Tan sólo la opinión pública puede derribar al Gobierno

La comisión de investigación gubernamental israelí sobre la matanza, a mediados de septiembre, de civiles palestinos en los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila, situados en la periferia sur de Beirut, dispone de todas las prerrogativas de un tribunal, excepto, teóricamente, la de pronunciar condenas.Los juristas israelíes discrepan sobre la extensión de los poderes de la comisión de tres miembros. Mientras algunos expertos no descartan que su presidente, el juez Kahan, puede decidir eventuales procesamientos criminales, aunque reconocen que esa posibilidad es "remota", otros opinan que sólo podrá pronunciar condenas por falso testimonio.

En principio, la comisión de investigación gubernamental sólo puede elaborar un informe que, en virtud de la costumbre, obligará al Gobierno. Pero en ningún caso la comisión puede derrocar al Gobierno, privilegio que pertenece a la Kneset (parlamento). Aunque, casi con certeza, la presión de la opinión pública israelí sería tal que el Gobierno no tendría más remedio que dimitir.