Una docena de precios controlados esperan la próxima aprobación del Gobierno socialista

Además de los productos petrolíferos y farmacéuticos, tarifas eléctricas, gases combustibles, carbones, diversos transportes, tabacos, piritas y potasas serán los primeros precios sobre cuya elevación deberá pronunciarse el Gobierno socialista. Todos tienen ya expediente de revisión, iniciado o en fase de tanteo, algunos desde hace casi medio año. Pero en varios casos el Gabinete ahora en funciones fue retrasando la subida, por discrepancias sobre su oportunidad o para evitar la inmediata repercusión inflacionista. La nueva Administración se encontrará ante la misma alternativa, con el agravante de proceder a mayores subidas para recuperar tiempo perdido o dañar a los sectores por la eventual demora.

Fuentes del PSOE han reiterado que no implantarán nuevos controles de precios, saliendo al paso de rumores en sentido contrario, quizá alentados por las primeras medidas de política económica que adoptaron los socialistas franceses. Según medios empresariales y de la Administración, el temor a posibles controles ha suscitado algún movimiento alcista en diversos productos de precio libre. Sin embargo, las precisiones hechas a la CEOE por los principales responsables del PSOE desmintiendo mayores proyectos de control, parecen haber frenado fenómenos especulativos.La mayoría de los precios son actualmente libres. Los controlados -precios que requieren autorización previa, o autorizados, y precios que se revisan por simple comunicación, o comunicados- se limitan prácticamente a muy pocos artículos de primera necesidad (pan y agua, por ejemplo), productos de monopolios o de actividades que reciben fuertes subvenciones (agricultura, algunos combustibles), y servicios públicos.

El programa del PSOE no ofrece modificar mucho el sistema. "La política de precios", dice, "se llevará adelante, en general, por vías indirectas y evitando una intervención y control directo sobre los mismos. Sin embargo, ciertos precios seguirán sometidos a control o vigilancia: los bienes y servicios producidos en régimen de monopolio, tanto público como privado; los de empresas públicas que presten servicios públicos; los de los bienes básicos para la familia, materias primas estratégicas y bienes de servicios fuertemente subvencionados; y los precios agrarios, de acuerdo con las necesidades del lector y de la política general de precios y rentas".

No obstante, con la docena larga de precios agrarios negociados anualmente entre Gobierno y agricultores, estimaciones muy difusas apuntan a que cerca de la mitad de la inflación de los últimos años procedería de los precios controlados. Y gran parte de ellos sueIen ser revisados en los últimos meses del año o a principios del siguiente.

La lista pendiente

De los precios pendientes ahora, algunos iniciaron expedientes en la primera parte del presente año. Es el caso de los seguros del automóvil, que pueden ser autorizados antes de que tome posesión el nuevo Gobierno, y los de asistencia sanitaria; productos farmacéuticos; el gas butano y, ya en junio, la gasolina y otros productos petirolíferos. Pero las discrepancias en torno a las subidas solicitadas (20,5%, Farmaindustria; en torno al 30% los seguros; y 12%, Butano), así como el temor a sobrecargar el índice de precios al consumo ante la revisión salarial, han prolongado el examen de las peticiones. Según fuentes de la Junta Superior de Precios, órgano interministerial cuyos informes son preceptivos, pero no vinculantes, todos, excepto gasolina y otros productos petrolíferos, tienen ya evacuado el dictamen (en torno al 9% en seguros, 8,5% para el gas butano y 8% para productos farmacéuticos).

Los debates en el seno de la Administración para la subida de los productos petrolíferos empezaron en junio, debido a que la subida de un año antes se había calculado sobre un dólar a 90,35 pesetas y entonces la divisa norteamericana, que sirve de base a las compras de petróleo, se pagaba ya a casi 110 pesetas.

Sin pretender alterar la estructura de precios, como la depreciación de la peseta causaba mayor impacto que la baja de precio del petróleo, ello suponía una pérdida clara de ingresos presupuestarios. Pero el equipo económico del Gobierno, frente a las pretensiones de Hacienda, decidió posponer la decisión a septiembre, con el fin de recuperar en los meses siguientes la pérdida de ingresos con una mayor subida. Y cuando se volvió a plantear el asunto la convocatoria de elecciones sirvió para despejar dudas.

Tras las elecciones, cuando la pérdida de ingresos fiscales la han estimado algunos en casi 70.000 millones de pesetas, porque la peseta se acercaba a 120 por dólar y el barril de petróleo sólo cuesta dolar y medio menos que hace un año, Hacienda ha perseguido presentar al siguiente Gobierno una liquidación de presupuestos lo más limpia posible. No obstante, el criterio mayoritario del Gobierno ha sido que el tema es simplemente presupuestario y, por tanto, debe ser considerado por el próximo Gabinete en función de su política fiscal.

Durante este debate, un funcionario de la Junta Superior de Precios preguntó a Estadística por la repercusión de cada peseta en el índice de precios al consumo. La contestación ha sido de 0,04 puntos de repercusión inmediata en el mes, pero con efecto creciente según la cantidad de pesetas y con repercusiones indirectas mucho mayores por la incidencia en otros productos energéticos y no energéticos. Durante 1981 la gasolina aportó 0,51 puntos, y otras energías, 0,9, mientras que en los nueve primeros meses de 1982 la repercusión de toda la energía ha sido sólo de 0,31 puntos.

Además de los citados productos, tienen iniciado expediente, según fuentes gubernamentales, los transportes de viajeros por carretera (regulares y discrecionales)" carbones térmicos, piritas, potas.as y gases coinbustibles. Fuentes de la Junta de Precios han precisado que en varios casos sólo ha habido tanteos, y que en todos se trata de repercutir elevación de costes generales.

También por tanteos efectuados o porque se aproxima la fecha de revisión anual, se espera que en breve sean formalizadas las peticiones de subidas para tarifas eléctricas (los tanteos apuntan a un 16%, que Industria habría aconsejado rebajar al 12%), transporte marítimo, fertilizantes, RENFE, Correos y Telégrafos, FEVE y tarifas telefónicas.