Se amplió la amnistía fiscal de 1977 para corregir defectos de regulación

"La instrucción de la Subsecretaría de Hacienda que ampliaba los beneficios de la amnistía fiscal de 1977 hasta finales de dicho ejercicio" (véase EL PAIS del viernes último) "no fue una decisión personal de Arturo Romaní, entonces subsecretario, sino una determinación adoptada por quienes tenían responsabilidad sobre el tema en el Ministerio, desde el titular, Jaime García Añoveros, hasta el jefe de sección que redactó la instrucción", según puntualizó ayer a este periódico el director general de Tributos, José Manuel Tejerizo.El director general de Tributos defiende la citada instrucción como medio de zanjar un problema que se arrastra desde hace cinco años y que, a su juicio, arranca de la mala redacción que en su día se hizo de la amnistía fiscal de 1977 y la regularización voluntaria de balances. "Es cierto que con la instrucción de la Subsecretaría de Hacienda se produce discriminación para quienes han pagado, pero es inevitable. Discriminación se produce siempre que se da una amnistía y, por tanto, se produjo ya en 1977. No era justo que quienes quemaron los balances no pagaran y sí quien los conservó, y eso es lo que trata de resolver la instrucción".

Sentencia del Tribunal Supremo

La instrucción se produjo tras la sentencia del Tribunal Supremo declarando nula una orden ministerial sobre esta materia de 27 de marzo de 1981. Tejerizo, al recordarle que aquella norma fue impugnada por la CEOE y que la sentencia la anuló por defectos de forma (no haberse consultado al Consejo de Estado) y no por defectos de fondo, manifiesta que "la norma fue recurrida por defectos de forma y por defectos sustanciales", pero que "el Tribunal Supremo, al declarar nula la orden por defectos de forma, no entró ya en el fondo de los aspectos sustanciales recurridos".Por ello se envió al Consejo de Estado y se aceptaron sus criterios, según Tejerizo. Al indicarle que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, el director general de Tributos defiende la conveniencia de recoger los puntos de vista del Consejo de Estado, aunque no sea obligatorio hacerlo, "porque para algo está esta institución", si no sería papel mojado, y "porque, recogiendo los puntos de vista del Consejo de Estado, es mucho más difícil el que el Tribunal Supremo te declare nula una orden".

Tejerizo asegura, por otra parte, que la publicación de esta instrucción a finales de septiembre no tiene nada que ver con las elecciones legislativas y que se estaba preparando desde el 12 de julio, fecha en que se recibió la sentencia del Tribunal Supremo declarando nula de pleno derecho la anterior norma dictada por Hacienda.

Tejerizo sostiene que la mala redacción que se dio a la amnistía de 1977 había deparado actas fiscales muy diferentes, con mayor o menor dureza según la Delegación de Hacienda de que se tratase, y que la mayor parte de ellas están recurridas en distintas instancias. En cuanto a los efectos económicos de ampliar la amnistía de 1977 "no se conocen. Lo mismo pueden ser miles de millones", como se afirmaba en la edición del viernes, "que cinco duros. No hay nadie que conozca con exactitud su alcance en estos momentos, y yo me inclino a creer que no tiene mucha relevancia económica".

Lo verdaderamente importante, según el director general de Tributos, es zanjar el tema de la amnistía de 1977 para que los inspectores puedan dedicarse a investigar los últimos ejercicios fiscales y no situaciones de hace cinco años, que poco tienen que ver con la situación tributaria actual.

Por otra parte, expertos de Hacienda consultados por la agencia Efe señalan que a la Administración no le ha quedado más remedio que cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, aunque no estén de acuerdo con esta interpretación de la ley. "Hemos hecho esta nueva orden", indican, "para zanjar de una vez por todas este asunto, que lleva casi cinco años coleando. Sabemos que con esto la Administración dejará de cobrar varios miles de millones, que, por otra parte, eran de difícil cobro, ya que la gran mayoría de ellos están pendientes de los tribunales".