Análisis de la libre circulación de productos peligrosos entre países del Mercado Común

"Si el Mercado Común permite la libre circulación de bienes, servicios y personas, también se puede decir que permite la libre circulación de productos peligrosos entre los países miembros". Esta declaración fue realizada por el portavoz del comité consultivo de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC), Ives Domzalsky, en el transcurso de las II Jornadas Europeas de Consumo que ha organizado el Gobierno vasco en San Sebastián y que cuentan con la presencia de los representantes de las asociaciones de consumidores de Gran Bretaña, Suiza, Austria y Baviera, así como del Mercado Común.

Asisten también a esta jornadas, en calidad de oyentes, las principales asociaciones españolas de consumidores, tanto a nivel de Estado como a nivel autonómico, ayuntamientos, cooperativas y partidos políticos.Para Ives Domzalsky, que viene por segunda vez a estas jornadas, el complejo de inferioridad que sufren los españoles ante el Mercado Común no está justificado, y ha recordado la frase con la que empezó el año pasado su ponencia en las jornadas, en la que, recordando a Dante, decía: "Consumidores españoles que venís al Mercado Común, perded toda esperanza". Según el representante de la BEUC, el principal problema con que se encuentran los consumidores europeos es la falta de legislación sobre el libre comercio y circulación de los productos peligrosos.

Alertar ante los riesgos

Un ejemplo de lo que se debería hacer se encuentra en Japón, Noruega y Estados Unidos, donde productores y autoridades alertan a los ciudadanos de los riesgos que puede ofrecer un producto, ya sea farmacéutico, alimenticio o industrial, y donde es el fabricante el que tiene que probar si su mercancía es peligrosa, y no el consumidor. "La experiencia ha demostrado que sólo después de que ocurre una catástrofe se toman medidas legislativas para todos los países. Un ejemplo de esto fue la legislación que se realizó sobre productos farmacéuticos en Europa después de que se diera el caso de la Talidomida".

Esto ha llevado a la Asociación Europea de Consumidores y a la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (IOCU) a crear una Interpol donde se intercambian información sobre productos peligrosos que se venden y exportan a otros países desde el de origen.

Un ejemplo de los servicios de esta Interpol fue la información que la BEUC pasó a los Estados miembros del Mercado Común sobre las listas de marcas de aceite español retirado del mercado. Lo mismo pasó con unas gomas de borrar que se comercializaban en Gran Bretaña y que tenían forma y color de bombón, o con unas ollas a presión de una conocida marca francesa de las que se pudo demostrar su peligro de explosión.

Sin embargo, para el representante de las comunidades europeas existe otro problema en relación con los productos peligrosos que después de haberse prohibido en Europa o en Estados Unidos se exportan a los países del Tercer Mundo. Un caso conocido es la exportación de leche maternizada que realiza la firma Nestlé a países tercermundistas y que ha sido denunciada tanto por la Organización Mundial de la Salud como por las organizaciones europeas de consumidores.

También se ha señalado como ejemplo la exportación que los Baíses Bajos hacen al Sudeste asiático de un anabolizante, llamado Oraboline, destinado a los deportistas, y que en estos países se vende como un fortificante para los niños. O el caso del Cloramfenicol, que se utiliza para tratamientos de gripes, reúmas e incluso acné juvenil, a pesar de ser conocido su alto riesgo. Pero quizá la mayor insolidaridad a nivel mundial la ofrezca Estados Unidos, país que cuenta con la Administración más rigurosa en cuanto a control del mercado interior se refiere, y que, a su vez, exporta todo lo que allí se considera peligroso. Precisamente hace cuatro meses la Administración Reagan ha decidido suprimir el aviso de producto peligroso que había introducido la Administración Carter para este tipo de exportaciones.

Publicidad unificada

Además de la Interpol, la Oficina Europea de Uniones de Consumidores acaba de presentar al Consejo de Ministros del Mercado Común un proyecto de ley para unificar la publicidad en los países miembros; éste tiene como fin acabar con la publicidad engañosa, entendiendo como tal no sólo la que engaña a través del mensaje, sino la que puede falsear con lo que omite. Este proyecto, que cuenta con la aprobación de los publicistas, permite la publicidad comparativa siempre que la marca que se compare con otra pueda demostrarlo a nivel técnico, a la vez que obliga al anunciante a verificar todo lo que dice en su mensaje. En el caso de que una publicidad concreta sea denunciada por los particulares o por las organizaciones de consumidores, se prevé que los tribunales puedan tomar decisiones rápidas que obliguen a retirar de la circulación el citado anuncio.

El proyecto se presenta como una ley general de publicidad, que no toca problemas concretos como son la publicidad para los niños, la del alcohol, el tabaco o los productos farmacéuticos.