Prosiguen las discrepancias sobre la declaración final del GATT

A punto de comenzar la ronda ministerial del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT) subsisten discrepancias en cuanto al proyecto de declaración final. España no ha elaborado aún ninguna posición, pero respalda los puntos de vista de los países en desarrollo no miembros del grupo de los 77 (no alineados), especialmente en lo que toca a la agricultura y la reglamentación de la pesca.Solamente existe acuerdo en cuanto al texto elaborado por el consejo del GATT, proyecto que si bien "no satisface a nadie", plantea los principales problemas económicos que afectan a las partes contratantes. En primer, lugar figura en el orden del día el problema del proteccionismo, la eliminación de la zona gris, la reglamentación de la agricultura, la pesca y el acuerdo multifibras.

A juicio de un representante de la delegación española, los aspectos que más interesan a la economía de España son los relacionados con la pesca y la agricultura. "España", dice, "no se opone a que el problema de la agricultura sea incluido dentro de las relaciones comerciales multilaterales y sea reglamentada de acuerdo a las disposiciones adoptadas por el GATT; incluso apoyará la creación del comité de comercio de productos agrícolas que ha propuesto poner en pie el consejo del organismo". "Solamente deseamos que la liberación de la agricultura no intervenga de golpe y porrazo, pues contrariamente a lo que se pueda pensar, España sería perjudicada al tener que abrir sus mercados a productos tales como olivas, granos, carnes, viñedos y cereales. Esos productos que el Estado español paga a precios superiores a los existentes en el mercado internacional, se derrumbarían provocando desempleo en las zonas agrícolas comprendidas al sur de Málaga y Valencia.

Sin embargo, Italia, Bélgica y Francia, miembros de la CEE, alegan que la liberación del comercio agrícola beneficiará esencialmente a España, provocando problemas internos. A ello el representante español responde que sólo "es válido para los productos de la horticultura, pero lamentablemente esos productos se dan en la franja costera mediterránea. Sólo ganaríamos en la exportación de naranja, pero arruinaríamos a Galicia, por ejemplo, en la producción de carnes y de cereales".

"España es partidario que la liberación del comercio agrícola se efectúe por etapas, y una vez que los mercados internos sean regulados. "Nosotros estamos por la mejora de las salvaguardias (compensación de un producto cuando otro ha debido ser sometido a restricciones a la importación) que deberían, a nuestro juicio, ser aplicadas de manera degresiva".

El otro problema que afecta a España es la reglamentación de la pesca. Con las nueva medidas adoptadas por Canadá y Noruega, en cuyas aguas pescan los barcos españoles, la industria pesquera debería a corto plazo ser reciclada en otros sectores de la producción. España necesitará tiempo para conseguir un reajuste estructural en ese sector.