CATALUÑA

Detenido por la policía francesa un empleado del alcalde de La Jonquera buscado por extorsión

Juan Antonio Obiol Méndez, propietario del gimnasio Men's, uno de los implicados en la presunta evasión de divisas detectada por la Guardia Civil en días pasados, se desplazó ayer a un punto cercano a la frontera, donde podría haber acudido a petición de la Guardia Civil con el fin de identificar a Eduardo Solé, que fue detenido en las últimas horas por la gendarmería francesa, como la persona que representó a Josep María Mezquida en una conversación con Obiol. El contacto entre Obiol y Solé habría tenido lugar en Barcelona y en él habrían participado otras dos personas.

Las dos personas presentes habrían sido Alberto Casamayor Carnicer, propietario de Credi Ford, y un abogado sin relación con el caso. En el curso de la citada reunión, Eduardo Solé habría confirmado la versión dada por el alcalde de La Jonquera a los presuntos intermediarios de la supuesta evasión de capital de que los 32 millones de pesetas, confiados por el empresario alcoyano Leon Grau Mallol, para ser trasladados ilegalmente al extranjero, habían sido interceptados por los aduaneros franceses. Asimismo, Solé habría realizado, por cuenta de Mezquida, lo que técnicos jurídicos califican de un "chantaje en cubierto" y habría reclamado veinte millones de pesetas para "tapar el asunto".En un momento de la negociación, Solé insinuó incluso la posibilidad de rebajar esta cifra aportando él mismo la mitad de los veinte millones, para lo cual habría aducido la "estrecha amistad" que le ligaba a Mezquida, a quien decía proteger.

Eduardo Solé, sobre quien pesaba una orden de busca y captura del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, que se hizo inicialmente cargo del asunto, fue detenido por la gendarmería francesa, según informó el titular de dicho juzgado, Manuel Sáez Parga. El mismo magistrado agregó que no se había solicitado hasta el momento requerimiento alguno de extradición a las autoridades francesas. Otra persona, implicada al parecer igualmente en la operación, está siendo buscada por la policía. Se trata, tal como informaba EL PAIS en su edición de ayer, de Francisco Gil, que no había sido localizado ayer.

Francisco Gil es hijo único de un matrimonio del que heredó una tienda de comestibles en el barrio de Los Límites, de La Jonquera, que le fue embargada a los pocos meses de morir su padre. Sin ocupación fija, Gil fue titular del restaurante La Tartana, situado en el mismo barrio, en el que, según ciertos rumores, Josep Maria Mezquida podría haber tenido participación. La última actividad conocida a Francisco Gil estaba relacionada con una empresa concesionaria de máquinas tragaperras de Figueres, propiedad del padre del alcalde de La Jonquera.

Las noticias en torno a Eduardo Solé, detenido por la policía francesa, son más confusas, como lo es también su lugar real de residencia. Mientras ciertas fuentes afirman que vivía en España, al parecer, era frecuente oírle hablar de su residencia en el sur de Francia. Solé, que colaboraba ocasionalmente en Punt Diari, de Gerona, alegaba su condición de periodista para justificar su presencia en numerosos actos oficiales. En ocasiones, afirmaba colaborar con la policía o ser agente de aduanas.

Teléfonos controlados

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En las declaraciones anteriormente citadas, el juez encargado del caso declaró que los presuntos implicados en la evasión de divisas tenían los teléfonos controlados por orden judicial, debido a las sospechas existentes en torno a Josep Maria Mezquida. Igualmente, el magistrado Sáez Parga informó de que la esposa del industrial alcoyano Grau Mallol, por cuenta de quien se debía realizar la fuga de divisas, tenía una caja de seguridad en una institución bancaria, y Juan Obiol, uno de los presuntos intermediarios de la operación, tenía otra caja, con número consecutivo en la misma entidad bancaria. El juez Sáez Parga confirmó, por fin, que tenía intención de transferir el caso en el curso del día de ayer al Juzgado número 3 de la Audiencia NacionalA lo largo de la jornada de ayer prosiguieron las manifestaciones de los abogados defensores de los diversos encausados. Jorge Carreras Llansana, letrado del alcalde de La Jonquera, manifestó a EL PAIS que su defendido "está siendo privado del derecho constitucional a la presunción de inocencia con la expulsión de su partido".

Por su parte, el abogado Juan José Espinosa, quien se ha hecho cargo de la defensa de los inculpados Eugenio Baturone y Juan Obiol, manifestó, en conversación mantenida con este periódico, su convicción de que "no existe red organizada alguna, porque los profesionales de la evasión de divisas no incumplen los compromisos con sus clientes, ya que, de lo contrario, perderían toda fiabilidad en sus futuras operaciones".

La orden de busca contra Francisco Gil y Eduardo Solé, personas estrechamente vinculadas al alcalde de La Jonquera, parecen confirmar la hipótesis de que, a falta de pruebas de que los 32 millones hayan sido efectivamente transferidos al extranjero, el comportamiento de Mezquida y sus dos colaboradores podría corresponder a una estafa o apropiación indebida, conectada, al parecer, con un delito de chantaje o amenazas sobre sus iniciales clientes.

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