El proteccionismo, las exportaciones y el nuevo Gobierno
LOS ECOS de la reunión de los 88 países miembros del GATT, celebrada en Ginebra a finales del pasado mes, no se han apagado ni en la Prensa internacional ni en las cancillerías. Los reproches proteccionistas cruzan de una orilla a otra del Atlántico y llegan a las islas de Japón desde casi todos los puntos cardinales. La preocupación ante el riesgo de un incremento del proteccionismo comercial pone cada vez más de manifiesto la escasa capacidad demostrada por los dirigentes de los Gobiernos occidentales para actuar de manera coordinada en un mundo en el que la mayor parte de las economías, en lugar de recuperarse, se deterioran. En medio de la marea proteccionista empieza abrirse paso, sin embargo, la convicción de que resultaría imposible resolver los problemas domésticos en el vacío y sin contar con los restantes países comerciantes. Un editorial.de la revista Business Week, en un número dedicado a la política monetaria, no se recata en afirmar que "si se produce una guerra comercial, el debate sobre la política monetaria norteamericana resultará tan irrelevante para el mundo real como lo fueron las disputas medievales sobre si un ángel podía posarse o no en la cabeza de un alfiler".Tal vez la circunstancia de que la última reunión del GATT coincidiera con la resaca de nuestras elecciones puede explicar la poca atención que despertaron sus debates en España. Lo curioso es que, después de un largo mes de reflexión para definir la estrategia en la dirección de los asuntos públicos, las decisiones del nuevo Gobierno sobre comercio exterior hayan resultado tan contradíctorias. La primera medida del Gobierno socialista fue la depreciación de la peseta; pero a renglón seguido, y con motivo de la fusión de Hacienda con Economía y Comercio, el rótulo de este último departamento ha sido retirado del cartel del nuevo superministerio. En España, así pues, no existe ya un Ministerio de Comercio sino un macrodepartemento que absorbe, en niveles inferiores de decisión, sus antiguas competencias. Aunque la medida pueda esgrimir en su apoyo razones más o menos díscutibles, lo cierto es que esa evolución es justamente la contraria de la seguida durante el últimodecenio por casi todos los países industriales, que han dado autonomía, dentro de su Administración, a un Ministerio de Comercio o a un Instituto de Comercio Exterior destinados a fomentar la penetración comercial en el mercado mundial, discutir técnicamente las barreras proteccionistas o defenderse de las acusaciones de subsidios o ayudas encubiertas.
Si se tratase de una cuestión puramente nominal, la polémica solo tendría sentido para aquellos cuerpos técnicos de la Administración que se sintieran humillados por su expulsión hacia el anonimato. Cabe temer, sin embargo, que el debate no se reduzca a meras palabras. La devaluación ha tenido una justificación esencialmente monetaria, esto es, el propósito de evitar que la presión sobre la peseta obligase, bien a mantener unos tipos de interés muy elevados, bien a evitar una salida de divisas al mismo ritmo que durante los dos últimos meses. La medida devaluatoria, sin embargo, no parece perseguir ningún objetivo articulado con un mayor crecimiento de las exportaciones o una eventual sustitución de importacíones. Como ha venido ocurriendo en los últimos años, sigue sin existir una estrategia para el sector exterior y su integración con el resto de la economía.
Siguiendo el ejemplo de países tan belicosamente comerciantes como Francia o Italia, en los que es notoria la importancia de las pequeñas y medianas empresas, el anterior Gobierno creó, en la primavera de 1981, el Instituto Nacional de Fomento a la Exportación. Este nuevo organismo se proponía integrar los intereses privados con los intereses públicos y paliar la escasa atención prestada hasta entonces por el Estado a la promoción de las exportaciones. Después de unos meses de adaptación y rodaje, el INFE había comenzado a funcionar a velocidad de crucero y a tratar de dar cumplimiento a las misiones que le habían sido asignadas. Pero hete aquí que la primera orden dada por el nuevo Gobierno al organismo fomentador de las exportaciones ha sido que congelara su actividad. Tal vez esa desconcertante medida sea el reflejo del desbarajuste administrativo asociado a los cambios en el organigrama estatal o se proponga simplemente ganar tiempo para estudiar la situación. Pero si esa momentánea hibernación desembocara en la supresión del INFE asistiríamos no sólo al despilfarro del trabajo hasta ahora realizado y a la desaparición de las ilusiones trabadas de exportadores y administradores sino también a un preocupante viraje de nuestra política económica. El fornento de las exportaciones, en una época de proteccionismo creciente y de rabiosa competencia en el comercio internacional, es un serio desafio a nuestro aparato productivo y una condición para la salida de la crisis. Frente a la feroces luchas que se libran en el mercado mundial, el nuevo Gobierno, en el que los exportadores españoles no tienen formalmente un ministro que hable en su nombre, debe asegurar a los empresarios que el sector exterior no va a ser marginado de la sensibilidad y la atención de las autoridades.
