinan sus beneficios a obras benéfico-sociales, reservas o inversiones.Tras el tardío intento de diluir la propiedad formal entre impositores y Organización Sindical verticalista, registrado en 1975, el decreto de 1977 reforzó la presencia de impositores en las asambleas (de 60 a 150, elegidos entre 3.000 o 4.000 compromisarios extraídos por sorteo entre la clientela), dio entrada en los consejos de administración a los trabajadores ( cuatro por caja, entre un total que oscila de dieciséis a veintiún consejeros), y reservó de quince a treinta puestos de las asambleas a personalidades o corporaciones, que en los consejos pueden tener hasta ocho puestos.

Aunque en el primer proceso electoral salieron a renovación casi las dos terceras partes de los consejeros, ello obedeció sobre todo a la citada introducción de representantes del personal y de impositores. Un estudio confidencial de la Confederación Española de Cajas reconoció que, en la práctica, apenas cambiaron la mitad de las personas. Al margen de que en algunos puestos pudieron registrarse relevos entre amigos o compañeros de grupos de presión, la renovación de representaciones de personalidades fue mínima, mientras la de corporaciones estuvo determinada por los cambios que provocó la democratización de ayuntamientos o diputaciones. El sistema permitió que en las veintiséis cajas fundadas por entidades públicas se consolidara el papel de las corporaciones locales, al tiempo que en las de fundación privada -el resto- los impositores fueron movilizados en favor de candidaturas promovidas desde el aparato de cada caja, habitualmente aglutinado en torno a cada dirección general. En éstas últimas -con la excepción de Cataluña y el País Vasco, donde PNV y Convergencia reafirmaron el mapa político-, los mayores puestos quedaron en manos de personas próximas a Alianza Popular o UCD, aunque en casos particulares les desbordaron simpatizantes o militantes de ultraderecha.

La reproducción

El segundo proceso no se ha distanciado mucho en sus características y resultados, aparte de su menor extensión. Un denominador común ha sido la casi nula renovación de representantes de las corporaciones y de las personalidades. De las 48 cajas controladas por el muestreo a que ha tenido acceso este periódico, en veintiocho no ha salido a renovación ni una sola personalidad. En el resto, lo más frecuente ha sido el cambio de una o dos, entre la media docena existente por término medio. En otras 32 tampoco se ha cubierto ningún puesto por corporaciones, en cinco más, sólo ha salido un puesto, y en el resto, dos o tres.Por el contrario, en la mitad de las cajas controladas han sido cubiertos de nuevo los cuatro puestos de personal y, excepto otras cinco con sólo una renovación, todas las demás han tenido dos o tres. Asimismo, entre los representantes de los impositores la renovación media ha superado el 50%, moviéndose entre extremos que van entre todos los consejeros por clientes(seis cajas) y ninguno (tres cajas).

Sin embargo, existe la convicción, difícilmente demostrable, de que buena parte de la representación de los impositores ha sido cubierta por personas próximas al aparato de cada caja. La práctica más extendida para ello ha consistido en el traslado de cuentas por parte de empleados o conocidos hacia sucursales de nueva creación, con lo cual quedaba bastante garantizada su salida en los sorteos efectuados en cada oficina ante notario.

Quienes así consiguieron pasar el sorteo han tenido luego muchas probabilidades de llegar a las asambleas y, desde las mismas, a los consejos de administración. El impositor ajeno a las posibilidades que ofrece la nominación (influencia dentro de la caja, acceso a consejos de administración de empresas participadas, etcétera) cede fácilmente ante los más interesados.

Frente a estas y otras prácticas, el control de las elecciones por parte de la autoridad monetaria ha sido mínimo. Sólo ha habido intervenciones parciales en varios casos, entre ellos en la Caja de Ahorros de Madrid, donde la previa elección por aclamación del presidente, Felipe Ruiz de Vasco, fue revocada, aunque luego éste se presentó días después y resultó elegido para otro mandato, dentro del grupo de personalidades.

La reforma del PSOE

La conciencia de la extensión de prácticas irregulares, así como el triunfo del PSOE en las pasadas elecciones legislativas, han acentuado los rumores sobre una pronta reforma en la regulación de las cajas de ahorro.En efecto, el programa socialista apunta que "la reforma más urgente consiste en dotarlas de una relación legal moderna, que, conservando la forma de fundación, introduzca nuevas características".

Aunque la reforma podría hacerse por decreto-ley, no ha sido incluida entre las prioridades conocidas del Gobierno socialista, por lo que podría obtarse al fin por la vía más lenta de la ley. Sus notas más destacadas serían la fijación del carácter de utilidad pública para todas las cajas, el nombramiento por las corporaciones locales de la mayoría de los consejeros, su actuación en un territorio bien definido, la desaparición de la distinción entre caja pública y privada, la no persecución del lucro y la integración de su obra social en los proyectos y en las instituciones públicas de su ámbito.

El mismo programa, que ha abandonado el proyecto de convertir las cajas en sociedades anónimas de capital público, esbozado en el último Congreso del PSOE, marca también alguna pauta para los órganos de gobierno: extender a todas las cajas la normativa de las de patronato público.

El resto de la representación procederá de los representantes legales de los trabajadores, de los depositantes y de las entidades presentes en la asamblea. También anuncia que la composición de las asambleas se regirá por un criterio similar.