Jose María Maravall piensa en la posibilidad de una nueva ley de bases de la educación

"He releído estos días un libro en el que Crosland cuenta sus impresiones ante una situación semejante a la que me encuentro yo ahora, y he tenido que abandonarlo porque contribuía a asustarme todavía más", ha manifestado a EL PAIS José María Maravall, quien sitúa en el primer plano de sus preocupaciones más inmediatas el prestar la máxima atención a la mejora de la escuela pública."Usted sabe" dice el nuevo ministro de Educación y Ciencia, "la enorme caída que experimentó el capítulo de inversiones a partir de 1978. Así que es absolutamente imprescindible crear oferta pública, sobre todo en los niveles más abandonados". Vincula a esta preocupación la que siente por la situación del profesorado, del que textualmente afirma que "no puede seguir viviendo como ahora se encuentra, víctima de una más que evidente y grave pérdida del valor adquisitivo de su salario". Y añade: "Me gustaría hacer algo realmente efectivo en este terreno, aunque naturalmente tendré que contar con el punto de vista del equipo económico".

En el mismo lugar de prioridades sitúa el "establecimiento sobre bases firmes y definitivas de las reglas de juego para las relaciones, entre el sector público y el sector privado de la enseñanza, aunque rechaza cualquier hipótesis deliberadamente malintencionada de que los socialistas vayan a entrar en el terreno de la enseñanza privada como "caballo en cacharrería", según la tópica imagen al uso.

Por otra parte, se muestra dispuesto a "desdramatizar" el tema del Estatuto de Centros, y, aunque no es demasiado explícito en cuanto a las vías concretas para esta de sdramatiz ación, puesto que el programa electoral incluía de forma explícita el proyecto de sustituir la ley de Centros por otra, deja entrever diversas y alternativas fórmulas legislativas que podrían servir a tal empeño.

Frente a la posibilidad de una ley de bases de la Educación, equivalente a una nueva ley general de Educación, pero mucho menos pormenorizada que aquella, puesto que "sería fundamentalmente una ley marco", existe la alternativa de acometer un programa de legislación pormenorizada sobre aspectos parciales que tienen que ver más o menos directamente con la ley de Centros, y en el que cabría una ley específica para los centros subvencionados.

José María Maravall deja en el aire el enorme interrogante que abren ambas posibilidades, aunque se le ve más proclive a la primera de las dos fórmulas apuntadas, puesto que "hay que encontrar una ley básica que sirva realmente para el gobierno de cualquiera de las alternativas de poder". Por otra parte, su aparente indefinición momentánea parece dar fe de la voluntad de trabajar en equipo, y eso tanto hacia el interior de su departamento cuanto en relación con el resto del Gabinete.

Esta es la razón de que tampoco quiera confirmar ni desmentir si los nombres que el periodista va apuntándole como "los que más suenan" para ocupar' os principales cargos de su departamento están bien fundamentados. "Comprenda", dice, "que esa es, aunque a iniciativa del director de cada departamento, decisión de todo el Consejo de Ministros y que, además, en muchos casos unos nombres dependen de otros".

José Torreblanca, subsecretario

Sólo confirma el de José Torreblanca para la subsecretaría del departamento, pero pone "cara de poker" y no suelta prenda cuando se le menciona el nombre de Carmina Virgil, como probable secretaria de Estado para Universidades; el de Emilio Lamo de Espinosa, como previsible director general de Ordenación Universitaria, o el de Joaquín Arango como secretario general técnico del departamento. Así que el informador acaba por renunciar a seguir con la lista.

La idea de desdramatizar se refiere también a la tan traída y llevada ley de Autonomía Universitaria, sobre la que es algo más explícito: "No puede volver a ser una ley de personal", sino que tendrá que ser un proyecto de ley que sirva de verdad para la reforma de la universidad.